NUEVA YORK – El G20 acordó una nueva asignación de derechos especiales de giro, el activo de reserva que emite el Fondo Monetario Internacional. Esta es una gran noticia: durante mucho tiempo he considerado a los DEG como uno de los instrumentos más prometedores, pero también más subutilizados, de la cooperación económica internacional. Pero si el mundo quiere aprovechar al máximo esta herramienta, que ha cumplido ya medio siglo, se necesita una reforma.
Muchos economistas, incluidos algunos colegas y yo, hemos recomendando una nueva e importante asignación de DEG desde hace un año. El fracaso del G20 en hacerlo es uno de los ejemplos de la insuficiente cooperación financiera internacional durante la pandemia de COVID-19, especialmente si se compara con la que se adoptó frente a la crisis financiera mundial de 2009.
Ahora, sin embargo, Estados Unidos reconoce la necesidad de esta emisión: fue el predecesor de Janet Yellen como secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steven Mnuchin, quien se opuso (y bloqueó efectivamente) la asignación de DEG el año pasado. La directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, merece también crédito por defender los DEG como una herramienta poderosa para respaldar la respuesta al COVID-19.
Si bien aún no se ha acordado la magnitud de la próxima asignación, debería ser de al menos 500.000 millones de dólares, el doble de lo que emitió el FMI en 2009. Pero no debería superar los 650.000 millones de dólares, el valor total de las cuotas del FMI, ya que eso requeriría aprobación del Congreso de los Estados Unidos y, por lo tanto, retrasaría la decisión.
Los DEG recién emitidos se asignarán de acuerdo con las cuotas de los países en el FMI, lo que significa que los países emergentes y en desarrollo recibirían un poco menos de dos quintas partes. Eso reforzaría significativamente, sin embargo, sus activos de reserva. La participación de los países desarrollados debería canalizarse hacia fondos que apoyen a los países de ingresos bajos y quizás de renta media, incluidos los acuerdos monetarios regionales. Esto fortalecería la red de seguridad financiera mundial.
Pero hay formas de impulsar aún más el impacto de los DEG. En primer término, el FMI debería abordar la cuestión fundamental de su doble contabilidad. En su forma actual, el Fondo distingue entre las cuentas de “recursos generales” y las de DEG, un sistema que convierte los DEG no utilizados en registros contables más o menos irrelevantes. En la actualidad, más de las cuatro quintas partes de todos los DEG que se han asignado se ajustan a esta descripción.
Este es un problema relativamente simple de solucionar. Como sugirió hace mucho tiempo Jacques Polak, uno de los primeros economistas jefe del FMI, el FMI debería consolidar las dos cuentas. He sugerido una forma sencilla de hacerlo: tratar los DEG no utilizados como depósitos de los países en el Fondo, con los cuales la institución podría financiar sus programas.
Este enfoque podría conducir a una nueva reforma mediante la cual las asignaciones de DEG se convertirían en la única fuente de financiación del FMI, de manera similar a cómo la creación de dinero por parte de los bancos centrales opera a nivel nacional o regional. De esa manera, los países ya no tendrían que crear fondos especiales para financiar los programas del FMI, y el Fondo ya no tendría que manejar aportes de cuotas de los países en una amplia variedad de monedas, de las cuales solo una fracción puede utilizarse para préstamos del FMI.
Una segunda reforma fundamental sería modificar la forma como se asignan los DEG entre países. En la actualidad, las economías emergentes y en desarrollo deben acumular grandes cantidades de reservas de divisas para “autoasegurarse” contra los ciclos de auge y contracción del financiamiento internacional y las limitaciones de la red de seguridad financiera mundial. Esto exacerba las desigualdades mundiales, porque este autoseguro genera grandes transferencias financieras hacia los países emisores de monedas de reserva.
Una forma de corregir esto sería otorgar a los países que demandan cuantiosas reservas, principalmente países en desarrollo, mayores asignaciones de DEG. El economista John Williamson, por ejemplo, ha propuesto una división 80/20 de las asignaciones entre países de ingresos bajos y medios y países de ingresos altos, respectivamente.
Otra opción sería introducir la demanda de reservas como criterio para determinar las asignaciones de DEG, en adición a las cuotas en el FMI. Cualquiera de los dos enfoques ayudaría a crear el “vínculo de desarrollo” en las asignaciones de DEG que propuso un Grupo de Expertos convocado por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo en la década de 1960.
Para complementar este esfuerzo, se podría permitir al FMI comprar bonos de bancos multilaterales de desarrollo con los DEG no utilizados. Estos bancos podrían utilizar entonces esos fondos para financiar préstamos a largo plazo a países emergentes y en desarrollo. Además, se podría alentar a los países que no están utilizando sus activos de reserva a donarlos para apoyar el desarrollo u otros objetivos, como la mitigación del cambio climático. El presupuesto general del FMI, en lugar del país donante, debería cubrir entonces los pagos de intereses de los DEG donados.
De manera similar, se podría alentar a los países a utilizar los DEG asignados para capitalizar las instituciones monetarias regionales que apoyan a los países emergentes y en desarrollo, fortaleciendo así la red de seguridad financiera mundial. Para que esto funcione, estos aportes de capital deben considerarse como activos de reserva.
Según muchos analistas (Richard Cooper, por ejemplo), la pieza final del rompecabezas de la reforma sería el uso privado de los DEG, lo que de hecho sería deseable. Pero también podría generar problemas, desde cambios especulativos en la demanda de estos activos hasta resistencias a esta reforma por parte de los países emisores de divisas, especialmente Estados Unidos. Un compromiso sería permitir un uso privado limitado de los DEG, por ejemplo, para los depósitos que las instituciones financieras mantienen en los bancos centrales, incluidos los encajes obligatorios sobre sus depósitos.
En cualquier caso, el uso privado de DEG no es la principal prioridad de la reforma; lo importante es eliminar la doble contabilidad del FMI y adoptar un sistema más equitativo para determinar las asignaciones entre países. Mientras el FMI se prepara para su próxima asignación de DEG a gran escala, ambos temas deberían estar en la agenda internacional.
José Antonio Ocampo, ex-ministro de hacienda de Colombia y ex-subsecretario general de la ONU, es profesor en Columbia y presidente de la Comisión Independiente para la Reforma de la Fiscalidad Corporativa Internacional (ICRICT, de acuerdo con sus siglas en inglés). Es autor de Resetting the International Monetary (Non) System y coautor (con Luis Bértola) del Desarrollo económico de América Latina desde la independencia.
Copyright: Project Syndicate, 2021. www.project-syndicate.org
