Por: Alessia Genoves

Más de $2,6 millones de dólares de la hacienda pública fueron otorgadas al presupuesto de al menos diez exfuncionarios del partido Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), de los fondos de la Partida de Gastos Reservados, durante el quinquenio 2009-2014, período presidencial de Carlos Mauricio Funes Cartagena. Ahora confrontan la justicia, para determinar su participación en acusaciones relativas a los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

Desde su requerimiento penal, la Fiscalía General de la República (FGR) asocia las imputaciones al denominado caso “Saqueo Público”, en el que se acusa al expresidente de desviar al menos $351 millones de dólares del presupuesto del Estado. Las nuevas acusaciones se refieren a la “recepción” y al “ocultamiento” de mensualidades dinerarias de diez ex-funcionarios, de la presidencia y de ocho ministerios, facilitados por el titular del Ministerio de Hacienda de dicho quinquenio, Carlos Enrique Cáceres.

Los acusados responden a los nombres de “Carlos Cáceres, Calixto Mejía Hernández, Violeta Menjívar, Hugo Flores Hidalgo y Erlinda Handal Vega”, quienes no se ausentaron del proceso durante el requerimiento ni al término de la audiencia inicial. Sobre los señalamientos, también participan “José Velavino López Suárez; Manuel Orlando Quinteros Aguilar, Lina Dolores Pohl Alfaro; Salvador Sánchez Cerén y José Manuel Melgar Henríquez”, quienes estuvieron ausentes, pero fueron relevados por su defensa técnica.

Al término de la audiencia pública, el árbitro del Juzgado Segundo de Paz ordenó la detención provisional en contra de los primeros cinco imputados, y giró órdenes para decretar Alerta Roja, a través del mecanismo de búsqueda de Interpol, con el objetivo de localizar a los otros cinco sospechosos que permanecieron ausentes y que fueron declarados como “prófugos de la justicia”.

Ex-FuncionarioCargoEntregas
Salvador Sánchez CerénExpresidente de la República$530,000
Carlos Enrique CáceresEx-Ministro de Hacienda$210,000
José Guillermo LópezEx-Ministro de Agricultura$565,000
Manuel Orlando QuinterosEx-Ministro de Obras Públicas$290,000
Calixto Mejía HernándezEx-Viceministro de Trabajo$208,000
Lina Dolores PohlEx-Ministra de Medio Ambiente$177,000
Elva Violeta MenjívarExministra de Salud$177,000
Hugo Alexander FloresEx-Viceministro de Agricultura$174,000
José Manuel MelgarEx-titular del MJSP$150,000
Erlinda Handal VegaEx-Viceministra de Educación$162,000
Fuente: Declaraciones de la FGR del 25 de julio de 2021. Elaboración, Alessia Genoves, ContraPunto.

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El juicio, no obstante, ha sido definido como arbitrario y una “persecución política” para los correligionarios de los acusados. Asimismo, ha dejado ver “irregularidades procesales” por parte del árbitro de justicia, según lo declara, en sus observaciones, la defensa técnica de los acusados. A su vez, sostienen que las autoridades judiciales están actuando de acuerdo con los “lineamientos del actual presidente” salvadoreño, Nayib Bukele, por lo que manifestaron su desconfianza sobre el mismo.

Estamos en una clara desventaja, ya que estamos en una institucionalidad que ha sido vulnerada, en el sentido que se han impuesto a funcionarios en última instancia que, por lo tanto, hoy hay una responsabilidad entre los que están desarrollando la audiencia, para que se respeten las garantías y el derecho. Porque, son los titulares de las instituciones, tanto de la fiscalía como de la Corte Suprema de Justicia sabemos que han sido colocados en éstos espacios, impuestos, de manera ilegal, contra todo proceso; y que responden justamente a los intereses que tiene el presidente”, compartió ésta valoración a ContraPunto la diputada por el partido de izquierda, Anabel Belloso.

Entretanto, las imputadas Violeta Menjivar y Erlinda Handal ya se encuentran internadas en el Centro Penal de Mujeres de Ilopango; y los otros tres imputados, Cáceres, Mejía y Flores Hidalgo en el Centro Penal La Esperanza, conocido como “Mariona”, según lo confirmó anoche el titular de la Dirección General de Centros Penales (DGCP), Osiris Luna Meza.

