Por José Arnoldo Sermeño Lima
El Faro publicó el artículo “Gobierno de Bukele negoció con las tres pandillas e intentó esconder la evidencia”, del que hizo eco alguna prensa internacional. El artículo deja “sabor a poco” pues no analiza al fenómeno de las maras, sino que se limita a describir ingresos de funcionarios a penales para lo que califica como negociación. La entrevista por televisión que Daniel Valencia hizo a dos de los tres autores del artículo tampoco aportó un análisis.
Dada la gravedad del daño causado por las maras, es válido preguntarse qué puede hacer cualquier gobierno para eliminar o disminuir la acción de ellas en contra de la ciudadanía. Si uno enfoca la situación desde el punto de vista de las víctimas o de sus seres queridos, es comprensible que se reclame la ley del Talión. Pero ésta no conduce más que a una satisfacción particular y temporal. Además que en el país no está legalizada la pena de muerte ni los castigos degradantes.
Siendo las maras principalmente producto de una sociedad que no genera oportunidades, vienen a la mente los Jean Valjean -personaje de Los Miserables-, quien va a prisión por robar una hogaza de pan. Sin embargo, ello no es una justificación ante los ojos de las víctimas ni de sus próximos.
La sociedad actual es muy compleja. En los barrios “calientes” el joven exitoso no es quien fue buen estudiante pues, al graduarse, no encontrará empleo; sino que -como me decía en un grupo focal un vecino de esos lugares- el exitoso es el que escaló posiciones dentro de la mara, y que en su barrio tiene “los mejores carros, las mejores casas y las mejores mujeres”; ese que le da celulares a “niños bandera” y les recompensa monetariamente cuando le avisan que la policía ha ingresado a la zona. Ese es el referente en esos lugares. El buen estudiante no: termina emigrando al no encontrar opciones en su tierra.
Mientras tanto, las elites no ven la necesidad de introducir cambios. Continúan tratando de evadir o eludir al fisco, aduciendo la corrupción gubernamental -aunque la aprovechan para incrementar sus ganancias- con las consecuencias de marginación social. Las maras entonces son la otra cara de una elite que se opone al cambio; lo que provocó doce años de guerra civil con la muerte de aproximadamente ochenta mil personas, incluyendo la de un santo y de múltiples mártires -la mayoría de la sociedad civil-, cuyo delito fue impulsar un cambio. Fueron víctimas campesinos, obreros, religiosos, estudiantes, profesionales, etc. incluso hasta monjas norteamericanas y asesores de reforma agraria de USAID.
Las extorsiones y otros ilícitos causados por las maras son principalmente resultados de la ausencia efectiva del Estado para ofrecer trabajo y bienestar a todos los ciudadanos. A medida que el tiempo pasa, el control de zonas cada vez más amplias por parte de las maras es una amenaza para el conjunto de la sociedad, que trata de protegerse con seguridad privada dada la inoperancia de la que debería dar el Estado. Si las maras son producto de una sociedad injusta, uno debe preguntarse si una negociación con ellas es o no criticable, como enjuicia el artículo, principalmente si las estadísticas muestran como resultado una reducción de víctimas. Si son un producto social, ¿procede o no una negociación? Difícil responderlo.
El gobierno -independientemente del actual- debe tomar decisiones, para lo que tiene tres opciones: no hacer nada, y dejar que la situación continúe agravándose; en segundo lugar, establecer una política de combate con grandes, medianos o pequeños resultados, pero todos temporales por no llegar a la raíz del problema, e igualmente la situación seguirá agravándose; o la tercera: tratar de comprender el fenómeno para intentar solucionarlo de raíz.
Para que ello funcione se requeriría consolidar criterios en los miembros no marginados de la sociedad, para comprender -en primer lugar- que sería un proceso de largo plazo para obtener resultados concretos a medida que se avance en el mismo.
