La Corte de Cuentas de la República se encuentra analizando si existe o no un "posible cometimiento de ilícitos penales" en una de las contrataciones realizadas por el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) durante la pandemia COVID-19, informó el magistrado presidente de la institución, Roberto Anzora.
“Sí. De hecho estamos en el análisis de ver algún posible cometimiento de ilícitos penales, pero es algo que está en proceso, no pudiera darle detalles, estamos en esa valoración si se configura presuntos ilícitos penales en algunos manejos de fondos públicos", dijo.
El funcionario no detalló dónde podrían estar los posibles ilícitos de acuerdo a los auditores de la institución.
Entre los resultados, la Corte de Cuentas ha realizado 12 comunicaciones preliminares por la falta de insumos para los paquetes agrícolas adquiridos, errores o falta de controles, sin embargo, han tenido "menos colaboración" en el MAG.
Una comunicación preliminar no implica un "hallazgo" necesariamente, ya que son anomalías preliminares encontradas que deben esperar la respuesta de la institución pública auditada. Solo después de la explicación o versión de dicha oficina estatal, puede convertirse en un hallazgo o desvanecerse.
Sin embargo, la Corte de Cuentas aún no tiene la información sobre la compra de granos básicos realizada por el Gobierno con el fin de tener una reserva de alimentación en el país.
La Corte de Cuentas también está analizando los proveedores, los montos cantidades compradas y precios de las canastas alimentarias compradas por el MAG.
El magistrado Anzora aseguró que en dos instituciones que están manejando altas cantidades de dinero han tenido “resistencias” a que los procesos de fiscalización se desarrollen con normalidad.
“En el caso del MAG hemos recibido muy poca colaboración desde su titular hacia abajo. Hemos ido avanzando, pero muy a cuentagotas”, dijo el magistrado.
Por otra parte, el Centro de Asesoría Legal Anticorrupción (ALAC) de la Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE) interpuso una demanda fue impuesta por las acusaciones consisten en presunta violación al artículo 6 de la Ley de Ética Gubernamental que tiene que ver con los retrasos en los procesos administrativos.
Según los denunciantes, Anliker se ha mostrado en rebeldía para brindar información a la Corte de Cuentas de la República (CCR) para que pueda fiscalizar el manejo de los fondos públicos que ha hecho Agricultura durante la pandemia del COVID-19, entre ellos se destaca el uso de más de $20 millones para la compra de paquetes agrícolas.
El representante de la organización recordó que, el 11 de agosto, el ente contralor le dirigió una carta a Nayib Bukele, solicitando de manera urgente de su cooperación, para que girara instrucciones al ministro para que le proporcionase información a la CCR, sin embargo tampoco se obtuvo respuesta.
Ante esto, el ministro de Agricultura, Pablo Anliker, ha indicado que fue necesario actuar con anticipación para tener la disponibilidad de alimentos.
“El Salvador no tiene la capacidad de producir el 100% de lo que la población necesita. Hubiésemos provocado un desabastecimiento al instante, ya que al comprar todo lo que El Salvador produce, los precios se hubieran elevado de inmediato”, explicó.
Anliker indicó que fue necesario utilizar US$23.4 millones para comprar los granos en diferentes mercados: Estados Unidos, México y proveedores de Centroamérica.
Fue en esas circunstancias que dio los datos acerca de la reserva y de las compras efectuadas. Por ejemplo, El Salvador produce el 80 % del maíz que consume, un estimado de 20 millones de quintales en el año. En cuanto al frijol, se cosecha el 85 % de todo lo que se necesita, que equivale a más de 2.5 millones de quintales en el año.
Luego, en cuanto al arroz, la relación es diferente, pues siete de cada 10 quintales que se consumen, se compran afuera del país. Anliker agregó que en el Gobierno del Presidente Bukele se tomarán las medidas necesarias para poder avanzar hacia la autosuficiencia en la producción de alimentos.
De hecho, el ministro de Agricultura espera que este año se pueda satisfacer el 100 % de la demanda nacional de maíz blanco.
