El miércoles 30 de julio de 1975, estudiantes de la Universidad de El Salvador (UES) en San Salvador salieron a manifestarse en solidaridad con los estudiantes Instituto Nacional de Santa Ana (INSA) y el Centro Universitario de Occidente (CUO) reprimidos y golpeados en Santa Ana cinco días atrás; su ruta era salir de la UES hacia el Parque Libertad. Cerca de las 4:30 de la tarde, la marcha estudiantil fue violentamente reprimida sobre la 25 Avenida Norte justo en el paso a desnivel con la Calle Juan Pablo II, frente al edificio del Instituto Salvadoreño del Seguro Social. Los agentes policiales arrojaron gases lacrimógenos, y dispararon con armas de fuego, matando a varios estudiantes al instante. 44 años después de la masacre, aún no hay un registro oficial de cuántos estudiantes perdieron la vida.
Diecisiete años después de la masacre se firman los Acuerdos de Paz en el Castillo de Chapultepec. En el Capítulo 1, Numeral 1, Inciso F de estos acuerdos se suscribe que “El mantenimiento de la paz interna, de la tranquilidad, del orden y de la seguridad pública está fuera de la misión ordinaria de la Fuerza Armada como institución responsable de la defensa nacional”.
Martín-Baró, en 1988, señalaba que la guerra se podría definir por tres características: a) la polarización social, (b) la mentira institucionalizada, y (c) la violencia, que pasa de ser represiva a ser bélica, dando como resultado la militarización del país. Esta situación de guerra produce un trauma psicosocial. La polarización tiende a somatizarse, la mentira institucionalizada conlleva a poseer graves problemas de identidad y la violencia acerca una militarización de la misma mente.
¿Estas tres características descritas por Martín-Baró hace 31 años están definiendo la situación actual del país?
Las “nuevas políticas de seguridad” son un calco de las de los gobiernos anteriores, las dos diferencias que tiene el plan de seguridad de este gobierno son: el peligroso y excesivo fortalecimiento e incremento de las fuerzas armadas en funciones de seguridad pública (“por primera vez en décadas, iniciaremos un proceso masivo de reclutamiento en nuestras fuerzas armadas”) y la peligrosa aparición de los “falsos positivos”, término acuñado en el período del ex-presidente colombiano Álvaro Uribe (investigado por vínculos directos con el paramilitarismo en Colombia) como una denuncia hacia los asesinatos de civiles inocentes haciéndolos pasar como guerrilleros muertos. En el caso de El Salvador, los “falsos positivos” se podrían entender de dos formas: la primera, en el número de capturas vs el número de procesados (solo 3 de cada 10 capturas van a tribunales) y la segunda, con las muertes de supuestos pandilleros en enfrentamientos con policías o soldados que, por cierto, estas muertes son excluidas de las cifras de homicidios que muestra el gobierno. Para El Salvador, las muertes por enfrentamientos con la policía o soldados son menos importantes que otras, el Estado las considera tan poco trascendentales que se dejan de contar.
El desinterés y la apatía de los partidos que gobernaron el país después de los acuerdos de paz en la recuperación de la memoria histórica es una de las causas de que se repitan estas políticas de seguridad obsoletas y peligrosas.
La memoria histórica es un escudo contra el olvido. La memoria actúa como soporte de la verdad pública. La memoria sirve como sostén de la identidad social. La memoria mantiene viva la esperanza y la utopía de los pueblos. Muchos han insistido en que la única forma de saber lo que somos hoy es a través de la recuperación de la memoria histórica. Cuando se recupera la memoria se recupera la existencia misma, negada y sometida al olvido desde sofisticados dispositivos de poder. Cuando se recupera la memoria aprendemos que conmemorar fechas donde hubo violaciones a los derechos humanos es reivindicar y re dignificar a las víctimas. Cuando se recupera la memoria no se cometen los mismos errores del pasado. Cuando se recupera la memoria no se anuncia, con bombos y platillos, la incorporación de más de mil nuevos militares para la seguridad pública y, peor aún, si este anuncio se hace un día antes de la conmemoración de la masacre de los estudiantes perpetrada por militares que también realizaban labores de seguridad pública.
