Organizaciones de defensores por los Derechos Humanos, y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador (PDDH) demandan al gobierno la ratificación de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas Contra las Desapariciones Forzadas, que haga oportuna la declaración del “Día Nacional de las Personas Desaparecidas”. Asimismo, demandan la creación y reformas de las normativas penales y civiles para erradicar los casos de desapariciones forzadas, y favorecer los procesos de búsqueda.
En un comunicado oficial, el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, Apolonio Tobar, exhortó al presidente de la república, Nayib Bukele, “que instruya a la Ministra de Relaciones Exteriores que proceda de inmediato a la firma de la Convención internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas y de la Convención Interamericana sobre desaparición forzada de personas y las someta a la ratificación de la Asamblea Legislativa a fin de memorar la protección jurídica de las víctimas”.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU), define como “desapariciones forzadas” a los actos relacionados al arresto, detención o traslado involuntario por personas o que “resulten privadas de su libertad de alguna otra forma por agentes gubernamentales de cualquier sector o nivel, por grupos organizados o por particulares que actúan en nombre del gobierno o con su apoyo directo o indirecto, su autorización o su asentimiento, y que luego se niegan a revelar la suerte o el paradero de esas personas o a reconocer que están privadas de la libertad, sustrayéndolas así a la protección de la ley”.
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En el contexto de la celebración del “Día Internacional de las Personas Desaparecidas”, la búsqueda de justicia ante casos de desapariciones forzadas es un tema de consigna para múltiples organizaciones estatales y de sociedad civil, en escenarios del Conflicto Armado, violencia social y de discriminación.
Más de 4,340 denuncias sobre desapariciones forzadas, directas e indirectas, fueron reportadas durante la guerra civil de la década de los 80`s en El Salvador, de acuerdo al informe de “La Desaparición Forzada en el Contexto del Conflicto Armado de El Salvador. Una primera aproximación al fenómeno” de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Adultas Desaparecidas en el Contexto del Conflicto Armado (CONABÚSQUEDA), El informe identificó al Estado como el mayor perpetrador de desapariciones forzadas, en más del 91% de los casos, y al FMLN más del 9% de los casos.
Actualmente, el Estado cuenta con un “Protocolo de Acción Urgente (PAU) y Estrategia de Búsqueda” de personas desaparecidas, que integra a la PDDH, a la Fiscalía General de la República (FGR) a la Policía Nacional Civil (PNC), entre otras instituciones. Además, define a la “Desaparición de Personas” como un delito en los artículos 148, 129, 364 y 365 del Código Penal, con agravantes en los tres últimos.
Para el año 2019 la cifra de personas desaparecidas, reportadas por la FGR, fue de 3,202. Y, hasta el primer semestre del presente año, la cantidad ya alcanza los 824 casos.
Pese a la existencia de dichas normativas, cerca de 32 Organizaciones de personas defensoras de los derechos humanos demandan al gobierno la reforma de normas penales y civiles, así como la creación de proyectos e instrumentos legales para la erradicación de desapariciones forzadas.
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Entre las 32 organizaciones se identifica a Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (ORMUSA), la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho y la Colectiva Feminista para el Desarrollo Local, Cristosal, la Asociación de Familiares de Migrantes Fallecidos y Desaparecidos de El Salvador (COFAMIDE), entre otras.
Las organizaciones, además, demandan el “fortalecimiento de la institucionalidad respecto al acceso a la información pública de personas desaparecidas”, la legislación de investigaciones genéticas y de identificación con el enfoque de la “dignidad humana”, la participación de “organizaciones de familiares y de sobrevivientes de desapariciones forzadas” en procesos de búsqueda, así como la garantía estatal para el “acompañamiento especializado en salud desde una perspectiva psico-social” a las víctimas, familiares y sobrevivientes de desapariciones forzadas. Además, piden la participación de países de la región, en base a los “Principios Rectores para la Búsqueda de Personas Desaparecidas” establecidas en el Comité de la ONU contra las Desapariciones Forzadas.
