La poca atención específica que actualmente se brinda a familias desplazadas por violencia se expresará en un inevitable aumento de migración forzada irregular. Instancias que por ley están obligadas a brindar en condiciones de emergencia y calamidad prioridad a la atención y protección a los desplazados internos se ven superadas en sus capacidades, principalmente porque su mandato se ha reorientado a la atención de personas deportadas y a integrarse a las acciones gubernamentales paliativas a efectos de medidas destinadas a la contención de propagación de covid19 y emergencias por las tormentas “Amanda” y “Cristóbal”.
En tanto el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados continúa refiriendo hasta la fecha el número oficial gubernamental de 71 mil 500 desplazados internos en El Salvador hasta el 2016, el Observatorio de Monitoreo sobre Desplazamiento Forzado (IDCM por sus siglas en inglés) informa de 454 mil desplazados internos por violencia en el país en el 2019, cifra que coloca a El Salvador en el puesto número 16 de un listado de 50 países afectados por este flagelo.
Pese a un número tan alto, en la Dirección de Atención a Víctimas (DAV) del ministerio de Justicia y Seguridad Pública las familias catalogadas como desplazadas que han recibido algún tipo de ayuda en periodo de emergencia por COVID y emergencias por lluvias no supera a las 100, sin distinguir entre ellas a grupos de deportados desde Estados Unidos y México que han sido remitidos a centros de contención.
Antes de medidas extraordinarias para contención de propagación de covid19, ya los desplazados internos por violencia presentaban necesidades humanitarias urgentes que se ven profundizadas por efectos de la pandemia y emergencias. Algunas familias que se encontraban en condición de vulnerabilidad en zonas de alto riesgo no pudieron desplazarse de sus localidades, enfrentando la presión de los grupos de crimen organizado ahora en condición de confinamiento. Pequeñas iniciativas productivas que con apoyo de organizaciones de sociedad civil estaban impulsando estos grupos en localidades donde estaban reubicadas también se han visto paralizadas sin capacidad de generar recursos propios.
Antes de las emergencias, alrededor de 500 personas pertenecientes a familias desplazadas estaban recibiendo ayuda desde DAV en iniciativas llamadas “soluciones duraderas”. Se desconocen reportes sobre la situación actual de estas personas. Es altamente probable que al igual que otras poblaciones excluidas, estas familias no cuenten con medios de vida para subsistir y dependan de la distribución de alimentos que puedan alcanzar por parte del gobierno con apoyo de instancias humanitarias internacionales.
Al fracasar frágiles esfuerzos por generar arraigo y autosuficiencia económica, quienes apostaron por quedarse en el país y nuevamente intentar sobrevivir en territorio nacional reflexionan seriamente migrar en cuanto les sea posible, puesto que regresar a sus hogares simplemente no es una opción, los actores que detonaron su huida mantienen el control en sus localidades.
Casos como el de “Pedro” un joven de 25 años que tuvo que migrar forzadamente al ser asesinado su hermano en una comunidad semi rural bajo control de estructura de crimen organizado, solicitó asilo en Estados Unidos en cuanto cruzó la frontera. Sin embargo, el proceso implicaba llevarlo privado de libertad y después de 9 meses “Pedro” terminó desistiendo, siendo deportado a principios de este año, al empezar las medidas de cuarentena domiciliar que le han impedido trabajar. Para este migrante deportado que ya ha vivido la condición de desplazado interno, en el país no hay opciones para quedarse. Dice con claridad en cuanto se presenten las condiciones volverá a intentar, por cuarta vez, migrar irregularmente hacia los Estados Unidos.
La “Ley Especial para la Atención y Protección Integral de Personas en condición de Desplazamiento Forzado Interno” plantea que debe existir un registro específico de desplazados internos, lo que permitiría contar con información más concreta sobre el alcance de este problema y las características de las víctimas afectadas por el mismo. La misma Ley establece que es la DAV la instancia encargada de atender a las víctimas y plantea una estructura de coordinación interinstitucional que aún no existe ni parece sea prioridad su instalación.
A finales de 2019, unas 850,000 personas del Norte de Centroamérica y Nicaragua habían sido forzadas a huir de sus hogares. Más de la mitad cruzaron fronteras para buscar protección en diversos países. La pandemia ha sido utilizada por algunos gobiernos para recrudecer políticas anti migratorias que han hecho aún más inaccesibles e inefectivos los mecanismos para pedir protección internacional a quienes los necesitan. Sin embargo, ese escenario no desanima a los que continúan viviendo riesgo e inseguridad en sus países y siguen relegados por sus respetivos Estados. En cuanto les sea posible, como lo ha dicho “Pedro”, lo volverán a intentar. Una y otra vez.