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Las Pruebas Acusatorias

Desde su requerimiento inicial, el Ministerio Público presentó las pruebas de investigación iniciales ante la administración de justicia. En su declaraciones a la prensa, la representación fiscal detalla que el procedimiento de investigación ha iniciado desde el año 2019, con pruebas que identifican la adquisición efectiva de los fondos.

“Logramos, en el año 2019, incautar los recibos que acreditan que todas esas personas recibieron esas cantidades dinerarias al margen de la ley, las cuales fueron firmadas. Y hemos practicado experticia grafo-técnica en los recibos, y hemos determinado que la autoría de la firma corresponde a los ahora procesados”, explicó la representación fiscal.

También detalló que las entregas eran dinerarias y no sobresueldos; que se hacían desde la “Secretaría de la Presidencia de la República”, y que se dieron con instrucciones y autorización del señor Carlos Mauricio Funes, a cada uno de los funcionarios ahora procesados”.

Además, sostiene que los funcionarios “tenían que cumplir con algunos lineamientos para evitar, precisamente, que sea detectada ésta entrega ilegal de dinero. Entre esos lineamientos era el hecho de que no fuera bancarizado, que no fuera declarado; para evitar, precisamente, que fueran entregadas, precisamente, esas cantidades de dinero al margen de la ley”.

En la audiencia inicial, al menos cinco fiscales se hicieron presentes, con pruebas documentales, grafotécnicas, periciales y testimoniales. Las acusaciones formales además fueron sustentadas con las declaraciones de al menos dos de los acusados, que son procesados bajo la modalidad de “testigo criteriado”, por lo que que la FGR solicitó reserva parcial, condición con la que así fue ventilada en el proceso.

Tal y como lo detalló la defensa de Menjivar, el abogado Emilio González: “Hay dos testigos criteriados que han estado en el caso de Funes también. Ahorita hay una cuestión allí que hay unos sobres cerrados, tenemos que conocer el contenido es la parte inicial que vamos a abordar ahorita”.

Los Alegatos de la Defensa

Al término de la audiencia inicial, el árbitro de justicia decretó la nulidad sobre varias de los requerimientos y pruebas de descargo presentadas por la defensa de los acusados. Entre las peticiones, no validó el requerimiento de libertad condicional para los acusados, ni las objeciones por la ausencia de representantes legales en la presentación de pruebas documentales.

Hemos observado algunas contradicciones. Por ejemplo, la cuestión de la calificación grafotécnica de algunas firmas: no ha habido presencia del defensor particular ni del defensor público. Eso, para nosotros, vulnera el debido proceso”, alegó el representante de Menjívar, José González.

Por otra parte, también denunciaron que las acusaciones fiscales no se hicieron con las previas diligencias de la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia, instancia sobre la que se debían deducir las irregularidades en la administración del patrimonio de los ex funcionarios que están siendo acusados.

Cada funcionario tiene la obligación, para cada funcionario es un deber, de declarar sus bienes patrimoniales, es la declaración de probidad de entrada. Luego, la ley establece que al terminar la gestión hace la otra declaración de salida. Una vez está establecida la declaración de entrada y salida. Una vez está establecido el periodo constitucional que tiene, la sección de probidad tienen tiempo de revisar fallos que afectan la gestión o no. (…) Ese procedimiento no se ha hecho. Y somos enfáticos en decirlo, y está pendiente de hacerlo antes, de haber agotado la vía administrativa que corresponde a todos estos casos”, añadió el defensor, a ContraPunto.

La valoración de la defensa también fue compartida por los correligionarios del partido de izquierda. Según el ex secretario de comunicaciones de la presidencia, los procedimientos administrativos son consecuentes al “golpe de estado del 1 de mayo, que han puesto al sistema judicial sujeto al capricho del presidente de la república”, y a un “proceso de persecución política” de un “régimen dictatorial”, según lo declaró a ContraPunto.

No tiene fundamento el fallo, ya que el requerimiento fiscal no estaba acompañado de una resolución de la sección probidad de la Corte Suprema (de Justicia), que es la que podía establecer si hay un proceso o no de enriquecimiento ilícito”, añadió.

