La demanda social por un estado justiciero, intolerante con la corrupción, la impunidad y el crimen, calaría a tal grado en las elecciones, que fue el compromiso por combatirla del entonces candidato, su juventud y la ausencia de antecedentes políticos, lo que valió la conquista de la presidencia.
Entonces, una de sus promesas fue construir un ente que emulara lo que en Guatemala y Honduras sucedía: el procesamiento de sonados casos de corrupción, mediante una entidad independiente, constituida por juristas extranjeros.
Las condiciones en ambos casos son simples: la participación civil en la constitución de tal entidad, definiendo alcances, recursos y elementos constituyentes, como la colaboración de las UN, que aportó a los juristas para la labor señalada.
En el caso guatemalteco hay que subrayar que pudo asistir a un raro, aunque corto proceso del que se desprendió una persecución frontal en contra de los flagelos señalados, logrando el procesamiento de la entonces fórmula presidencial, como del también presidente del equivalente a la ANEP guatemalteca, encarcelándolos y sentando un precedente en la región.
Honduras en cambio – estado fallido desde el golpe – no inicio proceso alguno, derivando en otro sinsabor para la población que además profundizó el resentimiento del soberano en contra del régimen.
En ambos casos la existencia de tal entidad supone la admisión de la incapacidad institucional de cumplir con los mandatos constitucionales en materia judicial, lo que deriva en la rampante impunidad y criminalidad existentes en nuestras naciones.
Es el hecho que reconoció como candidato, el ahora ejecutivo salvadoreño: la corrupción, la criminalidad y la impunidad se encuentran ligados a la inacción orgánica del estado en su persecución y procesamiento, lo que alienta a más ciudadanos a acciones ilegales, por el enriqueciendo e impunidad derivados.
Señalemos un ejemplo: la evasión de impuestos en nuestro país se zanja con pérdidas de hasta $750,000,000.00 al año, es decir hasta un 30% de impuestos no recaudados, y hasta $900,000,000.00 por elusión (MINEH/2016 – CEPAL/2016), aumentando vertiginosamente la riqueza de los responsables cada año, es decir, hasta el 3,4% del PIB, lo que es un flagrante delito que corresponde a la FGR perseguir, y que sin embargo no persigue.
¿Por qué no lo persigue?
Tenemos acá entonces un caso descarnado de corrupción, el cual conocemos y padecemos; ¿Qué hará en tal caso la entidad prometida por la presidencia?
Es poco probable que en el plazo fijado se logre constituir, pero además subrayemos que tampoco cumple con las condiciones que son clave de su efectividad: la participación ciudadana. Tampoco son las UN la que contribuye con sus respetados juristas en su conformación, lo que hará la desacreditada OEA, que es un despropósito de sí mismo, pero además parece ser que será apenas un apéndice del ejecutivo, lo que anula su independencia descalificándola.
El desafío que significa tal entidad supera al ejecutivo, que bien haría en considerar cumplir a cabalidad su promesa, sin favorecer a los privados que demandan pervertirla, pues es su deber constitucional, y solo falta la voluntad ejecutiva para así hacerlo.
