Por Alonso Rosales
La justicia de Nuevo México ordenó a Meta, la compañía matriz de Facebook, pagar US$ 25.000 millones por engañar a los usuarios sobre sus prácticas de privacidad, en una decisión que representa uno de los golpes judiciales más contundentes contra una de las mayores empresas tecnológicas del mundo.
El fallo, emitido el miércoles 21 de octubre de 2026 por el juez estatal Francis Mathew, se deriva de una demanda que acusa a la compañía de manejar inadecuadamente la información personal de los residentes de Nuevo México y de ofrecer información engañosa sobre la protección de sus datos. Meta anunció que apelará la decisión.
El caso vuelve a colocar bajo escrutinio el modelo de negocio de las grandes plataformas digitales, cuya rentabilidad depende en buena medida de recopilar información sobre sus usuarios, analizar sus comportamientos y utilizar esos datos para dirigir publicidad personalizada.
Cambridge Analytica: el escándalo que expuso la vulnerabilidad de Facebook
La controversia tiene sus raíces en 2018, cuando Facebook reconoció que Cambridge Analytica, una firma de análisis político, había obtenido indebidamente información privada de hasta 87 millones de usuarios de la plataforma.
Los datos fueron utilizados para elaborar perfiles de votantes estadounidenses, en un episodio que provocó indignación internacional y abrió un debate sobre los límites de la explotación comercial y política de la información personal.
El escándalo trascendió las fronteras de Estados Unidos y se convirtió en un símbolo de los riesgos que surgen cuando las plataformas digitales concentran grandes cantidades de información sin que los usuarios comprendan plenamente cómo se recopila, comparte o utiliza.
Aunque Facebook adoptó cambios en sus políticas de privacidad y posteriormente pasó a formar parte de Meta, las consecuencias legales y reputacionales del caso continúan años después.
Una condena basada en millones de infracciones
El estado de Nuevo México presentó su demanda contra Facebook en 2021. En septiembre de 2026, un jurado determinó que Meta había infringido la Ley de Prácticas Desleales del estado más de 43 millones de veces.
Al establecer la sanción, el juez Francis Mathew sostuvo que las declaraciones de la empresa sobre el control de los usuarios sobre sus datos no constituían hechos aislados, sino parte de un patrón sistemático de conducta.
El magistrado describió las prácticas cuestionadas como una estrategia destinada a engañar al público y consideró que la información proporcionada por Facebook sobre la privacidad de sus usuarios estaba vinculada al núcleo de su modelo empresarial.
La cuantía de US$ 25.000 millones convierte la decisión en un caso de enorme relevancia para el sector tecnológico. Sin embargo, el monto no debe interpretarse como una sanción definitiva e inapelable: Meta ha anunciado que recurrirá el fallo, por lo que el resultado judicial todavía puede cambiar.
Meta responde y acusa al estado de limitar la libertad de expresión
La compañía rechazó la decisión y cuestionó la interpretación legal del fiscal general de Nuevo México.
C. J. Mahoney, director jurídico de Meta, afirmó que la demanda podría hacer prácticamente imposible desarrollar negocios en el estado y acusó a las autoridades de intentar establecer nuevas restricciones sobre lo que las personas pueden expresar en internet.
La empresa sostiene que el caso mezcla cuestiones de privacidad con asuntos relacionados con la libertad de expresión. También manifestó confianza en que prevalecerá durante el proceso de apelación.
La disputa plantea una cuestión central: hasta dónde llega la responsabilidad de las plataformas por la manera en que administran los datos personales y qué obligaciones deben cumplir al explicar a sus usuarios cómo funcionan sus servicios.
Para las autoridades que defienden una regulación más estricta, la transparencia y el consentimiento informado son condiciones esenciales para proteger a los consumidores. Para las empresas tecnológicas, las exigencias regulatorias deben establecer límites claros que no interfieran indebidamente con sus operaciones ni con la expresión en línea.
Las batallas judiciales aumentan la presión financiera
La sanción de Nuevo México se suma a otros procesos que amenazan con elevar los costos legales y regulatorios de Meta.
