Unidos en ley, razón histórica y legitimidad moral por la educación pública
La Comisión de Finanzas del Congreso de la República (CFC) citó, a mediados de octubre, a las autoridades de la USAC para informarles que si querían que su presupuesto constitucional del 5% anual de los ingresos ordinarios de la nación se le concediera, tenían que rendirle informes financieros a esa Comisión. Las autoridades les hicieron ver a los miembros de la CFC (¡quienes son egresados de la USAC!) que eso no sólo es inconstitucional ─porque la entidad encargada de fiscalizar a la USAC es la Contraloría General de Cuentas─, sino que también resulta violatorio de la Autonomía Universitaria, la cual, constitucionalmente, no sólo es académica, sino también administrativo-financiera.
Como consecuencia de este desencuentro, la CFC propuso al pleno del Congreso un recorte de 259 millones de quetzales a la USAC (un 13% de su presupuesto, el cual ya cuenta con 700 millones de déficit), a la vez que planteó aumentar en 619 millones el presupuesto del ejército (un 29.7%). El recorte a la USAC es, por ley, punible (sic), o sea, ilegal, e implicaría cerrar casi todos sus Centros Regionales.
Las causas de esta agresión a la Universidad oscilan, en el imaginario de los analistas, entre la venganza de Jimmy y Jafeth por haber sido declarados non gratos por el Consejo Superior Universitario (y el retrato de Jafeth borrado de la galería de rectores), hasta una represalia del ala arzuista de la oligarquía por la postura que tomó la USAC en la administración pasada (y que la AEU mantiene) en favor del dionisismo ciciguiano, pasando por el impulso de una política educativa neoliberal por parte del poder oligárquico unificado, que pretende forzar a la USAC a echarse en brazos del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional para agilizar su proceso de privatización.
Estas particularidades pueden constituir una sola causa estratégica de la agresión oligárquica contra la educación pública, cuyo último bastión es la USAC, ahora que el envalentonado arzuismo fascista, en control del Estado, le ganó al dionisismo el pulso Iván-Jimmy y solucionó con ello, en gran parte, la pugna intraoligárquica por el control del Plan Alianza para la Prosperidad (PAP). Con esto alcanzó una buena cuota de poder en las elecciones del 2019 (¡ya arzudionisistas, ojo!), en las que la geopolítica tiene previsto un gobierno de “unidad izquierdoderechista” como máscara kabuki de la restauración oligárquica que implica el PAP.
Ante esto procede que todos los sectores carolinos nos unamos contra la CFC y la ultraderecha (¡ya interoligárquica, ojo!) en defensa del derecho pleno a la educación pública. También nos toca apelar al apoyo del movimiento popular, de clase, en esta lucha justa y necesaria. Tenemos la ley, la razón histórica y la legitimidad moral de nuestra parte.
