Los delitos cometidos en el término de la flagrancia continúan dejando el mayor número de arrestos a escala nacional, según la información proporcionada por la Policía Nacional Civil (PNC), ya que en el período comprendido del 1 de junio hasta este día, de las 8,195 personas detenidas por diferentes delitos, 5,633 ocurrieron in fraganti (es decir, en el mismo momento en que se cometió el delito).
Entre estos arrestos se mencionan 611 por homicidio, 625 por lesiones, 324 vinculados con el delito de extorsión y 178 por robo.
Además, las estadísticas policiales dan cuenta que de este total de capturas, 1,431 se llevaron a cabo mediante órdenes administrativas, 756 provienen de diferentes juzgados y 375 son privaciones de libertad de menores de edad involucrados en hechos delictivos.
Ayer, las autoridades detuvieron en el país a un total 93 personas acusadas de cometer varios ilícitos, entre ellos 15 por homicidio.
También ese mismo día, Policías de la Delegación de Soyapango apoyados de unidades de élites y del Ejército registraron de forma preventiva 130 viviendas de la colonia Vista al Lago, en el municipio de Ilopango, y arrestaron a ocho personas por el delito de utilización u ocupación ilegal de inmueble.
Con el Plan de Recuperación y Control del Territorio, este tipo de operativos se están realizando en todo el territorio nacional para dar tranquilidad y seguridad a los habitantes, que en su mayoría ven con buenos ojos estas acciones que implementa el Gobierno.
Estas capturas masivas fueron criticadas por Benjamín Cuéllar, fundador e integrante del Laboratorio de Investigación y Acción Social contra la Impunidad en El Salvador, quien a su juicio, “a todas luces estamos frente a una mano dura 3.0”.
Cuéllar cuestiona que con las detenciones masivas se está saturando a la Fiscalía que no tiene el personal suficiente para individualizar los casos de cada uno de los arrestados. A lo anterior hay que sumar la capacidad de las penitenciarías en el país (28 en total), que a julio de este año, tenían 39, mil 173 reos.
Mientras, el Plan de Control Territorial sigue su curso, y los operativos se continuarán realizando en todo el país para limpiar las zonas de pandilleros y estructuras criminales.
