Hace casi cuatro años, el 10 de noviembre de 2014, cuando como hoy amenazaban vientos anunciando la privatización del agua, con este título ¡Agua! publiqué en un rotativo un artículo sobre el mismo tema.
Como si fuera hoy, el artículo iniciaba: “La amenaza de los vaivenes privatizadores no parece disiparse del todo. Consumada la privatización de ANTEL, las pensiones y otras… y haber estado a punto de consumarse la privatización de la salud, parecía que el nefasto fantasma se había disipado. Pero, no. Sin querer queriendo, el jueves 30 de octubre/2014, la derecha legislativa descarnó esas intenciones al negar los votos al dictamen favorable No.76, que ratificaba la reforma constitucional por el Derecho Humano al Agua y la Alimentación…”
Aquel dictamen favorable de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales de la Asamblea Legislativa, fechado el 27 de octubre/2014, fue conocido y no logró aprobación en la plenaria del 30 de octubre, con clara oposición y los votos negativos de los partidos ARENA y PCN. Y fue rechazado, sin duda, porque impedía la intención de que el sector privado y sus gremiales fueran los gestores y administradores del recurso agua, con criterio empresarial. Numerosas organizaciones asistentes aquel día a la plenaria, fueron testigos de la negativa de la derecha, que al final de la larga jornada fue de airada frustración. Mal presagio desde entonces, además, para la necesaria aprobación posterior de la Ley General del Agua.
Aquello es historia, pero una historia que revive hoy cuando la Asamblea Legislativa empieza a conocer un proyecto de la Ley del Agua que, según informaciones, la matemática legislativa, dominada por la derecha, sigue empeñada en convertirla en un instrumento legal privatizador, en perjuicio de los intereses populares. Y es que, los efectos socio- políticos de la aprobación de una Ley injusta y deshumanizada, no son tan simples. Toda legislación busca honrar, a nivel internacional, el recurso Agua como bien público. Por eso, mal mensaje será en materia de Derechos Humanos, si hay estancamiento-retroceso al retardar o no aprobar una legislación humanizada en materia de Agua, cuando la verdadera y universal intención debe ser lograr acceso directo al agua potable, al saneamiento popular y a la sanidad ambiental de los pueblos libres.
En cada país, el recurso hídrico en general es un Derecho Humano y, por tanto, huelga insistir en su importancia integral para la sociedad. En su libro Mínimum Vital, el maestro Alberto Masferrer sentencia: “… La tierra, el agua, el aire, la luz, el calor solar, con todas sus modalidades y potencialidades, son esas sustancias comunes, herencia y propiedad de todos los seres, y por consiguiente no apropiables a título perenne por ningún individuo, sino por usurpación que nada puede jamás justificar. Así, ningún hombre es dueño legítimo de la tierra; usa de ella en cuanto se lo permiten las leyes y costumbres creadas por la Colectividad, que es la sola y legítima poseedora…”.
Por tanto, es imposible que puedan aceptarse intenciones privatizadoras, que vuelvan discriminador el uso de este recurso, como parece pueda ocurrir -según destacan hoy denuncias públicas- al señalar que la bancada legislativa de la derecha ya ha aprobado los primeros artículos, evidentemente con señales privatizadoras, precisamente porque intenta conceder la administración del agua, a un ente dominado por la empresa privada. Si el agua es un Bien Público, no resulta muy lógico que lo administre la empresa privada ¿O sí?
Será materia pendiente la necesaria aprobación de una auténtica y humana Ley General del Agua, tal como lo espera y exige la conciencia popular, para garantizar el uso indiscriminado del vital líquido como bien público y que, a la vez, ponga fin a cualquier intención privatizadora. Cuestión de esperar…
