Agni Castro Pita es jefe del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados en El Salvador, organismo bien conocido en el “triángulo norte” centroamericano. Castro Pita, recién publicó un medio nacional, afirmó que acá no hay “desplazamiento por control territorial o de personas” ni como “producto de un conflicto interno”.
“No estoy diciendo que no existe, estoy diciendo que no lo he mencionado”, insistió y pidió que quedara claro en la grabación. “He dicho que hay personas que dejan sus comunidades, sus hogares por la violencia o por cuestiones de inseguridad”; “porque la gente tiene miedo”.
Postura similar a la de las principales autoridades estatales salvadoreñas: negar o usar eufemismos para no hacerse cargo, como es debido, de una realidad lacerante para las mayorías populares en el país y ‒así‒ poder encararla con la debida responsabilidad.
El no aceptar la existencia del fenómeno y sus consecuencias, es confirmada en la misma nota por Sonia de Madriz ‒titular de la Procuraduría General de la República‒ quien “está a la espera de que el Ejecutivo” lo “reconozca (…) para poder intervenir”.
Sin embargo, el presidente salvadoreño –junto con sus colegas de Honduras y Guatemala‒ claro que lo reconocieron en el 2014, cuando presentaron públicamente el documento denominado “Lineamientos del Plan de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte”. En su texto se lee lo siguiente:
“La falta de oportunidades de empleo, la violencia y la reunificación familiar ‒se dijo‒ han sido las principales razones para emigrar de nuestra región. Encuestas recientes identifican a la violencia como el factor más apremiante para la migración de menores, seguido de la falta de oportunidades de empleo, mientras que sólo el 14% de los encuestados mencionó el deseo de reunificarse con sus familiares. Por otro lado, la migración adulta también identifica estas causas en los tres países aunque la falta de oportunidades es la más mencionada”.
Implícitamente lo están aceptando; detrás está el interés por los millones de dólares estadounidenses a recibir. Como sea, la situación es crítica por ser permanente y creciente. En agosto del 2010 se descubrieron en San Fernando, Tamaulipas, más de 70 cadáveres de personas que huían del infernal “triángulo norte” centroamericano en busca del “paraíso”; pero no pasaron del “purgatorio”.
¿Paró la huida tras ese fatal evento? Para nada; la emigración salvadoreña más bien se incrementó en cinco veces, según el Sistema continuo de reportes sobre migración internacional en las Américas. Y desde el 2012 en adelante se vio agrandada la cantidad de niños, niñas y adolescentes; hubo que asumir, en el 2014, que se estaba ante una “crisis humanitaria”.
Las causas del éxodo son estructurales, se afirma desde hace mucho tiempo. La solución está entonces, en contar con autoridades estatales capaces de enfrentarlas y superarlas de la mano con las víctimas. Quienes ahora ocupan esos espacios han mostrado incapacidad para entrarle con éxito a esa alta misión, pero no se irán voluntariamente. Habrá que desplazarlos con la fuerza de la organización social y la movilización popular.