Además de resultados inmediatos, también deben buscarse de mediano y largo plazo. La sociedad no puede únicamente enfrentarse al actual marero, sino que debe evitar el surgimiento de nuevos. Su descendencia debe tener oportunidades que la sociedad negó a los padres, para que no corra la suerte de ellos, pero para ello se requiere de consensos. Eso no ocurrirá mientras las elites en el Triángulo Norte de Centroamérica continúen con calendarios cortoplacistas y pensando que -si la situación en sus países se agrava- ellos simplemente se irán al extranjero, dejando a sus países como bagazo. Ellos son los mismos que satanizaron el proceso llamándolo “tregua” cuando en 2012 el entonces Secretario General de la OEA, José Miguel Insulza, intentó apoyarlo.
Ha habido muchos estudiosos del delito desde distintos puntos de vista: legal, sociológico, psicológico, etc: Durkheim, Lombroso, Ferri, Solís Quiroga, Pérez López, Park, Shaw, McCay, Olavarría, Tocornal, Manzano, Fruhling, Alvarado, etc. Pero en la práctica los administradores de la cosa pública continúan buscando soluciones.
El fin último del Estado es el bienestar común de todos sus ciudadanos. Si el poder de las maras ha crecido, ¿qué hacer como Estado para combatirlas? Que un Estado modifique su Constitución para permitir la extradición de sus ciudadanos es una confesión de sus entes jurídico-policiales de su incapacidad para aplicar la ley en su territorio. Si ello ha sido aceptado por la sociedad, ¿será aceptable también negociar con las maras, si con ello se logra reducir los daños?
¿Qué hacer ante las maras, que han causado tanto dolor a gran cantidad de familias al herir, asesinar o extorsionar a sus miembros; y además que muchos de ellos trafican nacional e internacionalmente con sustancias ilegales? ¿Qué hacer con aquellos que guardan prisión en territorio nacional? Las leyes y convenios internacionales les confieren derechos; así como las tres grandes religiones monoteístas y varias politeístas llaman incluso a la compasión y al perdón para con ellos.
Los gobiernos salvadoreños de uno y otro extremo del espectro político han cerrado los ojos y dejado que el problema de las maras se acreciente. Después del intento de 2012, el gobierno de la época miró hacia otro lado…y el problema continuó creciendo. ¿Cómo abordarlo desde una perspectiva de desarrollo humano o desarrollo socioeconómico de poblaciones empobrecidas y marginadas, que se vuelven su base de sustentación? Es fácil criticar lo que se intenta hacer, pero ¿qué hacer para resolver el problema?
El cineasta norteamericano Michael Moore en su documental ¿Qué invadimos ahora? -al que adjudicaron en 2015 los premios Satélite, y los de la Crítica Cinematográfica y de la Asociación de Críticos de Chicago- “invade” varios países europeos buscando respuesta a problemas de Estados Unidos, mostrando -sobre este tema- a una sociedad noruega donde los privados de libertad -incluso asesinos- son reeducados en la confianza, y a un Portugal que cuenta con una policía más humana y logros al despenalizar las drogas.
En el Triángulo Norte de Centroamérica, las maras se fortalecen al vincularse con las redes del narcotráfico, tanto para el mercado local como en tránsito hacia los países desarrollados, especialmente a los Estados Unidos. Ellas también se mezclan con el tráfico de personas que emigran por no encontrar oportunidades en su propio país.
En la medida en que los países desarrollados sigan viendo los temas de maras o migración indocumentada con enfoques parciales, los resultados también serán limitados y temporales. Se requiere que apoyen una visión y combate integral a una realidad compleja, que incluye -entre otros- a factores de pobreza y desigualdad vinculados a inseguridad ciudadana y jurídica, entrelazada con amplias redes de corrupción pública y privada; con sistemas de salud y educación que no modifican patrones culturales atávicos -incluyendo al machismo- y medios de comunicación que más bien los nutren y hasta “modernizan”; así como sistemas educativo y jurídico cómplices al no educar ni penar el daño ambiental, agravando condiciones de pobreza y el efecto del calentamiento global, especialmente sobre poblaciones que viven en lugares de riesgo.
Una problemática tan compleja solo puede enfrentarse con visión integral, estableciendo consensos para establecer sociedades verdaderamente democráticas y solidarias y, en el caso de las poblaciones marginadas y delinquiendo -como las maras- tomando decisiones que lleguen a la raíz del problema, sopesando sin hipocresía los pro y contra de una negociación.
