Por: Martín Guzmán, Joseph E. Stiglitz
NUEVA YORK—El Fondo Monetario Internacional (FMI) está llevando a cabo una Revisión del Diseño y la Condicionalidad de los Programas, su primera evaluación importante desde 2019, antes de la pandemia de COVID-19. Ante el gran número de países que sufren desequilibrios macroeconómicos y dificultades de endeudamiento que debilitan gravemente sus perspectivas de desarrollo, las directrices del FMI para el diseño de programas, si bien siempre han sido importantes, cobran mayor relevancia que nunca.
La revisión del FMI debería abordar al menos tres aspectos críticos del diseño de los programas del FMI, con miras a reformarlos todos.
La primera es la condicionalidad de las políticas. Se supone que la financiación del FMI debe desempeñar un papel estabilizador, lo que significa que debe permitir la implementación de políticas macroeconómicas contracíclicas en países que no tienen acceso a otras fuentes de financiación. Nunca debe utilizarse para hacer frente a pagos de deuda insostenible.
Las propias normas del FMI establecen que, para acceder a los recursos del Fondo, la deuda de un país debe ser sostenible; de lo contrario, el país debe comprometerse a realizar esfuerzos para restablecer la sostenibilidad de la deuda mediante su reestructuración. La política del FMI de otorgar préstamos en mora permite al Fondo conceder préstamos a países que se encuentran en mora con otros acreedores, facilitando así el proceso de reestructuración.
Lo que no deberíamos ver es que el financiamiento del FMI apoye programas que incluyan políticas fiscales contractivas —por ejemplo, recortes a la inversión en infraestructura pública, educación y salud— mientras el gobierno continúa pagando deudas al sector privado o a otros acreedores que se niegan a proporcionar financiamiento para refinanciar dichas deudas. Esta situación se ha convertido en una tendencia preocupante en muchos países en desarrollo, como se explicó el año pasado en el Informe Jubileo del Vaticano para el Papa Francisco. En algunos años recientes, el financiamiento multilateral para los países en desarrollo parece haber favorecido una salida de fondos hacia el sector privado, en lugar de una expansión de la inversión nacional.
Los programas financiados por el FMI también deberían prevenir futuros movimientos de capital desestabilizadores. Cuando no se regulan, estos flujos tienden a ser procíclicos en las economías en desarrollo, lo que a su vez alimenta la volatilidad y la incertidumbre del tipo de cambio, socavando así la inversión. Además, los préstamos del FMI nunca deberían utilizarse para financiar la fuga de capitales. Es fundamental que las regulaciones de la cuenta de capital desalienten los flujos especulativos de carry trade y prevengan el uso indebido del financiamiento del FMI durante el período de estabilización.
La segunda característica del diseño de programas se refiere a los planes de contingencia. Los programas se basan en supuestos iniciales, pero la realidad es incierta y pueden existir desviaciones significativas de esos supuestos, sobre todo en un entorno global que se ha vuelto altamente impredecible.
El diseño de los programas debe proteger las inversiones cruciales para el crecimiento a mediano plazo, lo cual es esencial para garantizar la estabilización a largo plazo y evitar la trampa de programas sucesivos del FMI cuyo único objetivo sea refinanciar la deuda con el Fondo. Las inversiones en conocimiento e infraestructura, en particular, suelen sufrir una parte desproporcionada de los recortes cuando los programas se ajustan tras no alcanzar sus proyecciones iniciales.
Deben existir planes de contingencia para tales circunstancias. Si bien un número significativo de programas del FMI no han tenido el éxito esperado, pueden no alcanzar sus objetivos por diversas razones, como fallos en la implementación, deficiencias en el modelo subyacente o una nueva crisis adversa. Los planes de contingencia deben reflejar la causa del fallo.
En lo que respecta a los planes de contingencia, el Fondo debe ser especialmente sensible a las políticas y los procedimientos que socavan los procesos democráticos y la rendición de cuentas, incluyendo cualquier cosa que denote falta de transparencia y divulgación completa. Por ejemplo, el Fondo no debería llegar a acuerdos con un país —digamos, Bolivia, por citar un caso potencialmente relevante— y anunciar únicamente las políticas del escenario base, firmando al mismo tiempo una carta de confidencialidad como parte del acuerdo con el gobierno que estipule un aumento del impuesto al valor agregado en caso de un desempeño fiscal deficiente.
La tercera característica del diseño del programa que el Fondo debe abordar es la apropiación. Este es un criterio fundamental para los préstamos de acceso excepcional del FMI, es decir, los préstamos que superan ciertos límites. Los préstamos del FMI vinculan a gobiernos sucesivos e incluso a generaciones. La apropiación debe significar un apoyo político y social genuinamente amplio, no meramente el consentimiento del gobierno de turno, ni siquiera su compromiso, para implementar las políticas acordadas. Después de todo, el acuerdo del gobierno puede basarse en un cálculo de su propia supervivencia, en lugar del bienestar a largo plazo del país. Hemos visto casos en los que la política también ha influido en los prestamistas, incluso en el FMI.
Un posible criterio de propiedad sería la aprobación parlamentaria del acuerdo alcanzado entre un gobierno y el FMI. En una época marcada por el retroceso democrático, la transparencia, la rendición de cuentas pública y la propiedad son especialmente importantes hoy en día.
En última instancia, el éxito del FMI debe juzgarse por el impacto de sus programas de financiamiento en la estabilización y recuperación económica de los deudores en dificultades, así como en el bienestar de la población, incluyendo a quienes viven en la pobreza. El objetivo de los programas del FMI debe ser siempre mejorar los indicadores socioeconómicos de los países, no evitar los efectos adversos de un impago a corto plazo sobre otros acreedores, y mucho menos influir en los resultados electorales internos.
Martín Guzmán, exministro de Economía de Argentina, es profesor de la Escuela de Asuntos Internacionales y Públicos de la Universidad de Columbia y miembro de la Academia Pontificia de Ciencias Sociales y de la Comisión del Jubileo del Vaticano. Joseph E. Stiglitz, premio Nobel de Economía, es execonomista jefe del Banco Mundial, expresidente del Consejo de Asesores Económicos del Presidente de los Estados Unidos, profesor universitario en la Universidad de Columbia y autor, entre otros libros, de * El camino a la libertad: economía y la buena sociedad* ( WW Norton & Company , Allen Lane , 2024).
