El analista político, Roberto Cañas, considera que la idea de armar a civiles en contra de pandilleros es descabellada porque se estaría formando una organización que luego sería difícil de controlar, agudizando así la vorágine delincuencial.
“Civiles armados no es la solución, eso tiene muchos riesgos, como el de formar una organización que después nadie va a poder controlar. (“¦) Esto es populista, busca ganar simpatía a través de la necesidad de seguridad de la población”, expresó Cañas.
El presidente del Órgano Legislativo, Guillermo Gallegos, ha promocionado desde 2016 la idea de que la población civil debe armarse debido a la criminalidad ejercida por las maras, que según el Gobierno, son las principales responsables del cometimiento de la mayoría de delitos en el país.
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Ante esto, el 12 de abril de ese año presentó una pieza de correspondencia a la Asamblea Legislativa en la que proponía que los civiles que habitan comunidades asediadas por pandilleros puedan tener armas de fuego con el fin de salvaguardas sus vidas y retomar el control de su territorio.
“Debemos defender nuestras casa, nuestros bienes, nuestras vidas; y lo debemos hacer los mismos salvadoreños, por eso se vuelve importante la participación de todos. La PNC debe facilitar que la gente pueda obtener sus armas y se les facilite los trámites para obtener una”, aseveró en ese entonces el diputado.
Recientemente, la idea de Gallegos resurgió luego de que éste confirmara que financió armas de fuego a comunidades y las asesoró también “para su adecuado uso y legalización”. Lo anterior ha despertado desacuerdos con autoridades del gabinete de Seguridad, quienes han afirmado que el ciudadano que mate pandilleros será formalmente procesado.
“No toleramos que grupos que, argumentado el supuesto interés de deshacerse de personas que puedan haber participado en hechos delictivos o pandilleros, tomen la justicia y maten. Eso no lo podemos tolerar ni ver bien; los debemos investigar porque es un delito”, dijo el director policial, Howard Cotto.
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Para el analista, armar civiles para el combate a la delincuencia no es una solución aceptable a un estado de derecho porque tiene riesgos como: infiltración de delincuentes, abusos contra la población, venganzas personales y la conversión de algunos de estos grupos en nuevas organizaciones delincuenciales.
“El combate del crimen es competencia del Estado. En un orden democrático, el Estado tiene como una de sus finalidades primordiales garantizar la vida, la seguridad y las libertades esenciales”, expresó Cañas.
