El presidente de la República, Nayib Bukele, y sectores de la sociedad civil mostraron su indignación por el fallo de la Cámara Primero de lo Penal de San Salvador, con el cual se declaró incompetente e indicó que el magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Eduardo Jaime Escalante Díaz, no cometió delito al tocarle los genitales a una menor de edad sino que fue solo una falta.
Ante esto, el mandatario salvadoreño dejó sentada su posición al respecto a través de mensajes escritos en la red social Twitter.
“Pedimos a la Fiscalía General de la República y Corte Suprema de Justicia que el juicio sea repetido”, publicó.
Con esto, el mandatario mostró su claro desacuerdo por la resolución en la que solo se le impondrá el pago de una multa económica, en caso fuese encontrado culpable por el tribunal competente.
“Toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario, pero aquí ni siquiera se puede probar su culpabilidad o inocencia sino que se afirma que no existe delito posible ¿tocar los genitales de una niña no sería delito?”, cuestionó
Por su parte, el Consejo Nacional de la Niñez (CONNA), como institución del Estado, dejó en claro que todas las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a que se respete su integridad personal la cual comprende la integridad física, psicológica, cultural, moral, emocional y sexual, derecho reconocido en la Constitución de la República.
Por lo tanto, la institución se respaldó en el artículo 215 de la LEPINA que afirma que “ninguna autoridad judicial podrá invocar la falta o insuficiencia de norma o procedimiento expreso para soslayar ni justificar la violación o amenaza de los derechos de las niñas niños y adolescentes”.
Por su parte, la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD) mostró su plena solidaridad con la niña y su familia por el impacto humano, como es el daño emocional y psicológico que puede tener el efecto de esta resolución.
“Es crucial que la ciudadanía y el Estado no sean indiferentes frente a este caso, que es reflejo de la dramática realidad que viven miles de niñas y adolescentes en el mundo y en particular en El Salvador”, reza un extracto del comunicado emitido por la organización.
Mientras tanto, las organizaciones internacionales que forman la alianza “Joining Forces” exigieron que: “La Cámara Primera de lo Penal que analice y resuelva jurídicamente aplicando la normativa internacional y nacional relativa a los derechos de la niñez y adolescencia, para evitar la plena contradicción a la Convención sobre los Derechos del Niño, que establece en su artículo número 19, párrafo 1: Los Estados Partes adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño/a contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño/a se encuentre bajo la custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo”.
“También en el artículo 37, se refiere al derecho a la integridad personal: Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a que se respete su integridad personal, la cual comprende la integridad física, psicológica, cultural, moral, emocional y sexual…”, indica un extracto del comunicado emitido por las organizaciones.
El 18 de febrero en la residencial Altavista en la jurisdicción de Tonacatepeque, el magistrado fue acusado por una mujer quien afirmaba que él había agredido a su hija.
Según la denuncia, Escalante tomó de los hombros a una niña de diez años que jugaba en la en la calle y le tocó sus genitales. Luego, Escalante escapó mientras era perseguido por la madre de la niña y durante la huida dejó abandonado su vehículo propiedad de la CSJ.
Ese mismo día, el hombre fue capturado y quedó a las órdenes del presidente de la Asamblea, Norman Quijano, para que iniciara los trámites correspondientes de ley. Quijano informó al siguiente día que el magistrado estaba en casa y que tenía asignado un empleado legislativo.
El 22 de febrero, la Fiscalía General de la República solicitó a la Asamblea Legislativa que le quitara el fuero constitucional que gozaba y que impedía que el magistrado Escalante Díaz fuera procesado.
Cuatro días después de la petición, en una sesión plenaria extraordinaria los diputados autorizaron que se iniciara el proceso de antejuicio contra el magistrado de la Cámara Tercera de lo Civil y crearon una comisión especial.
El 1 de marzo anterior, la comisión especial dictaminó que era procedente levantarle la inmunidad al magistrado Escalante Díaz.
El fiscal General, Raúl Melara, escribió en su cuenta de Twitter que "desde que conocí la resolución manifesté mi decisión firme de apelar la misma".
