Redacción ContraPunto
El Salvador vive sobre una realidad que nadie puede cambiar: somos un país sísmico. Nuestra historia, nuestra geografía y nuestra ubicación entre placas tectónicas nos recuerdan permanentemente que el próximo gran terremoto no es una posibilidad remota, sino un fenómeno que, tarde o temprano, volverá a ocurrir.
La pregunta verdaderamente importante no es si volverá a temblar, sino cuántas vidas estamos dispuestos a perder cuando vuelva a ocurrir.
Y esa pregunta adquiere una dimensión dramática cuando observamos que, en pleno 2026, todavía existen edificaciones que arrastran daños estructurales de terremotos ocurridos hace cuatro décadas.
1986: una tragedia que no debemos olvidar
El 10 de octubre de 1986, a las 11:49 de la mañana, un terremoto de magnitud 5.7 sacudió San Salvador. El movimiento fue relativamente corto, pero su poca profundidad —alrededor de 10 kilómetros— y su localización bajo una zona densamente poblada multiplicaron su capacidad destructiva.
El saldo fue estremecedor: 1,530 personas fallecidas, más de 10,000 heridas y aproximadamente 200,000 damnificadas. Las pérdidas materiales fueron estimadas en alrededor de 1,031 millones de dólares.
Para comprender la dimensión de aquella tragedia basta recordar que el terremoto afectó severamente al sistema hospitalario. La CEPAL estimó que más del 90 % de la capacidad hospitalaria del área metropolitana resultó dañada y que los daños materiales superaron los 900 millones de dólares.
Pero existe una imagen que quedó grabada para siempre en la memoria nacional: el edificio Rubén Darío.
Aquel inmueble, ubicado en el corazón de San Salvador, se convirtió en el símbolo de una tragedia que pudo haber sido menor si se hubiera actuado oportunamente. El edificio ya había sufrido daños importantes durante el terremoto de 1965 y, pese a las advertencias sobre su vulnerabilidad, continuó funcionando hasta que el terremoto de 1986 provocó su colapso.
El Rubén Darío no debe ser solamente un recuerdo histórico. Debe ser una advertencia.
Veinte años después volvió a ocurrir
El Salvador volvió a recibir una brutal advertencia el 13 de enero de 2001, cuando un terremoto de magnitud 7.7 golpeó el país. Un mes después, el 13 de febrero, otro sismo de magnitud 6.6 volvió a sacudir el territorio.
El primer terremoto provocó 944 fallecidos, más de 5,500 lesionados, alrededor de 1.3 millones de damnificados, más de 108,000 viviendas destruidas y cerca de 170,000 dañadas. Las pérdidas económicas fueron estimadas por la CEPAL en unos 1,255 millones de dólares.
El segundo terremoto añadió centenares de víctimas y profundizó la destrucción. El balance oficial conjunto de ambos movimientos llegó a 1,159 fallecidos, 8,122 heridos y aproximadamente 1.58 millones de damnificados.
El Banco Mundial ha estimado incluso que las pérdidas económicas acumuladas por ambos terremotos alcanzaron alrededor de 1,850 millones de dólares, equivalentes aproximadamente al 13 % del PIB de aquel año.
Y nuevamente quedó demostrado que no solamente mata la magnitud de un terremoto. Mata también la vulnerabilidad de las construcciones, la ubicación de las viviendas, los deslizamientos y la falta de prevención.
Las Colinas, en Santa Tecla, es la prueba más dolorosa: un gigantesco deslizamiento sepultó centenares de viviendas y provocó aproximadamente 585 muertes.
¿Y qué hemos aprendido?
Han pasado cuarenta años desde 1986 y veinticinco desde los terremotos de 2001. Sin embargo, todavía encontramos edificios que fueron declarados inhabitables y que continúan siendo utilizados.
El caso de la Residencial Modelo, en San Jacinto, es particularmente preocupante. Los edificios 4 y 5 tienen cinco niveles y presentan daños estructurales acumulados. Las fachadas y escaleras muestran grietas, columnas debilitadas, concreto deteriorado y varillas expuestas. Lo más grave es que ambos inmuebles fueron catalogados como inhabitables y con bandera roja, pero alrededor de 30 familias todavía viven allí.
Esto no puede ser considerado simplemente un problema habitacional.
Es un problema de seguridad pública y de vida humana.