Los alegatos, sin embargo, fueron negados por la representación fiscal. Tras la resolución judicial, el Ministerio Público sostuvo que el dinero adquirido por los ex funcionarios no fue declarado en la Sección de Probidad; y que, por contra, a la recepción de los fondos fueron consecuentes las acciones de “ocultamiento”.

Ellos recibieron todas esas cantidades mensualmente, al margen de la ley, porque no provenían de su salario nominal, sino que eran cantidades de dinero que el presidente de la República habían autorizado que les fueron entregadas. Y ese dinero tenían intensiones de mantenerlo oculto. Es decir, que no se supiera, por parte de las autoridades, que ellos recibían ese dinero. Tenían instrucciones de no introducirlos en el sistema financiero, de no declararlos en el Ministerio de Hacienda, de no declararlos en la sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia”, declaró.

Los planteamientos del Ministerio Público también fueron reafirmados por al menos dos testigos criterios. “Hay dos testigos criteriados que han estado en el caso de Funes también. Ahorita hay una cuestión allí que hay unos sobres cerrados, tenemos que conocer el contenido es la parte inicial que vamos a abordar ahorita”, afirmó una de las representantes fiscales.

Sin embargo, en sus valoraciones, la defensa sostuvo la existencia de supuestas inequidades en el tratamiento judicial en la participación de los testigos criteriados.

Según lo expresó González, “los dos testigos criteriados. Si ellos tienen la condición de reos; y, además, de procesados, en éste proceso no lo tienen, pero para el juez sí y para la fiscalía. Estamos en contradicción ahí”.

Observaciones de ContraPunto

La apertura del proceso judicial se ventiló, desde las ocho horas de la mañana, en el Juzgado de Segundo de Paz del Centro Judicial Integrado de Segunda Instancia de San Salvador, un complejo administrativo que inició sus operaciones desde el pasado 21 de junio del presente año.

Desde el requerimiento oficial, del pasado domingo, la FGR demandó reserva parcial a la administración de justicia, entre otras cosas, para proteger la identidad de los testigos criteriados. El acceso sucesivo a la Sala de Audiencia estuvo restringido para la prensa, hasta el cierre de la Audiencia Inicial.

La presencia de elementos de justicia y de seguridad pública era evidente, con casi media docena de activos custodiando las afueras de la Sala de Audiencia, y puntos contiguos a la misma. También tuvieron participación en las afueras del edificio, con mayor presencia en la entrada principal, frente a la que se desarrollaba la manifestación de los correligionarios, hasta las once horas de la noche del pasado martes; y hasta las once horas de la mañana del día de ayer.

Para el egreso del complejo, los exministros se desplazaron por las cámaras traseras de la Sala de Audiencia, evitando el contacto con la prensa. Al ser trasladados Cáceres, Handal y Mejivar, ContraPunto observó la presencia previa de Mejía y de Flores Hidalgo en el microbús que los trasladaría a sus respectivos centros de penales. La noche de ayer, Mejía y Flores Hidalgo permanecieron en habitaciones separadas a la de Cáceres, del Centro Penal La Esperanza.

Al siguiente día, sin embargo, la prensa desconoció el egreso de los funcionarios, tres horas después de las declaraciones de la FGR. ContraPunto consultó a los periodistas y a los correligionarios del partido de izquierda por el egreso de los exministros, y las respuestas fueron negativas. Sin embargo, el personal de comunicaciones del Ministerio Público afirmó que los egresos tuvieron lugar en la zona trasera del edificio, y no en el portón principal, pero el hecho no fue confirmado.

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Por otra parte, ContraPunto no observó agresiones a periodistas por parte de las fuerzas de seguridad pública durante el proceso. Sin embargo, en el requerimiento, uno de los periodistas del equipo de noticias de Megavisión compartió experiencias de las agresiones que recibió a los colegas de la prensa. Otros hechos de agresión se dieron contra el noticiero estatal de Canal 10 y dos de sus periodistas, por parte de simpatizantes del partido de izquierda. Entre las personas agredidas, se identifica la reportera Lorena Martinez.

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