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jueves, 21 de octubre del 2021

CICIES tendrá que imponerse a la débil institucionalidad, según abogados

Hay alternativas para poner el organismo anticorrupción en marcha sin pasar por la Asamblea, pero todaví­a se desconoce qué funciones le dará su mandato.

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El vicepresidente Félix Ulloa ha intensificado su campaña para anunciar la instalación de una comisión internacional que combata la impunidad y la corrupción. En ese afán, el presidente Nayib Bukele se comprometió a que habrá un “lanzamiento” antes de los 100 dí­as de su mandato, mismos que se cumplirán durante la primera quincena de septiembre 2019.

El plazo que Bukele consignó está cerca, pero todaví­a falta mucha información. Uno de los pocos detalles que han surgido a la luz es la intención de no pasar por la Asamblea Legislativa, al menos, para ponerla en marcha. También se sabe, desde la campaña, que el principal responsable de completar el proceso es el vicepresidente Ulloa.

Pedro Martí­nez, del Laboratorio de Investigación y Acción Social  Contra la Impunidad (LIASCI), explicó que sí­ hay maneras en las que el Ejecutivo puede prescindir de la discusión y proceso de votación de la Asamblea Legislativa. Puso, a manera de ejemplo, las facultades de la Fiscalí­a General de la República (FGR). “Su ley orgánica le permite crear una polí­tica de persecución criminal, y además, tiene las facultades para crear unidades especializadas de investigación de acuerdo a las necesidades y realidades, delictivas y criminalí­sticas, del paí­s”, explicó Martí­nez. Los expertos internacionales tendrí­an la función de asesorar al fiscal, en todo caso. 

Así­, mientras no sea una entidad independiente, sino que esté dentro de otra institución ya formada es “totalmente viable, legí­timo y legal” no pasar por el filtro del Legislativo, detalló Martí­nez. Los expertos internacionales tendrí­an la función de asesorar al fiscal, en todo caso. 

En diversas publicaciones a través de redes sociales, Ulloa ha aparecido con funcionarios de la ONU; entre ellos, el comisionado titular de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), el colombiano Iván Velásquez. También es conocida la relación cordial y cercana de la exfiscal Thelma Aldana con el presidente Bukele. Fue la dupla Velásquez-Aldana la que lideró el proceso penal contra Otto Pérez Molina (presidente) y Roxana Baldetti (vicepresidente) mientras aún ejercí­an su mandato. 

“Todaví­a tenemos en mente lo que pasó en Guatemala”, comentó Martí­nez. “La CICIG era independiente de la Fiscalí­a (en su mandato) pero no hizo nada fuera del contexto de las labores de la Fiscalí­a”, agregó.

Una perspectiva similar ofrece Tahnya Pastor, abogada que, igual que el miembro del LIASCI, ha estado activa en perseguir casos de corrupción. Pastor detalló que es posible que dentro de la Fiscalí­a se instale la CICIES, “como un convenio de colaboración con la Fiscalí­a”. Pero incluso si esto llegase a suceder así­, la abogada explicó que a estas alturas ya tendrí­a que haber avanzado el proceso interno dentro de la ONU -por ejemplo, una misión de exploración-, o del organismo elegido para que opere el organismo anticorrupción.

Sin embargo, Pastor explicó que uno de los inconvenientes es que la FGR tiene un tinte partidario muy marcado, pero es por que así­ funcionan las elecciones de todo tipo en el paí­s. “Todo depende del mandato que tenga”, recordó, que es precisamente la información que todaví­a falta conocer.

Martí­nez y Pastor recalcaron que la CICIES deberá enfrentar la débil institucionalidad como uno de los primeros obstáculos.

“No es la primera vez que vienen asesores externos” a dar su aporte en materia de persecución penal, dijo Martí­nez. “No ha quedado escuela y se ha perdido la capacidad”, lamentó. Incluso señaló que, con un organismo dedicado nada más a esto casos “vamos a tener investigaciones amplias, extensivas e intensivas y pondrán a prueba el sistema judicial”, advirtió el miembro del LIASCI.

Recordó el caso de Guatemala, cuando la exfiscal Claudia Paz dejó establecidas la bases y los estándares de lo que se esperaba ver como resultado del apoyo de la CICIG. Después llegó Thelma Aldana como sucesora y “no habí­a forma de echarse atrás” con lo que Paz habí­a iniciado, destacó Martí­nez. De hecho, en Guatemala se crearon los llamados tribunales de alto riesgo para llevar estos casos más complejos. 

De esta manera, fue construyéndose una nueva institucionalidad que permitió salir adelante con los casos.

Pastor también habló sobre este punto. “¿Institucionalidad? Eso es un chiste en este paí­s”, manifestó. “El paí­s está empobrecido de tanta corrupción e impunidad. El nivel de corrupción es obsceno”, agregó Pastor.

Luego advirtió que también se deben considerar reformas en el paí­s como incluir la figura de la querella adhesiva en materia procesal penal. En este tipo de acción para perseguir un delito, por obligación, se requiere la participación del Ministerio Público y se caracteriza también porque tiene peso la motivación o el interés social y estatal del presunto crimen que se persigue. 

Cambios concretos que se pueden esperar

Martí­nez recordó que la Constitución otorga las facultades de investigación del delito a la FGR y a la Policí­a Nacional Civil (PNC). Si la lucha contra la impunidad y la corrupción con un organismo internacional se concreta, el experto recomendó crear una nueva unidad en la PNC que se concentre exclusivamente en estos delitos. Martí­nez ha mencionado, en ocasiones anteriores, que solo en la FGR hay saturación de casos de investigación. De ahí­ la necesidad de proveer de recursos y personal dedicado a eso.

En este punto, citó el ejemplo del fiscal general, Raúl Melara, quien ha creado una unidad especial para investigar los casos de personas desaparecidas. También hay fiscales asignados para casos de los crí­menes cometidos durante la guerra civil de los ochenta.

Sobre este tema, Pastor dijo que una de las funciones en las que puede ayudar la CICIES es con la recuperación del dinero que se ha malversado en casos de corrupción. “Ni los testaferros se le van a escapar a la comisión internacional, van parejo corruptos y corruptores”, dijo Pastor, parafraseando también a lo que ha dicho Ulloa que hará. Los beneficiarios de las redes de corrupción que instalaron los expresidentes Antonio Saca (2004-2009, preso) y Mauricio Funes (2009-2014, prófugo) también entrarí­an en la investigación de los expertos de la comisión.

Incluso a quienes han logrado limpiar sus casos en la sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia se les puede volver a investigar, señaló la abogada.

El fiscal general Melara  ha dicho que la institución continuará investigando casos de corrupción “con o sin la CICIES” y que no disponen de más detalles sobre lo que el Ejecutivo piensa hacer. Bajo la gestión de Melara fue que se inició la acción penal contra el expresidente de la Corte de Cuentas de la República, Hernán Contreras, responsable de limpiar el informe de Probidad del expresidente Saca -entre otros. 

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Redacción ContraPunto
Nota de la Redacción de Diario Digital ContraPunto
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