Una familia que vive en una estructura declarada inhabitable no puede ser abandonada a su suerte. Pero tampoco puede permanecer allí indefinidamente esperando que ocurra una tragedia.
Y lo mismo debe decirse de aquellos edificios antiguos del Centro Histórico y de sectores como La Praviana y sus alrededores que aún permanecen en pie después de décadas de deterioro y de haber soportado terremotos anteriores.
Estar de pie no significa estar estructuralmente seguro.
Un edificio puede parecer sólido desde la calle y, sin embargo, tener elementos estructurales debilitados que solamente un estudio profesional puede detectar.
No podemos esperar al próximo Rubén Darío
El Salvador necesita una política nacional de evaluación sísmica de edificios antiguos.
No basta con pintar fachadas, reparar grietas superficiales o colocar avisos.
Cada edificio que haya sido afectado estructuralmente por terremotos anteriores debe ser sometido a una evaluación profesional e independiente. Y los inmuebles que representen un peligro real para sus ocupantes deben ser desalojados.
En aquellos casos donde técnicamente se determine que la estructura no puede ser rehabilitada de manera segura y económicamente razonable, el Estado debe proceder a una demolición controlada, con todas las garantías técnicas y legales.
Pero existe una condición fundamental: no se puede sacar a una familia de una vivienda peligrosa para dejarla viviendo en la calle.
La solución debe ser integral.
El Estado debe garantizar vivienda segura y digna a las familias que actualmente ocupan edificios declarados inhabitables. Deben existir programas de reubicación, subsidios, vivienda social y mecanismos que permitan que las personas permanezcan cerca de sus comunidades, escuelas, empleos y redes familiares.
La seguridad estructural no puede convertirse en una condena a la pobreza.
También debemos revisar los edificios públicos
La misma lógica debe aplicarse a edificios de oficinas, escuelas, hospitales, mercados y demás instalaciones donde diariamente se concentran cientos o miles de personas.
Un edificio público que no garantice seguridad estructural debe ser evaluado, reforzado o, si no existe otra alternativa viable, declarado inhabitable y demolido de manera controlada.
No podemos esperar a que un terremoto decida por nosotros cuáles edificios eran seguros y cuáles no. Eso sería repetir exactamente la lección del Rubén Darío.
El próximo terremoto no preguntará cuánto dinero tenemos
La Dirección General de Protección Civil reconoce que El Salvador está expuesto a terremotos por su ubicación tectónica, su actividad volcánica y la existencia de fallas locales. San Salvador, además, tiene una larga historia de grandes terremotos y por eso ha sido conocido como el “Valle de las Hamacas”.
El país ha mejorado en materia de respuesta, rescate y atención de emergencias. Los cuerpos de socorro poseen hoy mejores equipos y existe mayor experiencia institucional que en 1986. Pero la preparación ante un terremoto no puede limitarse a tener buenos rescatistas después de que los edificios hayan caído.
La verdadera preparación comienza antes del terremoto.
Comienza con edificios seguros.
Comienza con inspecciones.
Comienza con mapas de riesgo.
Comienza con normas de construcción que se cumplan.
Comienza identificando las estructuras antiguas que ya no ofrecen garantías.
Y comienza, sobre todo, poniendo la vida humana por encima de cualquier interés económico o inmobiliario.
El Salvador no puede permitirse que dentro de algunos años tengamos que escribir nuevamente la historia del Rubén Darío, pero esta vez con otro nombre.
No podemos esperar a que una estructura colapse para reconocer que era peligrosa.
No podemos permitir que una familia muera porque no tuvo dinero para alquilar o comprar una vivienda segura.
No podemos aceptar que edificios declarados inhabitables continúen ocupados durante años.
Un terremoto es un fenómeno natural. Una muerte provocada por nuestra negligencia puede ser una tragedia evitable.
Por eso, la pregunta “¿Cuán preparado está El Salvador para afrontar un terremoto?” debe tener una respuesta mucho más exigente que “tenemos equipos de emergencia”.
La verdadera respuesta estará en cuántos edificios inseguros hayamos identificado, cuántos hayamos reforzado, cuántos hayamos demolido y cuántas familias hayamos trasladado a lugares seguros antes de que la tierra vuelva a moverse.
Porque cuando llegue el próximo gran terremoto, ya no habrá tiempo para inspeccionar edificios. Ya no habrá tiempo para desalojar. Ya no habrá tiempo para discutir.
El momento de prevenir es ahora.
