Por Alonso Rosales
Menores de entre dos y tres años han comenzado a aparecer en tribunales migratorios de Estados Unidos, mientras miles de niños enfrentan sus procesos de deportación sin representación legal.
La imagen resulta difícil de asimilar: un niño de apenas tres años juega con un micrófono mientras espera en una corte de inmigración; otro, de seis años, extiende los brazos simulando ser un avión. A pocos metros, otros menores de 8, 9 y 13 años esperan su turno ante un juez que puede decidir si permanecen en Estados Unidos o son deportados.
La escena ocurrió en un tribunal de inmigración de Harlingen, Texas, y fue documentada por CNN. En esa audiencia comparecieron 25 menores, varios de ellos sin abogado.
El caso que más impacto generó fue el de un adolescente hondureño de 13 años identificado como Ángel. El menor acudió sin representación legal y explicó que no quería regresar a Honduras porque su madre y casi toda su familia estaban en Estados Unidos. El juez ordenó su expulsión y el adolescente rompió en llanto.
Según la cobertura de CNN, el niño expresó: “No tengo a nadie. No tengo nada”.
Una crisis que alcanza a más de 20.000 menores
La situación no se limita a un tribunal de Texas. Organizaciones dedicadas a la defensa de inmigrantes advierten que entre 20.000 y 26.000 menores no acompañados enfrentan dificultades para mantener acceso a representación legal después de que expirara un contrato federal destinado a financiar estos servicios.
El contrato con el Acacia Center for Justice y su red de proveedores, que agrupaba a cerca de un centenar de organizaciones, terminó el 31 de julio de 2026. Acacia señaló que la finalización del acuerdo puso en riesgo la representación de más de 20.000 niños.
La cifra de hasta 26.000 menores también aparece en información de la American Bar Association, que señala que su red de proveedores atendía aproximadamente a esa cantidad de niños en procesos de expulsión.
El problema afecta a menores que llegaron solos a Estados Unidos y que, en muchos casos, han atravesado situaciones de violencia, abandono, abuso, persecución o trata.
Americans for Immigrant Justice (AI Justice) alertó el 1 de octubre que la reducción de fondos está generando una “crisis” legal para estos niños. Según información de EFE, una de las organizaciones afectadas perdió alrededor del 40 % de su presupuesto, lo que obligó a reducir personal y capacidad de atención.
Un sistema que no garantiza abogado público
Uno de los elementos centrales de esta controversia es que los procedimientos migratorios son civiles y, a diferencia de los procesos penales, los inmigrantes no tienen un derecho general a recibir un abogado pagado por el Gobierno.
Eso significa que un menor puede encontrarse frente a un juez de inmigración sin un abogado que presente pruebas, identifique posibles vías de protección o explique las consecuencias de sus respuestas.
El Vera Institute of Justice ha documentado la importancia de la representación legal en estos procesos. En un estudio publicado en 2026, la organización encontró que las personas representadas por abogados en el programa analizado tuvieron una probabilidad considerablemente mayor de obtener una protección frente a la deportación que quienes no contaban con representación.
En el caso específico de los niños, Vera señala que los procedimientos migratorios pueden resultar particularmente complejos porque los menores deben comprender opciones legales, reunir pruebas, interactuar con autoridades y, en algunos casos, explicar experiencias traumáticas.
Cuando el menor ni siquiera comprende lo que está ocurriendo
La audiencia de Harlingen mostró hasta qué punto la edad puede convertirse en un obstáculo.
CNN informó que algunos de los niños presentes tenían apenas dos o tres años. El menor de tres años que tenía un abogado conectado remotamente permaneció jugando durante parte del procedimiento, aparentemente sin comprender la trascendencia de la audiencia.
Otros niños, en cambio, tuvieron que responder directamente ante el juez.
Una niña de nueve años, según la cobertura de CNN, permaneció con la cabeza apoyada sobre la mesa mientras se desarrollaba el procedimiento. Un niño de ocho años también compareció sin abogado.
