La legislatura saliente quedó debiéndole a la sociedad salvadoreña tres importantes normativas: una para regular el uso del recurso hídrico, otra para proteger periodistas y ley que ‒desde hace cinco años‒ debió aprobarse para cumplir lo establecido en la sentencia de la Sala de lo Constitucional emitida el 13 de julio del 2016, con la cual desbaratamos la amnistía impuesta 23 años atrás. Cuando las víctimas de las atrocidades ocurridas en el país antes de la guerra y durante la misma demandaron verdad, justicia y reparación integral a lo largo de ese período, esta fue la excusa utilizada para negarles la reivindicación de sus legítimos derechos.
La Asamblea Legislativa instalada el 1 de mayo del 2015 y a la que le “faltan cinco pa’las doce” ‒dicho más coloquialmente, a punto de “ahuecar el ala”‒ no fueron capaces de responderle a estas, que han sufrido el desprecio de un sistema judicial parcializado en favor de sus victimarios. Del funcionamiento institucional ha habido, ciertamente, hechos que merecen reconocerse e incluso aplaudir como la mencionada sentencia dictada por la Sala que laboró del 2009 al 2018; también el desempeño de la actual, en lo relativo al seguimiento del cumplimiento de dicho fallo, y la consulta a las víctimas impulsada por el procurador para la defensa de los derechos humanos, José Apolonio Tobar.
La última audiencia señalada para que rindieran cuentas los órganos Ejecutivo y Legislativo sobre el mentado cumplimiento, tuvo lugar el 30 de octubre del 2020. Durante la misma, el magistrado Carlos Sánchez le “restregó en la cara” al delegado del Ministerio de la Defensa Nacional que a futuro debían asistir “completamente informados”. “Ustedes ‒agregó‒ representan a la autoridad que está convocada. De tal manera que si hay falta de conocimiento sobre eso, es falta de diligencia […] Y si no, entonces que venga la autoridad que está convocada para que pueda expresar concretamente lo que se solicita”. Igual que en las ocasiones anteriores a partir del 2017, las comitivas de ambos entes salieron “con la cola entre las patas” de todas las audiencias realizadas. Eso, si tuvieran vergüenza; pero…
Sin embargo, de la próxima semana en adelante las cosas cambiarán. Al menos es lo que nos han querido vender. En el 2017 y en el 2018, quienes comparecieron ante la Sala de lo Constitucional para informar sobre lo realizado al respecto eran parte de los llamados “mismos de siempre”. En el 2019 las cosas comenzaron a cambiar pero solo de forma al llegar Nayib Bukele a la Presidencia de la República pues, como se apuntó, sus emisarios “no dieron el ancho” a la hora de informar qué habían hecho en favor de las víctimas. Pero de ahora en adelante teniendo el control de ambos órganos de Gobierno, para que no lleguen a seguir haciendo el ridículo en las futuras audiencias de seguimiento ‒ahora por partida doble‒ ahí les va un recordatorio de lo que tendrán que ejecutar en esta tan delicada cuestión.
Tal como se lo ordenó la Sala de lo Constitucional, la Asamblea Legislativa debe asegurar en una ley secundaria ‒en un “plazo razonable”‒ “el acceso a la información pública sobre los hechos y sus circunstancias relacionadas con los crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra constitutivos de graves violaciones” al derecho internacional humanitario, “ocurridos durante el conflicto armado y atribuidos a ambas partes”; “responder, en el menor tiempo posible, a las exigencias de las víctimas y sus familiares y de la sociedad salvadoreña” sobre “las investigaciones, el enjuiciamiento, el esclarecimiento de la verdad y la sanción” de los responsables de esa barbarie; y “considerar las medidas de reparación integral a las víctimas” para “garantizar su satisfacción, compensación y reivindicación, así como las medidas de no repetición” de lo ocurrido.
Bukele, por su parte, como titular del Órgano Ejecutivo tiene que permitir la inspección de los archivos castrenses de la época relacionados con los operativos en los cuales diversas unidades de la Fuerza Armada de El Salvador violaron derechos humanos; además, debería ubicar y dejar que las autoridades judiciales revisen archivos de los cuerpos represivos militarizados de entonces ‒la “Guardia”, la “PH”, la Policía Nacional y la de Aduanas‒ pues su participación y responsabilidad en lo ocurrido es innegable. También le tocaría utilizar su iniciativa de ley, para promover “medidas de reconocimiento y reparación de las víctimas del conflicto armado como también del reconocimiento de la verdad histórica”. No le vendría nada mal a nuestra sociedad entonces ‒como garantía de no repetición‒ que diseñara y ejecutara “un programa integral de reparación material y simbólica enfocado en todas las víctimas del conflicto armado”; para ello, año tras año, debería incorporar una partida específica al Presupuesto General del Estado.
Si no proceden en consonancia con la sentencia de inconstitucionalidad de la amnistía aprobada el 20 de marzo de 1993, tendremos otra poderosa razón para considerar a las autoridades de ambos entes gubernamentales no solo como “más de lo mismo”, que lo merecerían por este y otros tantos asuntos; también para señalarlos como dignos seguidores del “gatopardismo” delineado por Lampedusa; es decir, cambiar todo para que todo siga igual.
