Por Alonso Rosales
La Administración del presidente Donald Trump ha intensificado su estrategia para revocar la ciudadanía estadounidense de personas naturalizadas que, según las autoridades, obtuvieron ese beneficio mediante fraude, ocultamiento de información o declaraciones falsas durante su proceso migratorio. La política, que había comenzado durante el primer mandato del republicano, ha cobrado nuevo impulso tras su regreso a la Casa Blanca y ha despertado preocupación entre organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes.
Uno de los casos más representativos es el de Melchor Muñoz, ciudadano naturalizado de origen mexicano, quien obtuvo la ciudadanía en 2009. Tres años después fue condenado en Florida a más de 15 años de prisión por delitos relacionados con narcotráfico. Durante el proceso penal declaró que había comenzado a distribuir marihuana antes de convertirse en ciudadano, una afirmación que posteriormente su defensa calificó como un error de expresión.
El Departamento de Justicia sostuvo que Muñoz ocultó esa conducta durante su entrevista de naturalización al responder que nunca había cometido un delito por el que no hubiese sido arrestado. Bajo ese argumento, un tribunal federal revocó su ciudadanía en marzo de 2026. Actualmente el caso se encuentra en apelación.
Su abogado sostiene que Muñoz ya cumplió completamente su condena, reconstruyó su vida, creó negocios familiares y mantiene una conducta ejemplar, por lo que considera injusto que ahora enfrente la posibilidad de ser deportado.
Una política que vuelve con fuerza
De acuerdo con el Instituto de Política Migratoria (Migration Policy Institute), el Gobierno estadounidense ha identificado 384 posibles casos de desnaturalización.
Durante 2026 ya se han presentado decenas de demandas civiles y procesos criminales para retirar la ciudadanía a personas naturalizadas, según datos del Brennan Center for Justice y del Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC), de la Universidad de Syracuse.
Aunque estas cifras representan una fracción muy pequeña frente a los cerca de 26 millones de ciudadanos naturalizados que viven en Estados Unidos, organizaciones como la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) consideran que estas acciones generan temor e incertidumbre entre millones de inmigrantes.
Especialistas en derecho migratorio señalan que las autoridades priorizan aquellos expedientes donde existen condenas penales o pruebas de que el solicitante ocultó delitos cometidos antes de obtener la ciudadanía. Posteriormente, afirman, podrían revisarse otros expedientes en busca de inconsistencias mediante nuevas herramientas tecnológicas, incluida la inteligencia artificial.
Casos emblemáticos
Entre las demandas promovidas recientemente por el Departamento de Justicia aparecen varios ciudadanos naturalizados de origen latino.
Leidys Delmas García (Cuba)
Fue condenada por participar en un fraude millonario contra el sistema de salud estadounidense mediante clínicas que cobraban servicios inexistentes o innecesarios.
Las autoridades sostienen que cuando acudió a su entrevista para obtener la ciudadanía negó haber cometido delitos, aunque ya participaba en la organización criminal. Por ello buscan revocar su naturalización.
Andrea Marroquín (Colombia)
El Gobierno afirma que ocultó un matrimonio previo mientras solicitaba su residencia permanente y posteriormente su ciudadanía.
Además, fue condenada por conspiración para cometer fraude bancario, fraude electrónico y lavado de dinero dentro de un esquema hipotecario que provocó pérdidas superiores a medio millón de dólares.
Según la demanda civil, nunca informó a las autoridades migratorias sobre esas circunstancias.
María Montoya (México)
Obtuvo la residencia permanente gracias a un esposo que aparentaba ser ciudadano estadounidense utilizando la identidad de otra persona fallecida.
Cuando años después solicitó la ciudadanía, las autoridades sostienen que ya conocía la verdadera identidad de su esposo, pero igualmente ocultó esa información. Por ello buscan retirar la ciudadanía que recibió hace casi tres décadas.
Armando Mendoza (México)
Naturalizado en 2011, posteriormente fue condenado por recibir material de abuso sexual infantil.
La demanda señala que los delitos comenzaron antes de obtener la ciudadanía y que esa conducta fue deliberadamente ocultada durante el proceso migratorio.
Federico Fermín (República Dominicana)
Fue condenado por participar en una red ilegal de distribución de medicamentos recetados sin licencia.
El Departamento de Justicia sostiene que ya había cometido esos delitos cuando respondió negativamente a las preguntas sobre antecedentes criminales durante su entrevista de naturalización.
Fernando Cristancho (Colombia)
Sacerdote colombiano que ejerció durante años en Maryland.
En 2022 fue condenado a 22 años de prisión por delitos sexuales contra un menor de edad. La demanda sostiene que los abusos comenzaron mientras tramitaba su ciudadanía y que nunca reveló esos hechos a las autoridades migratorias.
Jean Claude Alfred (Haití)
Naturalizado en 1994.
Las autoridades sostienen que durante el proceso de ciudadanía ya abusaba sexualmente de su hija menor, conducta que ocultó completamente durante la entrevista de naturalización. Posteriormente fue condenado por esos delitos.
¿Cuándo puede perderse la ciudadanía?
Expertos en inmigración recuerdan que la ciudadanía estadounidense es uno de los derechos más protegidos por la Constitución. Sin embargo, puede ser revocada judicialmente cuando el Gobierno demuestra que fue obtenida de manera ilegal o mediante fraude.
Las causas más comunes incluyen:
- Ocultar antecedentes criminales relevantes.
- Mentir durante la entrevista de naturalización.
- Presentar documentos falsificados.
- Obtener la residencia permanente mediante fraude.
- No cumplir con los requisitos legales de elegibilidad al momento de naturalizarse.
En estos casos, el Departamento de Justicia debe presentar la evidencia ante un tribunal federal, donde un juez decide si procede la desnaturalización.
Un debate que continúa
Mientras la Administración Trump sostiene que estas acciones buscan proteger la integridad del sistema migratorio y garantizar que la ciudadanía solo permanezca en manos de quienes la obtuvieron legalmente, organizaciones de derechos civiles consideran que la política puede generar un efecto de intimidación entre millones de ciudadanos naturalizados.
Para algunos especialistas, perseguir casos donde existieron fraudes comprobados fortalece el Estado de derecho. Para otros, ampliar estas investigaciones podría abrir un debate sobre los límites del poder del Gobierno para revisar naturalizaciones concedidas incluso hace varias décadas.
Fuente: Noticias Telemundo.