Los adultos que acompañaban a algunos de los menores no eran necesariamente abogados. En varios casos se trataba de trabajadores encargados de supervisar a los niños durante el proceso.
La diferencia es fundamental: estar acompañado por un adulto no significa contar con representación jurídica.
Menos tiempo para preparar una defensa
Las organizaciones de asistencia legal también han advertido sobre la aceleración de los procesos migratorios.
El problema no es únicamente conseguir un abogado. También existe la dificultad de preparar adecuadamente una defensa cuando las audiencias son programadas con poco margen.
Para un menor que posiblemente deba demostrar que enfrenta persecución, violencia, abuso, abandono o amenazas si regresa a su país de origen, reunir documentos, testimonios y otros elementos probatorios puede ser determinante.
Vera Institute señala que los niños que enfrentan procedimientos migratorios no reciben automáticamente un abogado público y que la complejidad del sistema puede hacer que la defensa sin representación resulte especialmente difícil.
La disputa por los fondos
El conflicto se desarrolla además en medio de una disputa entre la Administración Trump y organizaciones que prestaban servicios legales a los menores.
Acacia sostuvo que su contrato con la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR), dependiente del Departamento de Salud y Servicios Humanos, terminó el 31 de julio. La organización también afirmó que el Gobierno retenía más de 65 millones de dólares correspondientes a servicios ya prestados.
La Administración, por su parte, ha defendido cambios en los programas y en el uso de los recursos públicos. En agosto, el Gobierno estableció un nuevo acuerdo para servicios legales, mientras la controversia sobre el modelo de contratación continuaba.
El conflicto llegó incluso a la Oficina de Responsabilidad Gubernamental (GAO), organismo independiente que asesora al Congreso en materia presupuestaria.
El 29 de septiembre, la GAO concluyó que el Ejecutivo no puede mantener retenidos fondos federales hasta que expiren si el Congreso no ha aprobado previamente su cancelación. El organismo señaló que la legislación presupuestaria permite una retención temporal mientras se tramita una solicitud de rescisión, pero no autoriza al presidente a provocar la expiración de partidas aprobadas por el Congreso.
Una decisión que puede marcar el futuro de un niño
Detrás de las cifras hay menores que pueden tener que explicar ante un juez por qué no pueden regresar a sus países de origen.
Para un adulto, un procedimiento migratorio ya puede resultar complejo. Para un niño de ocho, nueve o 13 años, la situación es todavía más difícil. Y cuando se trata de menores de dos o tres años, la cuestión central deja de ser solamente si conocen el procedimiento: es si tienen siquiera la capacidad de comprender qué está en juego.
La crisis de representación legal plantea así una cuestión fundamental para el sistema migratorio estadounidense: qué ocurre cuando un niño debe defender ante un juez un derecho que puede determinar su futuro, pero no tiene la edad, los recursos o el conocimiento necesarios para hacerlo por sí mismo.
Mientras continúan las disputas sobre los fondos federales, los contratos y las políticas migratorias, las audiencias siguen adelante. Y en ellas, niños que todavía están aprendiendo a leer, hablar o comprender el mundo pueden encontrarse frente a una decisión que podría determinar el país donde vivirán.
Fuentes consultadas
- EFE — Información sobre la situación de entre 20.000 y 26.000 menores no acompañados afectados por la reducción de servicios legales.
- AP (Associated Press) — Cobertura de la situación migratoria de menores y del contexto de las políticas migratorias estadounidenses.
- CNN — Cobertura de las audiencias de menores migrantes en Harlingen, Texas, incluidos niños de dos y tres años y el caso del adolescente hondureño.
- U.S. Government Accountability Office (GAO) — Informe sobre la retención de fondos federales y la Ley de Control de Impoundment.
- Vera Institute of Justice — Estudios sobre representación legal y procesos migratorios de menores.
- Acacia Center for Justice — Información sobre la finalización del contrato federal de servicios legales para menores no acompañados.
- American Bar Association — Datos sobre la cobertura de servicios legales para menores migrantes no acompañados.
