Por Redacción ContraPunto
22 de octubre de 2026
Los nuevos informes internos utilizados por el Gobierno de Donald Trump para evaluar las solicitudes de asilo podrían dificultar que ciudadanos de El Salvador y otros países centroamericanos obtengan protección migratoria en Estados Unidos. Las evaluaciones sostienen que determinadas zonas de la región presentan niveles de criminalidad inferiores a los registrados en algunas ciudades estadounidenses, una conclusión que podría influir en las decisiones de las autoridades migratorias.
Según una publicación de la cadena estadounidense CNN, los documentos analizan las condiciones de seguridad en México, Honduras, Guatemala y El Salvador. Los informes fueron remitidos al Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), organismo encargado de tramitar las solicitudes de asilo.
Las evaluaciones del Departamento de Estado señalan que algunas zonas de estos países registran índices de criminalidad inferiores a los de ciudades estadounidenses como Baltimore, Houston y Memphis.
Sin embargo, la información también pone de relieve una contradicción: mientras estos documentos pueden utilizarse para cuestionar la necesidad de protección internacional de determinados migrantes, el propio Gobierno estadounidense mantiene advertencias de seguridad para sus ciudadanos que viajan a distintos territorios de la región.
La posibilidad de reubicación, un factor determinante
Uno de los elementos más relevantes de los informes es la afirmación de que las personas que sufren extorsiones, amenazas o abusos podrían trasladarse a otras zonas de sus países para protegerse.
Este argumento puede tener consecuencias importantes en los procedimientos de asilo, ya que las autoridades migratorias pueden evaluar si una persona tiene la posibilidad de encontrar seguridad dentro de su propio territorio antes de concederle protección en Estados Unidos.
Para los solicitantes salvadoreños, el análisis podría convertirse en un obstáculo adicional si los funcionarios consideran que las condiciones de seguridad permiten la reubicación interna. No obstante, la situación de cada solicitante debe evaluarse conforme a las circunstancias particulares de su caso y a los requisitos legales aplicables.
La existencia de mejores condiciones de seguridad en determinadas localidades no demuestra, por sí sola, que todas las personas estén libres de amenazas o que no puedan sufrir persecución.
La política migratoria de Trump endurece el acceso al asilo
La publicación de estos informes se produce en medio del endurecimiento de las políticas migratorias impulsadas por el presidente Donald Trump desde su regreso a la Casa Blanca, en enero de 2025.
Entre sus primeras medidas, el mandatario canceló las citas pendientes y puso fin al uso de la aplicación CBP One, que permitía a determinados migrantes sin visado gestionar una presentación en los pasos fronterizos habilitados para solicitar su ingreso a Estados Unidos.
Las cifras recopiladas por el centro independiente de análisis de datos Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC) reflejan la magnitud de las dificultades que enfrenta el sistema de asilo.
Según los datos citados por CNN, en junio de 2026 los jueces migratorios rechazaron el 94,1 % de las solicitudes resueltas durante ese periodo. Únicamente 771 personas obtuvieron protección, menos de una cuarta parte de las que la consiguieron tres años antes.
TRAC también documentó que 279 jueces migratorios fueron despedidos o renunciaron durante los años fiscales 2025 y 2026. La cifra equivale al 38 % de la plantilla que existía al cierre de 2024, de acuerdo con los datos citados en la publicación.
La reducción de personal judicial y el elevado porcentaje de solicitudes rechazadas reflejan un escenario cada vez más complejo para quienes buscan protección en territorio estadounidense.
Nuevas reglas podrían acelerar los procesos de deportación
Otro cambio relevante es una norma que entró en vigor en julio de 2026 y que permite remitir determinadas solicitudes directamente a los tribunales migratorios, donde los interesados pueden enfrentar procedimientos de deportación, sin pasar previamente por una entrevista con un funcionario de asilo.
La medida generó cuestionamientos por parte de una coalición de 21 fiscales generales estatales. En septiembre, el grupo expresó su oposición y advirtió sobre las posibles consecuencias del nuevo procedimiento.
Según el comunicado citado por CNN, el Departamento de Seguridad Nacional calcula que alrededor de 130.000 solicitantes podrían ser enviados anualmente a los tribunales migratorios sin realizar antes esa entrevista.
El cambio plantea interrogantes sobre el acceso efectivo a los mecanismos de protección, especialmente para personas que huyen de amenazas, persecución o violencia y que necesitan presentar sus argumentos ante las autoridades competentes.
El Salvador ante un nuevo escenario migratorio
Para El Salvador, los informes estadounidenses introducen un elemento adicional en el debate sobre la relación entre seguridad pública y migración. Si las autoridades de Estados Unidos consideran que las condiciones generales del país permiten a los solicitantes encontrar protección dentro de sus fronteras, algunas peticiones podrían enfrentar un examen más riguroso.
No obstante, la evaluación de la seguridad nacional no equivale automáticamente a una resolución negativa de todas las solicitudes de asilo. La legislación estadounidense contempla distintos fundamentos para conceder protección, y cada caso depende de sus hechos, de las pruebas presentadas y de los criterios legales correspondientes.
La diferencia entre la seguridad general de un país y el riesgo individual de una persona será, por tanto, un aspecto central en la evaluación de las solicitudes salvadoreñas.
El escenario también refleja una tendencia más amplia: el Gobierno de Trump continúa modificando los procedimientos migratorios y elevando las barreras para acceder al asilo. Para miles de centroamericanos, estas decisiones pueden determinar no solo la posibilidad de permanecer en Estados Unidos, sino también el futuro de quienes alegan que regresar a sus países representa un riesgo para su integridad.
Fuente de referencia: CNN, información sobre los informes internos de seguridad utilizados para evaluar solicitudes de asilo; datos de TRAC y comunicado de la coalición de fiscales generales estatales.
