Esta semana, la Comisión Política de la Asamblea Legislativa intentará llevar hasta la plenaria un anteproyecto de ley “”u otro tipo de instrumento”” que ofrezca una alternativa para buscar la verdad, justicia y reparación por los crímenes que cometieron los militares y la guerrilla durante la guerra civil de los ochenta.
Norman Quijano, presidente de la Asamblea Legislativa, detalló que recibieron el informe de la comisión ad hoc y que así lo han pasado a la comisión política. Desde ahí trabajarán en un “proyecto de ley”. Según publicaron medios como Canal 12 y Canal 33, los diputados trabajarán con base en el informe durante martes y miércoles, para después enviarlo a la sesión plenaria que se celebrará esta misma semana.
El presidente electo, Nayib Bukele, advirtió que la Asamblea “intenta una aprobación exprés de la nueva ley de amnistía”.
La Ley de Amnistía General fue aprobada en 1993 por iniciativa del gobierno, que entonces presidía Alfredo Cristiani. Con ese marco legal, no fue posible investigar y someter a juicio crímenes cometidos durante la guerra. Luego, en 2016, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional esa ley y mandó a los diputados a trabajar en un nuevo marco legal que garantice verdad, justicia y reparación a las víctimas del conflicto armado.
Próximos a incumplir el plazo establecido por la Sala de lo Constitucional para mostrar el seguimiento a la sentencia, la Asamblea Legislativa creó la comisión ad hoc. Sus integrantes son personajes que estuvieron involucrados en el conflicto armado desde diferentes frentes, a excepción del diputado Juan Carlos Mendoza, de GANA.
De este informe presentado el lunes se conoce poco, sin embargo, la referencia de la comisión ad hoc es el primer producto: el que presentó el diputado Rodolfo Párker. En el informe de la Comisión de la Verdad, el ahora diputado Párker fue señalado por haber ayudado a encubrir la participación del Ejército en el asesinato de seis sacerdotes jesuitas y dos de sus colaboradoras en noviembre de 1989.
Este primer informe tenía similitudes con la inconstitucional Ley de Amnistía General. Frente a las presiones debido al rechazo del público por este primer producto, Párker renunció a la comisión ad hoc.
El relator de la ONU, Fabio Salvioli, señaló que al menos esa versión del trabajo de la comisión parecía más bien una “amnistía de facto” que propiciaría el incumplimiento de los compromisos adquiridos por el Estado salvadoreño.
También hubo críticas por parte de María Silvia Guilén, comisionada presidencial para los Derechos Humanos. “Básicamente es una propuesta legislativa que no tiene para nada en cuenta a las víctimas, ni tiene en cuenta los estándares que establece la sentencia de inconstitucionalidad”, criticó Guillén. “Estoy totalmente en desacuerdo”, agregó.
Según la comisionada presidencial, lo ideal era conformar una comisión con personas sin vínculos con las partes en conflicto durante los ochenta.
“Una reconciliación basada en perdón y olvido es una reconciliación muy frágil y esas son las consecuencias que está pagando El Salvador en este momento”, añadió Guillén.
En tanto David Ortiz, de FESPAD, comentó que no se conocen los detalles del informe que se envió, pero sí señaló que persiste el riesgo de que “las víctimas queden burladas de nuevo y que los mecanismos de justicia y reparación del Gobierno queden como un requerimiento que no ha cumplido durante 30 años”.
Para Ortiz, ya el Estado salvadoreño ha sido reincidente en postergar la justa reparación a las víctimas. Desde el Ejecutivo y desde el Legislativo no se ha observado voluntad para atender esta deuda con los que más sufrieron la guerra. Incluso ahora, este proceso para dar seguimiento a la sentencia de inconstitucionalidad ha sido “atropellado, oscuro, sin cronograma de trabajo”. El diálogo con las organizaciones que representan a las víctimas ha sido solo “apariencia de consulta”, lamentó Ortiz. “Al final hicieron oídos sordos”, recalcó.
El diputado Mauricio Vargas es miembro de la comisión ad hoc. Fue general de la Fuerza Armada “”relacionado con el grupo conocido como La Tandona””, negociador de la paz y ahora diputado titular de Arena. Vargas defendió que la primera propuesta, la de Párker, “ni se tomó en cuenta”¦ Totalmente excluida al 1,000 %”, insistió.
Así, Vargas aclaró que el informe es un análisis de la sentencia de inconstitucionalidad, con base en los parámetros que el mismo documento establece. Luego señaló que los crímenes de guerra, en efecto “se tienen que judicializar. Verdad, justicia, reparación y no repetición. Ese es el parámetro”, comentó.
