martes, 3 diciembre 2024

Desplazamiento interno en Honduras bajo lupa de la ONU

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Las cifras oficiales de los daños producidos por la violencia desatada por estas "maras", han producido el desplazamiento interno forzado de unas 174.000 personas

¿Cuáles serí­an los remedios para paliar el desplazamiento interno en Honduras, ocasionado “por la violencia generalizada y las pandillas delictivas organizadas”, denominadas “maras”, suerte de “epidemia invisible que afecta a comunidades enteras”? Las recomendaciones del Relator Especial de la ONU competente en la materia, el experto originario de Zambia, Chaloka Beyani, presentadas ante el Consejo de Derechos Humanos, aportan pistas de soluciones para resolver un fenómeno inédito, en beneficio de las ví­ctimas, “quienes, hasta la fecha, han tenido que arreglárselas por sí­ mismas”, reza el informe debatido hoy lun en Ginebra.

Las cifras oficiales de los daños producidos por la violencia desatada por estas “maras”, han producido el desplazamiento interno forzado en el pasado reciente de unas 174.000 personas, destruyendo unos 41.000 hogares en 20 municipios del paí­s, violencia que suele inducir a las ví­ctimas, en un primer tiempo, a un desplazamiento interurbano e intraregional, refugiándose en el anonimato. Pero de inmediato y en muchos casos, por miedo a represalias y pánico ante el peligro de perder la vida, y cuando no queda otra escapatoria, estas ví­ctimas optan por migrar, principalmente hacia los Estados Unidos.

Las “maras” ejercen su extorsión a la población predominantemente en zonas urbanas, mediante las amenazas de asesinatos. Se constata “intimidación y violencia sexual como medio de control por los pandilleros”, unos 25.000 según cifras de la propia policí­a de Honduras, quienes secuestran, y piden rescates. Coaccionan a dueños “de pequeños negocios, a los conductores de autobuses y taxis y a los ciudadanos ordinarios”, para obtener “impuestos de guerra”, cuyo “impago” engendran, lamentablemente, causas de homicidios. El botí­n anual ascenderí­a a unos 200 millones de dólares, y los jefes de las “maras”, operarí­an incluso dando ordenes “desde dentro del sistema penitenciario”, una vez detenidos por el accionar legal de la Justicia.

Estas pandillas practican el reclutamiento de menores, acaso el componente más importante de su tropa, captando integrantes desde que tienen 7 años de edad, para alistarlos plenamente en sus estructuras a partir de los 12 años. El blanco preferido de las muertes violentas que provocan las “maras” son las mujeres y las niñas. El caldo de cultivo en el que extienden su influencia lo constituye el logro de erigirse desgraciadamente en alternativa a la extrema pobreza, y a “la falta de oportunidad de trabajo y el estancamiento social y económico”, deplorablemente una opción para ciertos jóvenes sin esperanzas de una vida mejor.

Cuando entonces no se avizora un destino salvador entre el delito y la máxima precariedad, “muchos desplazados internos deciden abandonar el paí­s”, para lo cual “se valen de “coyotes” o contrabandistas de personas”, que les cobran “unos 7.000 dólares, para eludir a las autoridades de inmigración en el “triangulo norte de Guatemala, Honduras y El Salvador”, para finalmente pasar la frontera entre México y Estados Unidos.

Ante semejantes desafí­os, el Relator Especial Chaloka Beyani, le pide al gobierno de Honduras que reflexione a tomar una serie de medidas para acondicionar el aparato del Estado frente al reto de las “maras”, y sus consecuencias, la migración entre Centroamérica y Norteamérica, y afrontar el efecto rebote de las deportaciones de hondureños desde México y Estados Unidos, si son descubiertos en situación ilegal.

En el marco de una ley sobre los desplazamientos internos que Honduras deberí­a definir y promulgar, para lo cual Chaloka Beyani está ayudando, su intención es que el paí­s establezca que tales desplazamientos pueden constituir un delito cuando son forzosos. Asimismo plantea recuperar a las fuerzas del orden en la estima y el reconocimiento nacional, con el objeto de restablecer la confianza en ellas de la población. Al propio tiempo parece imponerse, a juicio del Relator Especial, la urgencia de crear mecanismos locales y nacionales que protejan a las ví­ctimas, de modo que consigan nuevas viviendas y un sustento para reinstalarse, y así­ se sientan protegidas de las garras de las “maras”, y tengan perspectivas de sobrevivir en Honduras sin necesidad de migrar al extranjero.

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Juan Gasparini
Juan Gasparini
Corresponsal de ContraPunto en Suiza - ONU-DDHH, escritor y experto en Derechos Humanos. Ex preso político de la dictadura en Argentina
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