Por Benjamín Cuéllar Martínez
Realmente la lucha de las víctimas demandantes de “verdades esclarecidas, justicias debidas y reparaciones merecidas” –tal como se lee en el último comunicado de nuestra agrupación VIDAS– no ha sido ni es o será en vano. Dicho pronunciamiento fue emitido este sábado 22 de octubre, luego de que el denominado “cuerpo de oficiales generales en situación de retiro de El Salvador” protestara por las detenciones y el juzgamiento de Guillermo García y Francisco Morán. El primero, general retirado y exministro de Defensa y Seguridad Pública; el segundo, coronel también retirado y exdirector de la extinta Policía de Hacienda. Ahora circula otro panfleto, siempre defendiendo a ambos imputados, firmado por la XLII promoción de la Escuela Militar “Capitán General Gerardo Barrios”; esta fue la que se graduó en diciembre de 1973, bautizada como la tanda de los “Hermanos de acero”.
“Pachito estaba el río”, dicen en mi pueblo. Pero las víctimas de las atrocidades cometidas por agentes estatales –militares o integrantes de cuerpos represivos, escuadrones de la muerte u organismos paramilitares– desde hace rato comenzaron a alborotarles las aguas que hasta el 13 de julio del 2016 permanecían tranquilas; fue entonces cuando logramos hacer pedazos el “trapo chuco” de la amnistía bajo el cual se escondían y que, además, protegía a los responsables de graves violaciones de derechos humanos atribuidas a militantes de la insurgencia.
En el citado comunicado, los “Hermanos de acero” protestan “enérgicamente” y dicen acompañar “a las organizaciones que se han expresado por la injusta captura” de esos dos altos oficiales de la Fuerza Armada; de sus “compañeros de armas”, según ellos “detenidos y acusados ilegalmente”. Primero que nada, antes de esta promoción de la Escuela Militar, que yo sepa únicamente han brincado los miembros del mencionado “cuerpo de oficiales generales en situación de retiro de El Salvador”. Nadie más. Y eso de que sea ilegal el haberlos llevado ante la justicia, se los bota el mismo general García.
En febrero del 2013, cuando se realizaba la última jornada del juicio de inmigración al que lo sometieron en Miami, el juez que la presidía le preguntó cómo permitió que ocurrieran masacres y otras barbaridades cometidas por sus inferiores; más aún, ¿por qué no les puso paro? García respondió: “Como ministro de Defensa tenía la responsabilidad de resolver los problemas, pero cuando no hay entendimiento dentro de la institución armada es difícil para un conductor obtener respuestas de sus subordinados”. Agregó que su “responsabilidad” –¡ojo!– no podía “ser evadida en ninguno de los cargos” por los cuales comparecía ante el tribunal estadounidense, pero afirmó que esta era “muy diferente a la culpabilidad”.
Quiero que me expliquen algo, señores egresados en 1973 de la academia castrense guanaca, para quizás aceptarles que García y Morán no merecen ser juzgados y declarados culpables al menos por la masacre de cuatro periodistas holandeses y un grupo similar de compatriotas nuestros, ocurrida el 17 de marzo de 1982. Por esos hechos se encuentran sentados en el banquillo de los acusados este par de, como ustedes los llaman, “nobles soldados salvadoreños”.
Por ley era responsabilidad de García –entre otras– fiscalizar los actos y las resoluciones de las autoridades militares para que se ajustaran a las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias vigentes; también proponerle al presidente de la república y comandante general de la Fuerza Armada las remociones de funcionarios de la entidad. Bueno, entonces, si se cometían graves violaciones de derechos humanos en las narices de este jerarca militar y podía él oler el nauseabundo proceder de sus subalternos al ordenarlas, tal como lo reconoció en el tribunal estadounidense, ¿por qué no los destituyó? Eso se llama comisión por omisión; García, quien por su cargo se encontraba en posición de garante, debió haber actuado como tal y no lo hizo.
Me quedo con la curiosidad de saber si la totalidad de los integrantes de su promoción, señores, aprueba ese comunicado publicado a nombre de la misma. Esperaría que no pues, si de algo estoy convencido porque conozco bastantes, es que no todos los oficiales de la Fuerza Armada en aquella época fueron criminales o son ahora alcahuetes de criminales.
Para finalizar, sepan que no nos vamos a callar pues –como bien dice Erlinda viuda de Franco, del grupo fundador de Víctimas Demandantes (VIDAS)– así le estaríamos haciendo “el mandado a los que les conviene la impunidad. Nunca lograremos nada si vivimos guardando silencio. No olvidemos que somos las voces de los que están en el sepulcro por luchar contra la injusticia”.
Posdata: VIDAS cumplió apenas dos años de vida el pasado domingo 16 de octubre.
