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martes, 11 de mayo del 2021

Abriendo puertas a la justicia

Tras la reciente condena del coronel Inocente Orlando Montano, hay quienes preguntan por qué y cómo el caso de la masacre en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas ‒la UCA‒ fue a parar a la Audiencia Nacional de España. La causa principal para que Almudena Bernabéu y este servidor comenzáramos a imaginar tal posibilidad en el 2004, sometiéndolo a la jurisdicción universal, es responsabilidad del sistema salvadoreño al cerrarles las puertas a las familias que reclamaban justicia para sus víctimas. Lo hizo desde el principio fingiendo entre 1990 y 1991 que efectuaba un “juicio”, hasta que el 23 de noviembre del 2003 la Sala de lo Constitucional resolvió “no a [sic] lugar” a la demanda de amparo que ‒por negarles justicia‒ presentaron el 21 de noviembre del 2001; entonces hubo un voto disidente y valiente: el de la magistrada Victoria de Avilés, exprocuradora para la defensa de los derechos humanos.

No quedaba de otra: había que buscar formas válidas y legítimas para abrir esas puertas. Por ello, el Instituto de Derechos Humanos de la UCA acudió nuevamente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; esta había emitido el 22 de diciembre de 1999 un informe de fondo recomendando investigar de forma completa, imparcial, efectiva y expedita todas las responsabilidades materiales e intelectuales de la masacre, así como reparar integralmente a las familias de las víctimas y ajustar la legislación para dejar sin efecto la amnistía aprobada en 1993. Todo eso fue objeto del total desprecio estatal.

Asimismo, en parte fruto de las pláticas presenciales y el intercambio epistolar con mi persona, Bernabéu presentó el 13 de noviembre del 2008 ‒como acusación particular y pública en nombre de la familia de Ignacio Martín-Baró‒ una querella. La entonces abogada del Centro para la Justicia y la Responsabilidad (CJA, por sus siglas en inglés) procedió así con su colega Manuel Ollé, presidente de la Asociación Pro Derechos Humanos de España. Impulsarla fue crucial para condenar judicialmente a Montano por “cinco delitos de asesinato de carácter terrorista”. Pero no solo él debe etiquetarse como asesino terrorista. También sus compinches, altos oficiales de “La tandona” que decidieron y ordenaron tremenda atrocidad, para que pasen a la historia como lo que son y no como “héroes” ni referentes políticos o ‒¡mucho menos!‒ morales.

Por una cuestionable reforma a la normativa española, pese a haberlas incluido en la querella, tres víctimas de la masacre quedaron fuera del proceso debido a su origen salvadoreño. “Lolo” ‒así llamaban cariñosamente al jesuita Joaquín López y López‒ no era muy conocido en la UCA por no trabajar en esta pero sí era muy querido entre las mayorías populares a las que dedicó tres décadas de esfuerzos, contribuyendo a su educación desde las escuelas impulsadas por “Fe y alegría”. También Julia Elba y Celina Mariset Ramos, que abrazadas murieron acribilladas por el mandato de Montano y sus secuaces: ejecutar a Ignacio Ellacuría sin dejar testigos.

No obstante, fueron reivindicadas en el comunicado de prensa emitido por la Audiencia Nacional de España y deben serlo tanto en nuestra memoria histórica como por la institucionalidad salvadoreña. Esos son los nuevos retos y la mesa le ha quedado servida a la UCA para enfrentarlos, pues ya le apartaron del camino el obstáculo que durante 23 años pusieron los defensores de los criminales para evadir la justicia: desde el 13 de julio del 2016 no hay amnistía que impida en nuestro país investigarlos, procesarlos con todas las garantías judiciales para las partes como en España y ‒si procede‒ sancionarlos.

También debería acometer contra quien, por la cadena de mando del aparato organizado de poder durante la época, se encontraba en la cúspide del mismo: Alfredo Cristiani, por los delitos de comisión por omisión y encubrimiento. Igualmente contra el denunciado antes por la Comisión de la Verdad y recientemente en la Audiencia Nacional de España, por manipular y ocultar pruebas: Rodolfo Parker. También contra quienes protegieron y evitaron la  extradición de los militares, como Mauricio Funes acompañado de las y los integrantes de la Corte Suprema de Justicia que en agosto del 2011 resolvieron en tal sentido.

En cuanto a la memoria histórica, la UCA debería dejar de referirse prioritariamente al “caso jesuitas” para colocar en primer lugar y mencionar ‒siempre y con fuerza‒ a esas dos mártires salvadoreñas: una trabajadora y su hija estudiante. Ello contribuiría, además, a darles el lugar que merecen tantas y tantas víctimas humildes y anónimas de la barbarie en aquellos años.

Al empezar a pensar y platicar la alternativa de querellar en España hace dieciséis años, la idea original fue ganar allá y presionar acá para abrir ‒realmente y para siempre‒ las puertas de la justicia a quienes la reclaman. Hoy, pues, el desafío es que esta condena impacte el sistema nacional como ocurrió con el chileno tras la captura de Pinochet en Londres. Asimismo, queda la lección para nuestras juventudes: que no vivan a gusto en un país donde reina la impunidad que tanto daño les hace en su diario vivir. Semejante absurdo no puede ni debe seguir siendo parte de la cacareada “nueva normalidad”.

Benjamín Cuéllar
Benjamín Cuéllar
Salvadoreño, Fundador del Laboratorio de Investigación y Acción Social contra la Impunidad, así como de Víctimas Demandantes (VIDAS). Columnista de ContraPunto

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