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sábado, 08 de mayo del 2021

Cuarta caída del Juez de Gotera en el calvario militar para resolver masacre de El Mozote

Pese a la negativa de la Fuerza Armada permitir la inspección, el juez de San Francisco Gotera espera realizar su trabajo mañana en el Palacio Nacional para revisar el archivo general de la nación.

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Cerradas. Así fue como el juez de Instrucción de San Francisco Gotera, Jorge Guzmán, encontró las instalaciones militares por cuarta ocasión, para poder realizar inspecciones de algún archivo de la institución castrense relacionado a la masacre de El Mozote, registrado en diciembre de 1981.

La negativa de la Fuerza Armada ahora se registró en las instalaciones de la Brigada de Artillería, ubicada en San Juan Opico, La Libertad.

¿La excusa?

Esta vez, una oficial de servicio y una asesora jurídica quienes indicaron al juez que no estaban notificadas de su llegada y no permitirían el ingreso. Posterior a eso, la oficial de servicio le dice al juez que los archivos ya fueron entregados por el presidente de la República, Nayib Bukele.

Guzmán le reprochó que el caso judicial y las diligencias fueron notificadas desde hace mucho tiempo, incluyendo notificaciones al presidente de la República, Nayib Bukele, y el ministro de la Defensa, Francis Merino Monroy.

“No me cabe la menor duda que quienes dirigen esta Unidad han sido notificados; me extraña que usted me diga que no tiene conocimiento de esto”, agregó.

El juzgador agregó que ningún documento, supuestamente desclasificado por el mandatario, ha llegado al juzgado de instrucción de San Francisco Gotera en Morazán y hace dos fuertes señalamientos a la Fuerza Armada: la institución armada debe someterse a las órdenes judiciales y la investigación tiene como centro a las víctimas.

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Tras esta nueva obstaculización, el abogado querellante, David Morales, manifestó que, debido a que los militares recibieron al juez desde una cabina, no se escucharon bien los argumentos que dieron, pero señaló que una vez más se cometió delito al bloquear el aeso a los archivos militares.

“Se han cometido nuevamente delitos, como lo son: actos arbitrarios, incumplimiento de deberes, desobediencia a una orden judicial”, indicó.

El martes, Morales informó que todas las partes involucradas en este caso no han tenido acceso a los supuestos documentos que el presidente de la República "desclasificó" y mostró en cinco cajas en la última cadena nacional (el 25 de septiembre).

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Para este jueves, el juzgado programó la inspección en el archivo general de la nación, en el Palacio Nacional.

El 30 de septiembre de 2016 se reabrió el caso por la masacre El Mozote, dos meses después que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia declarara inconstitucional la Ley de Amnistía de 1993, una herramienta jurídica que otorgaba perdón a quienes cometieron crímenes de lesa humanidad durante el conflicto armado.

Las organizaciones no gubernamentales que trabajan contra la impunidad en El Salvador habían calificado la decisión de iniciar las inspecciones como un “hito en el juicio”, ya que, por primera vez, desde la firma de los Acuerdos de Paz, una autoridad judicial ordenó entrar a instalaciones militares a buscar evidencia y justicia para las víctimas del conflicto armado.

Los defensores de los derechos humanos han sido respaldados con una sentencia de la Sala de lo Constitucional, que declaró improcedente el amparo presentado por el ministro de la Defensa Nacional, René Merino Monroy, con el cual bloqueó en dos ocasiones las inspecciones de los archivos militares relacionados con la masacre de El Mozote y sitios aledaños, registrado en diciembre de 1981.

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Semanas atrás, Merino Monroy presentó un amparo en contra del procedimiento encabezado por el Juez de Instrucción de San Francisco Gotera, Jorge Guzmán, donde alegaba que no les permitió el acceso porque se estaba poniendo en riesgo planes militares secretos.

Ante esto, la Sala sostuvo que el referido proceso está encaminado en contra de las personas que –de conformidad a las diligencias de investigación– resulten ser las presuntas responsables de haber cometido los hechos delictivos en el contexto de esa masacre, por lo que ese proceso en sería tramitado contra personas naturales ya determinadas y no contra la institución que el Ministro representa; es decir, la Fuerza Armada.

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