Uno de los mecanismos más importantes para mejorar las condiciones de vida de la población trabajadora y ampliar el mercado interno, la inversión privada y el empleo, es el aumento de los salarios, pues una población con más ingresos consume más y eso le permite a las empresas vender más. Al tener más ingresos, la población trabajadora también es más productiva, lo que es beneficioso para las empresas que producen para el mercado interno y para la exportación.
Pero la ANEP, con su propuesta de ajuste salarial de apenas 3% para los años 2016, 2017 y 2018, se opone a que las familias de trabajadores y trabajadoras puedan alcanzar un nivel de vida digna, a que las empresas vendan e inviertan más, generen más producción de bienes y servicios y creen más empleo. Con su propuesta, la ANEP reproduce una discriminación salarial en los sectores urbano y rural. Se opone permitir que se garanticen una pensión digna a las personas trabajadoras, “esto es moralmente condenable”.
Contrario a la ANEP, el gobierno propone llevar los salarios mínimos a 300 dólares en las empresas del área urbana y 250 dólares en el área rural. Dicho aumento sería de alrededor de 20% en el comercio, los servicios y las industrias, 42% en las maquilas y 112% en el agro.
Dicho ajuste salarial procura mejorar las condiciones de vida de 61,000 trabajadores y trabajadoras e inyectarle recursos al mercado de consumo, para que las empresas de todos los tamaños vendan más, produzcan más y generen más empleo. La propuesta del Gobierno procura que el ajuste salarial sea anual y no cada tres años, lo cual amerita una reforma al artículo 159 del Código de Trabajo.
Según datos oficiales del Ministerio de Economía, en 2015 El Salvador fue el país de Centroamérica con mayor crecimiento de las exportaciones de bienes (4%). El total exportado fue de $5,489.9 millones, o sea, $212.2 millones más que en 2014.
Las empresas exportadoras generaron 81,171 puestos de trabajo, es decir, 3,439 empleos adicionales respecto a 2014.
Ese año también creció el PIB en 2.5%, la mayor tasa desde hace ocho años. O sea, el país tiene condiciones económicas para que se haga un buen ajuste salarial.
Como Gobierno hacemos un llamado a la ANEP y al sector laboral representado en el Consejo Nacional del Salario Mínimo para que permitan que el debate sobre el salario mínimo sea público, pues es un tema de interés nacional. También un llamado al sector laboral para que vote junto al gobierno por un salario digno, que se acerque al costo de la vida, tal como lo demanda el Código de Trabajo, en su artículo 145.
(*) Ministra de Trabajo y Previsión Social
