Por Alonso Rosales
Observador Internacional
Los préstamos informales, conocidos popularmente como “gota a gota” o créditos de usura, continúan expandiéndose en El Salvador como una alternativa para miles de micro y pequeños empresarios que no logran acceder al sistema financiero formal. Un estudio presentado por la Asociación de Organizaciones de Microfinanzas de El Salvador (ASOMI) y el Observatorio MYPE de la Fundación Salvadoreña de Apoyo Integral (FUSAI) revela que este mercado mueve alrededor de $1,251.5 millones al año, una cifra que refleja la magnitud de un fenómeno que preocupa tanto al sector financiero como a las autoridades.
La exclusión financiera impulsa el crédito informal
La investigación concluye que la principal razón por la que las micro y pequeñas empresas (mype) recurren a prestamistas informales es la dificultad para acceder al crédito bancario o de instituciones reguladas.
Los datos muestran que:
- 52.8 % de las mype se autoexcluyó del sistema financiero formal.
- 34.6 % utiliza simultáneamente préstamos formales e informales.
- 12.6 % acudió a prestamistas particulares después de que una institución financiera rechazara su solicitud.
Esto significa que más de la mitad de quienes recurren a estos créditos ni siquiera intenta obtener financiamiento en el sistema financiero, debido a que consideran excesivos los requisitos, los trámites o las garantías exigidas.
Emergencias y necesidad de capital
El estudio también revela que el 78.8 % de quienes actualmente utilizan préstamos informales anteriormente fueron clientes de instituciones financieras.
Entre las razones que los llevaron a abandonar el sistema formal destacan:
- 43.5 % por una emergencia familiar.
- 41.7 % para mantener funcionando su negocio.
- 36.3 % para pagar otras deudas.
En muchos casos, la urgencia por obtener dinero hace que los microempresarios acepten préstamos con condiciones extremadamente costosas, incluso sin contratos escritos o sin conocer el verdadero costo financiero.
¿Cuál es la tasa máxima permitida por el Banco Central?
En El Salvador, la Ley Contra la Usura establece que el Banco Central de Reserva (BCR) fija cada semestre las tasas máximas legales que pueden cobrar las instituciones financieras según el tipo de crédito.
Para el período comprendido entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2026, la tasa máxima efectiva anual para el segmento de microempresa de subsistencia (préstamos de hasta 12 salarios mínimos) es de 96.88 % anual, la más alta autorizada por la legislación salvadoreña.
En otros segmentos de microcrédito, los límites son:
- 58.10 % anual para microempresa de acumulación simple.
- 38.63 % anual para microempresa de acumulación ampliada.
La normativa también establece que cualquier operación de crédito que no pertenezca a un segmento específico tampoco puede superar el 96.88 % anual, considerado el techo legal vigente.
Sin embargo, los especialistas advierten que muchos prestamistas informales operan completamente fuera del marco regulatorio y llegan a cobrar intereses diarios o semanales que, al anualizarse, representan varios cientos o incluso miles por ciento, además de aplicar cobros mediante amenazas o mecanismos de presión ilegales.
El costo del “gota a gota”
Los créditos informales suelen caracterizarse por:
- Aprobación inmediata.
- Sin revisión de historial crediticio.
- Sin garantías formales.
- Cobros diarios o semanales.
- Intereses muy superiores a los autorizados por la ley.
- Métodos de cobro intimidatorios.
Aunque inicialmente parecen una solución rápida, muchas microempresas terminan destinando una parte importante de sus ingresos únicamente al pago de intereses, sin reducir significativamente la deuda original.
¿Qué piden los microempresarios?
El estudio señala que las principales solicitudes de las mype hacia las instituciones financieras son:
- Reducir las tasas de interés (72.4 %).
- Flexibilizar los requisitos para acceder al crédito (41 %).
Además, durante la presentación del informe se propusieron diversas medidas para ampliar la inclusión financiera, entre ellas:
- Mayor innovación en productos financieros.
- Simplificación de los procesos de aprobación.
- Revisión de la Ley Contra la Usura.
- Fortalecimiento de la educación financiera.
- Mayor cobertura para sectores productivos tradicionalmente excluidos.
Un desafío para la economía
Las micro y pequeñas empresas representan uno de los principales motores del empleo y del desarrollo económico en El Salvador. Sin embargo, la falta de acceso a financiamiento formal continúa empujando a miles de emprendedores hacia mercados de crédito no regulados, donde los costos financieros y los riesgos personales son considerablemente mayores.
Especialistas consideran que ampliar la inclusión financiera, reducir la burocracia para acceder al crédito y ofrecer productos adaptados a las necesidades reales de las mype será determinante para disminuir la dependencia de los préstamos informales y fortalecer la sostenibilidad del sector productivo.
Fuentes
- Estudio de la Asociación de Organizaciones de Microfinanzas de El Salvador (ASOMI).
- Observatorio MYPE de la Fundación Salvadoreña de Apoyo Integral (FUSAI).
- Banco Central de Reserva de El Salvador, Tasas Máximas Legales vigentes del 1 de julio al 31 de diciembre de 2026.
- Superintendencia del Sistema Financiero (SSF), información sobre tasas máximas autorizadas.
