El fiscal general de la República, Raúl Melara, aseguró este miércoles que han procedido a realizar allanamientos en instituciones del gobierno y proveedores de insumos médicos, luego que la Comisión Internacional Contra la Impunidad en El Salvador (CICIES) presentara indicios de irregularidades en algunas compras realizadas por la actual administración presidencial, las cuales fueron efectuadas durante la crisis producida por la pandemia.
En este sentido, Melara indicó que son al menos "trece objetivos" a investigar producto a este caso.
"Estos allanamientos que se han realizado en estos días son el resultado del primer convenio de colaboración con la CICIES. La CICIES llevó a la Fiscalía los primeros indicios de irregularidades bajo los cuales nosotros iniciamos investigaciones y procesos más a fondos", quien llegó a las instalaciones del Ministerio de Salud luego que anoche se registrara un altercado entre elementos de la Policía Nacional Civil y representantes fiscales.
En este sentido, dijo que no es un operativo que deba verse con "tinte político” y es “rutinario” y que no pretende armar un “show mediático” como según el gobierno de Nayib Bukele sí lo está haciendo.
"Anoche hubo un procedimiento, llamémoslo irregular, de la Policía Nacional Civil en el cual se trató de obstaculizar, según los primeros reportes que tengo, el ingreso de fiscales al ministerio para seguir realizando la investigación", indicó.
Las acciones de Melara, han sido respaldada por el presidente de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, Eliot Engel, quien ha manifestado que no se debe entorpecer la labor del Ministerio Público.
“Apoyo firmemente al fiscal salvadoreño, Raúl Melara, por sus acciones audaces contra la corrupción y la impunidad. Las instituciones gubernamentales, incluida la Policía Nacional, deben permitirle realizar su trabajo sin interferencias”, publicó Engel en Twitter.
En cuanto a este punto, el titular de la FGR indicó que al final funcionó la institucionalidad porque hubo entendimiento con el comisionado de la Policía, Omar García Funes, para poner el dispositivo policial en los contornos del ministerio.
Melara no descartó posibles responsabilidades penales para quienes ordenaron y los que ejecutaron ese procedimiento irregular.
“No se deben seguir órdenes ciegas vengan de donde vengan, dijo Melara.
Aseguró que, con este tipo de acciones, la Policía pierde credibilidad ante la población y la Fiscalía le pierde confianza a la corporación policial.
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En cuanto a las investigaciones, el fiscal aseguró que son amplias y no podría dar detalle por dónde van por obvias razones.
Agregó que los indicios presentados por la CICIES se suman a otros que ya se tenían con avisos y denuncias.
"Pero los mayores indicios son los aportados por la CICIES. Y eso es algo bueno, porque quiere decir que este convenio de cooperación realmente está dando sus frutos y poniendo la institucionalidad a trabajar", consideró el fiscal general.
Entre los ministerios allanados se encuentra el Ministerio de Salud (MINSAL), el Ministerio de Hacienda, Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN). Además, se incluye la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) y el Fondo Ambiental de El Salvador (FONAES), así como "empresas privadas que han sido proveedoras del Estado".
Por otra parte, aclaró que no va a permitir que se politicen las instituciones y que se politice a la FGR.
“No me voy a prestar para ser instrumento político de nadie”, afirmó. A esto sumó que: ““no estoy buscando una reelección, ejerceré mis funciones hasta el último día de mi cargo”.
Diputados reaccionan ante proceder de PNC durante allanamientos
Ante estos hechos, los diputados han lamentado el bloqueo que los agentes hicieron al trabajo de los fiscales.
Uno de ellos fue el parlamentario de la fracción de ARENA, René Portillo Cuadra, quien apuntó que las instrucciones de bloqueo venían de altos mandos.
“Yo estoy seguro de que los policías que llegaron a acordonar y a presionar a los fiscales, ellos han recibido órdenes, la culpa no es de ellos la culpa es de quienes han girado las órdenes”, aseguró el legislador.
Según Cuadra no se puede reprimir el actuar de la fiscalía mientras realiza un proceso de investigación o allanamiento, por lo que calificó las supuestas instrucciones del bloqueo como una función de abuso de autoridad.
“Eso es característico de un estado autoritario de un régimen dictatorial y yo estoy totalmente convencido que los miembros de la UMO que llegaron y los policías que empezaron a amedrentar a los fiscales han recibido órdenes superiores”, recalcó el diputado Cuadra.
En ese sentido hizo el llamado a la comunidad internacional a estar pendiente de las acciones del gobierno del presidente Nayib Bukele, con el objetivo de velar por el respeto a la independencia de los poderes del estado.
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Mientras tanto, Yanci Urbina, diputada del FMLN, recordó la actuación que han tenido los distintos funcionarios que han acudido a la comisión especial que indaga el manejo de los recursos financieros otorgados al gobierno en préstamos y de gasto corriente para enfrentar la pandemia.
Según dijo, algunos ni se han querido hacer presentes a rendir cuentas ni enviar informes por escrito de cómo han ejecutado los recursos públicos, como es el caso del ministro de Hacienda.
“Aun cuando el ministro de Hacienda solicitó hasta prórroga (para enviar el reporte), finalmente no lo presentó y eso ha sido certificado, esa ausencia de informe, a presentar un informe completo sobre los recursos, ha sido certificado a la Fiscalía, que deberá indagar ciertamente cuál es esa negativa”, expresó Urbina.
Gobierno asegura que FGR actuó de forma irregular
Por su parte, el asesor jurídico de Casa Presidencial, Javier Argueta, considera que al no presentar una orden judicial de allanamiento en las instalaciones del Ministerio de Salud, la FGR habría vulnerado el debido proceso.
De acuerdo a los trabajadores del Ministerio de Salud, los fiscales llegaron sin una orden de un juez quien autorizaba el allanamiento en las instalaciones. Asimismo, denunciaron la prepotencia y matonería con la que llegaron algunos fiscales del caso.
Los gerentes legales del MINSAL explicaron que la fiscalía presentó 36 horas después la orden de allanamiento a las instalaciones, lo que fortalece que fiscalía incumplió con parte del debido proceso que se establece en estos casos.
Para el asesor jurídico de la Presidencia, los fiscales se saltaron parte del marco legal para poder realizar estas acciones en el Ministerio de Salud y aseguró que hay una ruptura al orden legal y constitucional.
