Mucho se ha comentado sobre la posición del director del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (IDHUCA), el jesuita José María Tojeira, sobre la matanza ocurrida hace 28 años en dicha casa de estudios superiores y el rol de Alfredo Cristiani en la misma. Esperé unos días para opinar al respecto, por dos razones. Pensé que era conveniente conocer la opinión de la gente ‒sobre todo de las víctimas‒ y no quería ser el primero en reaccionar después de haber dirigido durante 22 años dicho ente. Pero pienso que es el momento de expresar mis reflexiones.
El artículo 7 del Estatuto de Roma determina que es crimen de lesa humanidad, entre otros, el asesinato “cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque”.
En El Salvador, desde el 12 de marzo de 1977 que se asesinó Rutilio Grande ‒también jesuita‒ le siguieron en la ruta martirial sacerdotes, religiosas, celebradores y celebradoras de la palabra, e integrantes de comunidades eclesiales de base. Sus autores materiales: miembros de las fuerzas represivas gubernamentales, visibles u ocultas, cuyos altos jefes eran responsables por acción, omisión y/o negación de dicho ataque sistemático contra la Iglesia católica y ‒en menor medida‒ otras iglesias. Ignacio Ellacuría fue una de esas víctimas. Lo ejecutaron sin dejar testigos; también ejecutaron a siete personas más.
Pero en la querella elaborada por el IDHUCA para la audiencia inicial en el juzgado 3º de paz de San Salvador, celebrada el 12 de diciembre del 2000, alegamos que había sido un crimen de guerra pues el artículo 8 del Estatuto de Roma señala que lo es el “homicidio” de personas cuando “no participan directamente en las hostilidades”; también lo es atacar intencionalmente a “la población civil como tal o contra civiles que no participen directamente en las hostilidades” y “edificios dedicados al culto religioso, educación, las artes, las ciencias” y otros “que no sean objetivos militares”.
Además, desde siempre el IDHUCA denunció los “actos preparatorios” de la masacre. Nos referíamos a los ataques verbales anónimos desde el “micrófono abierto” instalado en la Radio Cuscatlán, que según el mayor Mauricio Chávez Cáceres –director del Comité de Prensa de la Fuerza Armada (COPREFA)‒ era responsabilidad de Mauricio Sandoval, secretario de información del presidente y posteriormente director del Organismo de Inteligencia del Estado; a la invitación que Cristiani hizo a Ellacuría para participar en la investigación del atentado terrorista contra la Federación Nacional Sindical de Trabajadores Salvadoreños (FENASTRAS), la que motivó su vuelta al país el 13 de noviembre de 1989; a la creación de un comando de seguridad dentro del cual se encontraba “cercada” la universidad jesuita; y al “cateo” realizado la noche del regreso del sacerdote a El Salvador.
Sobre este último, Cristiani reveló –hasta julio de 1990— que lo autorizó porque “se habían visto subversivos entrar armados y, efectivamente luego de requisar el lugar, encontraron abandonados en un cuarto armas y uniformes que los guerrilleros dejaron al salir del recinto vestidos como civiles y pasar inadvertidos”. Eso era una total falsedad.
No ordenar la matanza o no saber previamente de la misma, no lo exime de culpa. Él era comandante general de la Fuerza Armada y estuvo en el Estado Mayor cuando se consumaron los hechos, de los cuales se dio cuenta y por lo cual quedó “amarrado” por quienes los ordenaron: sus subordinados. Eso explica por qué, siendo presidente y máximo jefe de la milicia, no tuvo las agallas para investigarlos y remitirlos a la justicia; también que haya hecho todo lo posible para encubrirlos. El contenido de este párrafo, lo comentaré en otra entrega.
No estuve de acuerdo cuando la UCA pidió conmutarle la pena al coronel Guillermo Benavides; hubiera preferido el arresto domiciliario. Tampoco lo estoy con su posición sobre Cristiani, obviamente. No tengo nada que ver con esa entidad desde hace más de un año, ciertamente; pero es mi opinión, razonada luego de que varias personas me preguntaron qué pasa. Son víctimas y gente que, sin serlo, aspira a que este país sea “normal”; un país ‒dice Lanssiers‒ “donde la justicia sea personalizada y se transmute en equidad, donde el verdugo no sea considerado como el único garante de la civilización”.
Un país, digo yo, donde Cristiani no ocupe la “inocencia” de la UCA para alegar su inocencia; un país donde este la demuestre ante un sistema de justicia que funciona, porque se comienza a tocar los intocables.
