Con los votos de 67 diputados fue avalada una segunda prórroga del régimen de excepción, el cual le ha permitido a las instituciones de Seguridad la detención de un aproximado de 35,000 terroristas señalados de generar zozobra entre la población salvadoreña.
“Tenemos nuestras convicciones firmes de que vamos a cambiar este país, todavía nos falta muchísimo a pesar del gran trabajo que se esta haciendo, y por eso es que vamos a seguir, no haremos oídos sordos a los llantos del pueblo, nos vamos a mantener con la fe puesta en Dios y con la confianza profunda de que estamos tomando las decisiones correctas”, manifestó el Presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro.
La medida, que se basa en el artículo 29 de la Constitución de la República, se extenderá por otros 30 días. El régimen de excepción fue aprobado el 26 de marzo y fue prorrogado por primera vez el 25 de abril.
“La violencia es una epidemia mundial, pero mientras aumenta en otros países, aquí va disminuyendo. Las cifras lo demuestran, respaldan que hemos tomado la decisión correcta y que la vamos a seguir tomando”, apuntó el jefe de fracción de Nuevas Ideas, Christian Guevara.
Desde la entrada en vigencia de esta medida, según la información proporcionada por la Policía Nacional Civil (PNC), en el país se han registrado 28 días sin homicidios. Mientras que, en lo que va del 2022, con el Plan Control Territorial se han alcanzado 35 días con cero muertes violentas.
El diputado Guevara contrastó estos datos con lo que sucedía durante pasados gobiernos, cuando El Salvador ocupaba uno de los primeros lugares entre los más violentos del mundo. En 2015, durante el gobierno del FMLN, se registró la cifra más alta de homicidios: 6,656.
“Estábamos en el top 3 de los países más violentos y muchas veces estuvimos en el primer lugar. Esa es la herencia que nos dejaron”, lamentó el parlamentario.
El funcionario también criticó la actitud de los dipustados de oposición al estar en contra de la voluntad del pueblo, pues no dieron sus votos para garantizar la protección de las familias salvadoreñas que viven en lugares en donde hay violencia por las pandillas.
El subjefe de fracción de la bancada cyan, Caleb Navarro, señaló que, durante los gobiernos del FMLN, el exministro de Gobernación, Arístides Valencia, y el exministro de Justicia y Seguridad, Benito Lara, otorgaron $433 mil a las pandillas, mientras que el candidato presidencial 2014 de ARENA, Norman Quijano, ofreció $100 mil a los terroristas.
Con la aprobación de la extensión del régimen de excepción quedan suspendidas la libertad de reunión e inviolabilidad de la correspondencia, así como el derecho de la persona capturada a ser informada sobre sus derechos y los motivos por los que se le aprehende.
Asimismo, la detención administrativa se alarga de tres a 15 días, con el fin de dar tiempo a las autoridades para presentar las pruebas necesarias contra los delincuentes.
Esta suspensión de garantías constitucionales permitirá a las instituciones de seguridad combatir con mayor efectividad y mejores herramientas legales la violencia y delincuencia.
Días atrás, el Presidente de la República, Nayib Bukele, se reunió con los funcionarios del Gabinete de Seguridad para analizar los resultados obtenidos a dos meses de haberse implementado el régimen de excepción.
En esta reunión se acordó enviar una nueva solicitud a la Asamblea Legislativa para prorrogar la medida, la cual ha permitido que la PNC y la FAES desempeñen una excelente labor en la defensa de los salvadoreños.
La diputada de Nuevas Ideas, Alexia Rivas, resaltó que gracias al régimen de excepción se ha reducido la violencia en un 85%, por ello, externó su total apoyo a esta medida.
“A nosotros no nos va a temblar la mano para combatir a los corruptos, mucho menos nos temblará para seguir generando seguridad. La oposición está del lado de los terroristas, de los delincuentes, la bancada de Nuevas Ideas está del lado de los salvadoreños honrados y trabajadores”, expresó.
Horas antes de la aprobación del decreto, funcionarios del Gabinete de Seguridad se presentaron al palacio legislativo a presentar la iniciativa.
El ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, amplió que de los cerca de 35,000 arrestos realizados se ha logrado que los jueces dicten prisión formal para más de 26,000 terroristas.
Asimismo, se han incautado 671 armas de fuego, 823 vehículos que estaban bajo el dominio de estas estructuras criminales, 7,733 celulares, $1.2 millones en efectivo y más de 24 mil porciones de droga, principalmente marihuana, también cocaína, crack y anfetaminas.
“Esta guerra va a continuar el tiempo que sea necesario. Esta guerra es hasta erradicar las pandillas del territorio salvadoreño. Nunca, en 30 años, se habían enfrentado así a las pandillas”, aseveró el ministro Villatoro, quien presentó la petición para prolongar el régimen junto con el titular de la Defensa Nacional, René Francis Merino Monroy, y el director de la PNC, Mauricio Arriaza Chicas.
El ministro Merino Monroy consideró que el régimen seguirá teniendo efecto hasta terminar con el flagelo de las maras y pandillas en el país.
“En el tiempo de ejecución del régimen la población honrada, los salvadoreños que quieren un mejor país, se han dado cuenta de la necesidad de continuar con el mismo”, afirmó.
El funcionario añadió que, para el Gabinete de Seguridad, al inicio del mandato del Presidente Bukele, la meta era ser el país más seguro de la región tomando como referente a Costa Rica.
“A este día, si comparamos los niveles de seguridad en los países de la región, El Salvador tiene mejores índices que Costa Rica. El promedio de homicidios diarios de El Salvador es debajo de uno, durante este régimen; si logramos mantener este nivel de operatividad, el país no está lejos de tener la paz que tanto ha anhelado”, aseguró.
Por su parte, el director de la PNC dijo que las instituciones de seguridad continuarán en guerra contra las pandillas con base a la Constitución de la República, leyes secundarias y con el debido respeto a los derechos humanos.
De acuerdo a las autoridades, el régimen de excepción fortalece la ejecución del Plan Control Territorial, con el que se han logrado desarticular estructuras criminales que operaban en el país, asediando los barrios y colonias.