En agosto, la empresa aceptó un acuerdo multiestatal de US$ 18.000 millones para resolver demandas que alegaban que sus plataformas habían generado adicción y perjudicado a menores de edad. Nuevo México no participó en ese acuerdo.
Según los resultados trimestrales divulgados el miércoles, Meta atribuyó parte de la diferencia entre sus ganancias esperadas y las obtenidas a un cargo relacionado con ese compromiso financiero.
La compañía informó de ingresos operativos cercanos a US$ 13.000 millones durante el trimestre terminado en septiembre. Según sus propias estimaciones, habría alcanzado casi US$ 23.000 millones de no haber tenido que asumir el cargo vinculado al acuerdo.
A principios de este año, Meta también recibió una orden de pagar casi US$ 1.000 millones en otro caso en Nuevo México relacionado con acusaciones de daños a menores. Asimismo, Meta y YouTube perdieron en marzo un juicio en Los Ángeles presentado por una joven que denunció haber sufrido daños vinculados al uso de sus plataformas. Ambas compañías tienen previsto apelar.
La sucesión de procesos judiciales muestra que los riesgos legales de las grandes empresas digitales ya no se limitan a multas por cuestiones técnicas. También abarcan la protección de menores, la transparencia comercial, el diseño de los servicios y el tratamiento de la información personal.
La paradoja de Meta: más litigios, pero también más ingresos
Pese a las controversias, el negocio de Meta mantiene un crecimiento significativo.
La empresa reportó ingresos superiores a US$ 64.000 millones durante el trimestre, un incremento interanual del 26 %. También señaló que sus inversiones en inteligencia artificial están mejorando la interacción de los usuarios, las recomendaciones de contenido y la eficiencia de su negocio publicitario.
El precio promedio por anuncio aumentó un 14 % interanual durante el periodo.
Meta también está apostando por sus productos de inteligencia artificial Muse, cuya aplicación de asistente personal fue lanzada en septiembre. La compañía afirmó que superó los 10 millones de usuarios y presentó nuevos modelos de IA para ampliar su oferta tecnológica.
Pero esa expansión exige inversiones extraordinarias. Los gastos de capital de Meta rozaron los US$ 35.000 millones durante el trimestre, aproximadamente un 80 % más que en el mismo periodo del año anterior.
La empresa elevó su previsión de inversión de capital para todo 2026 a un rango de entre US$ 135.000 millones y US$ 145.000 millones, en el extremo superior de sus proyecciones anteriores.
Los inversionistas, sin embargo, parecen mantener la confianza en la capacidad de Meta para transformar sus inversiones en inteligencia artificial en mayores ingresos. Tras la publicación de los resultados, las acciones subieron más del 3 % en las operaciones posteriores al cierre del mercado del miércoles.
Un precedente para el futuro de la economía digital
El caso de Nuevo México enfrenta dos realidades. Por un lado, Meta continúa generando ingresos multimillonarios y ampliando sus inversiones en inteligencia artificial. Por otro, acumula litigios que cuestionan la manera en que sus plataformas administran los datos y afectan a sus usuarios.
La magnitud de la sanción plantea interrogantes sobre el alcance de la responsabilidad empresarial en una economía donde la información personal se ha convertido en uno de los activos más valiosos.
El desafío no consiste únicamente en determinar cuánto debe pagar una compañíacuando incumple la legislación. También implica establecer mecanismos efectivos para que los usuarios sepan qué información entregan, cómo se utiliza y qué capacidad real tienen para controlar su circulación.
La apelación de Meta será determinante para conocer la solidez jurídica de la resolución y el alcance definitivo de sus consecuencias financieras. Mientras tanto, el proceso refuerza un debate que sigue abierto en Estados Unidos y en otras regiones: si el poder económico de las grandes plataformas digitales debe estar acompañado de obligaciones más estrictas de transparencia y protección de la privacidad.
Fuentes: CNN, reportaje de Clare Duffy, 21 de octubre de 2026; información judicial del estado de Nuevo México y resultados financieros trimestrales de Meta citados en el reportaje.
