miércoles, 11 de mayo del 2022
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BITCOIN: Norma Torres exige intervención de EEUU. El Salvador acumula $5 millones

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Congresista Norma Torres exige intervención de EEUU en informes de riesgos sobre adopción de BTC. La inversiones del gobierno crecen a $5,02 millones.

Por Alessia Genoves


Un peligro potencial”, así define a la adopción del Bitcoin en la economía salvadoreña la congresista de los Estados Unidos para Centroamérica, Norma Torres. Presentó ésta tarde la propuesta de la Ley de Responsabilidad por las Criptomonedas en El Salvador (ACES). La iniciativa fue acompañada por el congresista Rick Crawford, para quien busca asegurar la participación en la “regulación y protección del consumidor” del gobierno de los Estados Unidos sobre las finanzas de El salvador.

Aunque la aseguradora no toma en cuenta el intercambio de las divisas en $79,6 millones de dólares en oro, los congresistas reiteran en “producir un análisis en la adopción de Bitcóin”, frente a la “estabilidad económica, la gubernabiliad democrática” y en un “plan de mitigación de riesgos potenciales para el sistema financiero de los Estados Unidos”.

Regulación del Bitcóin

La posiblidad de que El Salvador reduzca el uso del dólar estadounidense” y el impacto bilateral con los Estados Unidos, son algunas de las preocupaciones manifiestas en la Ley de Responsabilidad por las Criptomonedas en El Salvador” (ACES, por sus siglas en inglés). Sin embargo, la propuesta despertó la reacción del presidente salvadoreño, Nayib Bukele:

“Nunca en mis sueños más locos hubiera pensado que el gobierno de los Estados Unidos tendría miedo de lo que estamos haciendo aquí”, expresó, en su cuenta de Twitter.

En las últimas horas, la propuesta fue reiterada por 2 de los 435 congresistas de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Rick Crawford y Norma Torres. Los mocionantes son apenas 2 entre los 100 senadores de la nación del norte: Jin Rish y Bob Menéndez, desde el pasado 16 de febrero. El documento exige al gobierno “presentar un informe sobre la adopción por parte del gobierno de El Salvador de una criptomoneda (BTC) como moneda de curso legal”.

La adopción de Bitcoin como moneda de curso legal por parte de El Salvador plantea preocupaciones importantes sobre la estabilidad económica y la integridad financiera de un socio comercial vulnerable de EE. UU. en Centroamérica”, es una de las principales justificaciones que plantea el senador Jin Rish.

El informe también requiere de una “descripción de los procesos seguidos por el Gobierno de El Salvador para desarrollar y promulgar la Ley del Bitcoin”, que fue aprobada el pasado 7 de septiembre de 2021. La ley secundaria, vigente, establece regulaciones sobre la adopción exclusiva del Bitcóin como moneda de curso legal. Entre otras cosas, prohíbe los pagos salariales en BTC; y la regulación de las inversiones a través del Banco Central de Reserva (BCR).

Los senadores además demandan constatar en el informe detalles sobre la “capacidad técnic de El Salvador para mitigar de manera efectiva los riesgos de integridad financiera y seguridad cibernética asociados con transacciones de activos virtuales”, y la compatibilidad de las transacciones virtuales con el marco regulatorio del país.

Las finanzas públicas

La congresista Torres asume la validez de las estimaciones de la aseguradora de riesgos Moody`s. El monto de la pérdida por la descapitalización del valor de las inversiones salvadoreñas en Bitcóin serían de unos $20 millones de dólares, de los $88,2 millones de dólares que el gobierno habría gastado.

El informe de gastos ha sido difundido públicamente por el presidente salvadoreño, Nayib Bukele. Sin embargo, Moody’s omite la venta de más de los 1,370 activos en Bitcóin, que el gobierno salvadoreño hizo, el pasado 3 de diciembre del año 2021. La venta fructificó en la acumulación de unos $79 millones de dólares, en 44,106 onzas de oro. El hecho se tradujo en la capitalización de un 15% en el valor de los activos.

En esa fecha, el presidente anunció la compra de otras 150 unidades de BTC, cuando cada unidad monetaria tenía un valor estimado de $48,670.46 dólares. Es decir, que la inversión era equivalente al gasto total de unos $7,3 millones de dólares, para esa fecha.

Hasta el pasado 21 de enero, el país ya había acumulado un total de 1801 unidades de BTC, en todo su historial de compra, que tiene un valor aproximado de $88,270,765 millones de dólares. Sin embargo, al menos 431 de ellas sería propiedad del Estado salvadoreño. Hasta el pasado 14 de febrero, las compras en BTC acumularían un capital de $5,022,187.11 dólares estadounidenses, de acuerdo al valor de la criptomoneda, hasta las 5:00 PM de ésta fecha.

Pese a la acumulación de capital que las inversiones están teniendo, en las últimas fechas, los senadores y congresistas aún demandan la emisión de informes sobre el impacto en la adopción de Bitcóin sobre “la estabilidad macroeconómica y las finanzas públicas de El Salvador, incluida la tributación (impuestos)”. También demandan informes sobre la “regla y norma democrática del gobierno de El Salvador”; y sobre “la población no bancarizada”; así como evidencias sobre el posible impacto a los “esfuerzos internacionales para el combate trans-nacional de las actividades ilícitas”.

Por su parte, el gobierno salvadoreño ha declarado la idoneidad sobre el uso del BTC, por las garantías de transparencia que promete la Blockchain. Sin embargo, hasta el 8 de diciembre del año pasado, cerca de 131 personas denunciaron al Estado, bajo la representación de la Fundación Cristosal, misma que declaró que hasta 1,200 personas fueron hackeadas de sus cuentas de Chivo Wallet, la aplicación oficial de almacenamiento e intercambio de activos regulada por la Ley Bitcóin.

Los senadores piden al gobierno rendir cuentas sobre las condiciones de la cobertura en ciber-seguridad; así como la estructura en el uso de internet. Por su parte, el gobierno ha contratado a la compañía de ciber-seguridad, Alphapoint para “fortalecer la plataforma Chivo Wallet”, e incrementar las condiciones de ciber-seguridad de la plataforma.

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Alessia Genoves
Periodista, redactora de ContraPunto, especialista en temas sociales, culturales y de género
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