A pocas semanas de la toma de posesión del presidente electo, hay señales poco alentadoras en cuanto a la transparencia por parte de algunos funcionarios que finalizarán gestión.
La Oficial de Información dio trámite a una solicitud de información de los acuerdos ejecutivos de nombramiento de los representantes del Ministerio en el Consejo Directivo del Instituto Salvadoreño de Formación Profesional (Insaforp). También fueron solicitadas las actas de la asamblea especial en la que participaron los representantes y el listado de las federaciones y confederaciones que gozan de personalidad jurídica acreditada por el Ministerio.
Acorde de la denuncia, la ministra ha establecido que las solicitudes de información deben ser conocidas por la titular y sus asesores, quienes por medio de una “Comisión Especial” creada para tal fin estarían evaluando discrecionalmente si la información puede entregarse, a la vez que conocerán la identidad de los peticionarios.
El incidente, que no sería el único, se da en momentos en que el IAIP ha emitido un "Instructivo para el Cumplimiento Básico de Obligaciones de Transparencia en Período de Transición de Autoridades" en el que insta a las autoridades a adoptar medidas para garantizar la continuidad de las funciones de las unidades clave para el cumplimiento de la LAIP, garantizar el debido acceso a la información por parte de la población
Uno de los intereses del IAIP es el debido resguardo de la información reservada o confidencial y abstenerse de realizar acciones que deriven en la destrucción, alteración o inutilización de la información en poder de las instituciones públicas.
¿Por qué la adopción de figuras no establecidas en la Ley a última hora de la gestión gubernamental? ¿Por qué apropiarse de la información pública estableciendo bloqueos a su divulgación? ¿Por qué atribuir supuestas órdenes de remociones al IAIP?
No son solo palabras, conlleva acciones concretas, como evitar abusos de los funcionarios públicos, promover la rendición de cuentas y la transparencia en la gestión estatal y prevenir la corrupción y el autoritarismo; ese que se supone no está en el ADN de los que cesarán funciones.
