Lo opuesto, la antítesis, todo lo contrario… Eso y más es lo que puede decirse sobre lo ocurrido en España y en El Salvador con el caso de la masacre en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), ejecutada hace 31 años. Entonces, es sabido y repudiado dentro y fuera de El Salvador, asesinaron de la manera más arbitraria y bestial a ocho personas pacíficas e indefensas: una adolescente, su madre y seis sacerdotes jesuitas. El objetivo principal era Ignacio Ellacuría, rector de esa casa de estudios. El resto fueron “daños colaterales”, pues la orden era aniquilarlo a él sin dejar testigos.
Pasadas tres décadas de semejante atrocidad y a dos meses de un nuevo aniversario de sucedida, en la península ibérica la Audiencia Nacional condenó presencialmente a uno de sus autores principales entre los imprescindibles: los que la ordenaron; ejemplarmente, a distancia, también a sus cómplices castrenses de alto rango y otros militares. Mientras tanto acá, pese al paso del tiempo y los acuerdos que terminaron la guerra también hace casi tres décadas, los politicastros y los poderes ocultos tras estos no dejaron que cambiara ni dejan que cambie en su esencia la Fuerza Armada de El Salvador (FAES). ¿Por qué? Porque pretenden tenerla a su disposición y mantenerla siempre a su servicio.
Así las cosas, no permiten siquiera que se escarbe en su pasado tenebroso quizás porque la proyectan con seguridad para ser ‒igual que antes‒ el sostén de gobiernos antidemocráticos, autoritarios y represivos. Por ello hay que conservarla “sin manchas”, cuando lo correcto sería que desapareciera igual que ocurrió en Costa Rica el 1 de diciembre hace ya casi 72 años.
En ese marco del acontecer nacional, el 8 de septiembre del año en curso dos de los tres magistrados integrantes de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia ‒José Roberto Argueta Manzano y Manuel Bolaños Sandoval‒ declararon la nulidad absoluta de una decisión del Juez Tercero de Paz de San Salvador; este había invalidado una sentencia arbitrariamente inconstitucional e ilegal mediante la cual, hace veinte años, la entonces titular de dicho tribunal sobreseyó definitivamente a seis de los “señores de la guerra” y a quien fuera su comandante general: Alfredo Cristiani. La barbaridad reciente de una “jurisprudencia” carroñera, lastimosa evidencia de lo podrido que continúa siendo el sistema de injusticia salvadoreño, fue emitida tres días antes de la condena de Inocente Montano en España como muestra clara de unas innegables antípodas.
Quien se salva dignamente en esta lamentable historia es el magistrado Leonardo Ramírez Murcia, pues votó contra esa infamante decisión. Él no compartió ese absurdo “no solo en los fundamentos sino también, en el sentido que se le da a la sentencia”. La salvajada en cuestión ‒sostiene‒ “formó parte de una política de represión y exterminio a ciertos sectores de la población civil”.
“La masacre de la UCA ‒continuó razonando‒ no puede amnistiarse por ser contrario [sic] a las reglas básicas del derecho internacional humanitario y de los Derechos Humanos, por constituir un crimen de lesa humanidad. Por lo que, además de no ser amnistiable, es imprescriptible, como ya se dijo, y por qué [sic], con la resolución de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, […] de fecha 13 de julio de 2016, que declaró inconstitucional la Ley de Amnistía, que impedía la investigación de estos hechos, ya no existe tal impedimento”. Por ello y otras razones, el magistrado Rodríguez Murcia consideró que los recursos presentados por algunos de los militares violadores de derechos humanos en este caso, debían declararse inadmisibles.
¿Hay forma de revertir tan impúdica falla contenida en ese impresentable fallo? Claro que sí. Queda en manos de la UCA hacerlo con todos los medios que cuenta, dentro y fuera del país. La comunidad internacional comprometida con el respeto de los derechos humanos aplaudió la sentencia condenatoria de Montano en España, a cuya jurisdicción universal se acudió con ese objetivo central: lograrla para meterle presión a las instituciones salvadoreñas, a fin de comenzar a revertir la impunidad que han propiciado en este y en innumerables hechos más. Debe hacerse con desbordante pasión y creativa imaginación.
Sola Sierra Henríquez, luchadora chilena en la causa de las personas desaparecidas por la dictadura pinochetista, decía con total convicción y atinada certeza que la imaginación era privilegio de las víctimas. Según ella argumentaba con buen juicio y experiencia, “el paciente inglés” ‒así apodaron en su país al dictador cuando fue detenido en un hospital londinense‒ no la tenía y por ello nunca siquiera sospechó que eso ocurriría. Mal habidos, poseía todo el poder y el dinero que pudo escamotear; sin embargo, carecía de la imaginación que le sobraba a sus víctimas, quienes echaron mano de todos los recursos habidos y por haber que se les ocurrieron para conseguir lo que consiguieron.
Ojalá que el esfuerzo iniciado y culminado en España sobre la masacre en la UCA, sirva de algo para cambiar la vergüenza internacional que sigue siendo el sistema de injusticia nacional.
