Por Francisco de Asís López Sanz
«Toda decisión tomada durante un estado de tensión es más importante y más prolífica en resultados que la misma decisión tomada en un estado de equilibrio». La reflexión de Arturo Uslar Pietri resulta especialmente pertinente cuando una nación atraviesa una crisis de dimensiones históricas.
El doble terremoto que golpeó Venezuela el pasado 24 de junio ha añadido una tragedia humana de enormes proporciones a décadas de deterioro económico, corrupción, ineficacia y debilitamiento institucional. Más de 300.000 personas se han visto afectadas y la respuesta internacional ha comenzado a movilizar recursos de emergencia. La Unión Europea ha ampliado su ayuda humanitaria hasta 20 millones de euros. Pero una catástrofe de esta magnitud no solo obliga a atender la emergencia: también puede abrir una oportunidad para reconstruir aquello que durante años ha permanecido deteriorado.
Venezuela podría encontrarse, precisamente, ante uno de esos momentos que Karl Jaspers denominó «tiempo eje»: circunstancias excepcionales en las que las decisiones de una sociedad pueden orientar su futuro durante generaciones.
La cuestión, por tanto, no debería ser únicamente cómo reconstruir viviendas, hospitales o infraestructuras. La pregunta verdaderamente importante es qué país quiere construir Venezuela después de esta crisis.
La experiencia internacional demuestra que reconstruir una nación no consiste simplemente en aportar dinero, enviar fuerzas o sustituir unas élites por otras. He podido comprobarlo trabajando sobre el terreno en países tan diferentes como Guatemala, El Salvador, Timor-Leste, Etiopía, Egipto o Afganistán. En todos ellos he aprendido una lección sencilla: las sociedades poseen mecanismos propios de adaptación. Las familias, comunidades, organizaciones religiosas, empresarios, funcionarios y redes sociales perciben antes que nadie hacia dónde sopla el viento y actúan para proteger su futuro.
Por eso las transiciones políticas rara vez se desarrollan exactamente como habían previsto sus protagonistas.
Estados Unidos está desempeñando un papel central en la actual etapa venezolana. La Unión Europea, sin embargo, podría aportar algo diferente: una estrategia europea de reconstrucción basada menos en la lógica del poder y más en la recuperación de la sociedad.
Podríamos denominarla, tomando prestada una imagen de Miyamoto Musashi en El libro de los cinco anillos, una estrategia de «dos cielos».
El primero sería el de la emergencia: alimentos, medicinas, refugio, agua, atención sanitaria y reconstrucción inmediata de las zonas devastadas.
El segundo debería comenzar casi simultáneamente: reconstruir la confianza, las instituciones y las relaciones sociales que permiten que un país vuelva a funcionar.
Aquí España tiene una oportunidad singular.
Las organizaciones españolas de cooperación y acción social poseen experiencia, conocimiento y vínculos que podrían ser especialmente valiosos. Ayuda en Acción, Cruz Roja y otras organizaciones con presencia internacional pueden trabajar junto a organizaciones venezolanas, parroquias, asociaciones comunitarias y redes de la diáspora. No se trata de llevar a Venezuela una solución confeccionada en Europa, sino de ayudar a los venezolanos a reconstruir su propio país.
La diáspora debería formar parte de ese proyecto desde el principio. Millones de venezolanos viven hoy fuera de su país. Muchos poseen conocimientos, capital, empresas, contactos internacionales y, sobre todo, el deseo de regresar algún día. Convertir esa diáspora en parte activa de la reconstrucción podría ser una de las mayores inversiones de futuro.
España debería plantearse, asimismo, reforzar rápidamente su presencia de cooperación en Venezuela. Una antena de AECID que pudiera evolucionar hacia una Oficina de Cooperación Española permitiría acompañar sobre el terreno la respuesta humanitaria y preparar, cuando las circunstancias lo permitan, una estrategia de reconstrucción y fortalecimiento institucional.
FIIAPP podría aportar su experiencia en reforma y fortalecimiento de las administraciones públicas, prestando especial atención a aquellas instituciones que están más cerca del ciudadano: los municipios.
También sería conveniente que España promoviera dentro de la Unión Europea una iniciativa específica de financiación para la reconstrucción venezolana, coordinada con Portugal, Italia y otros países europeos con vínculos históricos, económicos o sociales con Venezuela. Canarias y Galicia, por sus relaciones humanas con el país, podrían desempeñar un papel especialmente relevante.
Pero ninguna reconstrucción será sostenible si no va acompañada de una solución política.
Venezuela necesita recuperar legitimidad, confianza y reglas de juego aceptadas por una mayoría suficiente de sus ciudadanos. Las conversaciones políticas actualmente abiertas pueden ser un primer paso, pero el objetivo último debería ser mucho más ambicioso: unas elecciones libres y creíbles que permitan a los venezolanos decidir su futuro.
Ese proceso debería incluir también a quienes durante años apoyaron al chavismo. La reconstrucción nacional no puede convertirse en una operación de vencedores y vencidos. Una parte de la sociedad venezolana ha vivido durante décadas bajo una determinada cultura política y no desaparecerá porque cambie el Gobierno. Hay que ofrecerle un lugar en el nuevo país.
Eso no significa impunidad.
Quienes hayan ordenado o cometido asesinatos, torturas o graves violaciones de los derechos humanos deben responder ante la justicia, con todas las garantías del Estado de derecho. Pero sería igualmente injusto atribuir automáticamente responsabilidad penal a miles de funcionarios, militares o empleados públicos cuya principal motivación durante años pudo haber sido simplemente sobrevivir en circunstancias extremadamente difíciles.
La reconciliación no equivale a impunidad. Pero tampoco puede confundirse con venganza.
La verdadera dificultad llegará probablemente después de la emergencia. Cuando desaparezcan de las portadas los edificios derrumbados, cuando disminuya la ayuda internacional y cuando otras crisis mundiales ocupen el espacio mediático, Venezuela seguirá necesitando reconstruirse.
Ese es precisamente el riesgo.
Si la guerra de Ucrania entra en una nueva fase, si aparecen otras catástrofes o si cambia el interés político de Washington y Bruselas, la atención internacional puede disminuir. Y Venezuela podría encontrarse nuevamente sola frente a sus problemas estructurales.
Por eso la ventana de oportunidad es ahora.
La Unión Europea debería pensar desde este momento en una estrategia de reconstrucción a cinco o diez años. No solamente en términos de PIB, inversión o infraestructuras, sino de confianza social.
La cooperación internacional sabe que sus efectos económicos directos pueden ser modestos en relación con el tamaño de una economía. Pero también sabe algo que las estadísticas difícilmente pueden medir: una escuela que vuelve a abrir, un municipio que vuelve a funcionar, un hospital que recupera sus servicios o una familia que decide regresar pueden generar algo mucho más difícil de cuantificar.
Esperanza.
Y quizá esa sea la principal tarea de la comunidad internacional en Venezuela: contribuir a que millones de personas vuelvan a creer que merece la pena reconstruir su país.
Uslar Pietri recordaba que las grandes decisiones nacen en tiempos de tensión. Venezuela atraviesa ahora uno de esos momentos.
La pregunta ya no debería ser solamente si Venezuela cambiará. La pregunta es qué clase de cambio será capaz de construir el propio país, acompañado por su diáspora y por una comunidad internacional que sepa ayudar sin sustituirlo.
Después del dolor llegará inevitablemente la incertidumbre.
Y entonces habrá que preguntarse:
Quo vadis, chamo?
