El magistrado suspendido del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Ulises Rivas, presentó una petición ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en Washington, en la que solicita que dicho organismo vigile el actuar de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) pues asegura que ha cometido violaciones sistemáticas a los derechos civiles, humanos y políticos en su contra y en la de algunos ciudadanos.
“Lo que queremos es que se instaure una audiencia pública donde pueda llegar el Estado salvadoreño, que se cite a los señores magistrados de la Sala de lo Constitucional y a nosotros como víctimas de sus resoluciones, y ahí que juristas experimentados a nivel latinoamericano decidan de forma imparcial, y no con las polarizaciones que se dan en nuestro país, si ese criterio es violatorio de los derechos humanos o es correcto”, expresó Ulises Rivas en rueda de prensa.
Rivas fue suspendido de su cargo como magistrado del TSE el pasado 24 de febrero. La Sala argumentó que tiene vinculaciones políticas al partido FMLN; sin embargo, el magistrado lo ha negado y en cambio, ha interpuesto denuncias en la Fiscalía General de la República (FGR) e interpuso un recurso de nulidad de la resolución que califica como arbitraria y que lo inhabilita de su cargo.
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“Como abogados y personas afectadas por la Sala de lo Constitucional, con ese criterio que tienen de si uno tiene una ideología o simpatía política, ellos ya dicen a separar a las personas, acudimos a la CIDH con la petición de revisar el actuar de la Sala porque es un criterio jurídico que daña los derechos fundamentales de cualquier salvadoreño que tenga la aspiración legítima de ejercer un cargo público en nuestro país”, señala.
Se ampara en el artículo 72 de la Constitución de la República, que hace referencia al derecho a pertenecer a los partidos políticos. Además la Convención Americana de Derechos Humanos establece la prohibición a los Estados a discriminar por razón de credo, sexo, políticas y otras.
Su petición ante la CIDH se suma a otras tres de salvadoreños que han denunciado ante ese organismo regional haber sido víctimas de violación a sus derechos humanos por parte de la Sala.
Otra denuncia es la de Carlos Mario Zambrano, diputado suplente del FMLN. En julio de 2016 la Sala declaró inconstitucionales a los diputados suplentes de esta gestión legislativa argumentando que su elección carece de legitimidad en el proceso eleccionario. Ante ello, Zambrano también ha solicitado a la CIDH juzgue sobre esa decisión.
“En agosto habría una audiencia en México para tratar distintos temas tanto de México como de Centroamérica y ahí podría abordarse ese tema”, dijo Zambrano, quien añadió que la CIDH mostró apertura a los casos salvadoreños.
De acuerdo con Ulises Rivas, el Estado tendrá que acatar la resolución de CIDH como Estado correcto y cumplidor de sus promesas. “Es obligatorio cumplirlo por ese carácter ético y moral que tienen las recomendaciones de organismos regionales protectores de derechos humanos como la CIDH”, concluye.
