Los diputados de la Asamblea Legislativa superaron este miércoles con 57 votos el veto presidencial a la reforma del artículo 70 de la Ley de Fiscalía General de la República. El presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén, vetó la iniciativa que buscaba fortalecer el combate y la prevención del lavado de dinero y activos en el país al considerarla inconstitucional.
Diputados de ARENA, PCN, PDC, GANA, el no partidario Leonardo Bonilla y Juan José Martel lograron los 57 votos que invalidaron la decisión del Ejecutivo.
La reforma ahora pasará nuevamente a revisión de Presidencia, quien deberá enviarla a la Sala de lo Constitucional para que esta decida si es constitucional o no.
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La decisión de Sánchez Cerén provocó la suspensión del país del Grupo Egmont de Unidades de Inteligencia Financiera. La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó que el argumento para justificar la decisión se debió a la decisión del Ejecutivo.
El fiscal General, Douglas Meléndez, dijo en una entrevista radial que de no revertir la aplicación de dicha decisión, El Salvador podría ser considerado un “paraíso fiscal”, y que eso podría ser contraproducente para el país
"En este momento estamos suspendidos, pero si esta reforma no entra en vigencia podemos ser expulsados. Esto significa que podíamos estar encaminados a ser considerados un paraíso fiscal y eso es contraproducente para el país", explicó Meléndez.
La embajadora de Estados Unidos en El Salvador, Jean Manes, también reprochó la decisión presidencial, y dijo que era una señal de falta de compromiso en la lucha contra la corrupción.
“Está enviando una señal clara que no hay compromiso en la lucha contra la corrupción”, dijo.
