Por Carlos Santos
Durante meses, el gobierno salvadoreño sostuvo que la investigación por el asesinato de los seis sacerdotes jesuitas y de Elba Julia Ramos y su hija Celina avanzaba. Sin embargo, mientras esa versión se difundía públicamente, en Washington se acumulaban informes de inteligencia que dibujaban un panorama muy distinto.
Los documentos desclasificados de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y del Departamento de Estado muestran que, desde las primeras semanas posteriores a la masacre del 16 de noviembre de 1989, el gobierno de Estados Unidos manejaba información que apuntaba hacia una operación organizada por la estructura militar salvadoreña y a un posterior esfuerzo por controlar políticamente sus consecuencias.
Uno de esos documentos, fechado el 14 de enero de 1990, recoge información difundida por Radio Venceremos y monitoreada por la inteligencia estadounidense. Según ese reporte, el presidente Alfredo Cristiani preparaba una estrategia destinada a deslindar al Alto Mando militar de la responsabilidad directa en los asesinatos y presentar el crimen como el resultado de una acción aislada de oficiales subordinados.
Cinco meses después, otro informe de la CIA, fechado el 13 de junio de 1990, incorporaba un elemento mucho más preciso: el testimonio de una fuente que afirmaba haber presenciado los movimientos dentro de la Academia Militar durante las horas previas a la masacre.
LA REUNIÓN QUE PRECEDIÓ AL CRIMEN
El informe describe una inusual concentración de la cúpula militar la tarde del 15 de noviembre de 1989.
Entre los asistentes figuraban el jefe del Estado Mayor Conjunto, René Emilio Ponce; el comandante de la Fuerza Aérea, Juan Rafael Bustillo; el coronel Francisco Elena Fuentes; el director de Inteligencia Nacional, Carlos Mauricio Guzmán Aguilar; además de mandos de la Guardia Nacional, la Policía Nacional y oficiales vinculados al Batallón Atlacatl.
El documento no afirma expresamente que durante aquella reunión se impartiera la orden de asesinar a los jesuitas. Pero sí revela que la inteligencia estadounidense había identificado un encuentro extraordinario de la máxima jerarquía militar precisamente en las horas en que se organizaba el operativo contra la Universidad Centroamericana.
Para los analistas estadounidenses, esa coincidencia no pasó inadvertida. El reporte de la CIA describe cómo comenzaron a movilizarse efectivos del Batallón Atlacatl.
Según la fuente protegida por la CIA, varios soldados fueron llamados por radio, recibieron uniformes nuevos y fueron concentrados en la Academia Militar antes de partir hacia la UCA.
Uno de los oficiales recorría las filas asegurando a los soldados que contaban con el respaldo del coronel Guillermo Benavides, entonces director de la Academia Militar.
Lejos de describir una reacción improvisada en medio de la ofensiva guerrillera, el documento presenta una secuencia organizada: selección de tropas, preparación logística y despliegue bajo una cadena de mando claramente definida.
Otro detalle del informe resulta especialmente revelador. Días antes del asesinato, un oficial habría participado en una misión de reconocimiento dentro de la Universidad Centroamericana creyendo que buscaban posiciones del FMLN.
Posteriormente comprendió —según el testimonio citado por la CIA— que aquel recorrido había servido para planificar la operación que culminaría con el asesinato de los sacerdotes.
De ser cierta esa versión, la hipótesis de un enfrentamiento espontáneo quedaba seriamente debilitada.
LA PREOCUPACIÓN POR EL ENCUBRIMIENTO
Mientras estos informes circulaban entre agencias estadounidenses, otro cable desclasificado registraba una preocupación diferente.
El documento del 14 de enero de 1990 señala que el gobierno de Alfredo Cristiani preparaba una explicación pública destinada a proteger al Alto Mando militar.
Según ese reporte, la nueva versión presentaría los asesinatos como consecuencia de un incidente ocurrido durante una búsqueda rutinaria realizada por el Batallón Atlacatl en la UCA, evitando que la responsabilidad alcanzara a la estructura superior de mando.
El documento también sostiene que existía preocupación porque las investigaciones internacionales y el Congreso de Estados Unidos terminaran vinculando directamente a la Fuerza Armada con la planificación del crimen.
LO QUE LOS DOCUMENTOS DESCLASIFICADOS DE LA CIA DICEN… Y LO QUE NO DICEN
Existe una diferencia fundamental entre los documentos desclasificados y muchas de las afirmaciones que durante años han circulado sobre este caso.
Hasta ahora, los documentos conocidos de la CIA no afirman que Alfredo Cristiani ordenara personalmente el asesinato de los jesuitas.
Lo que sí muestran es que la inteligencia estadounidense seguía muy de cerca las tensiones entre el gobierno civil y la cúpula militar; que identificaba indicios de una operación cuidadosamente planificada; y que observaba con preocupación los esfuerzos por limitar las responsabilidades de los altos mandos.
Con el paso de los años, la Comisión de la Verdad para El Salvador, las investigaciones judiciales en España y nueva documentación desclasificada reforzarían la conclusión de que la masacre fue una operación militar ejecutada por el Batallón Atlacatl bajo órdenes superiores.
LOS PAPELES QUE CERCABAN AL PODER
Leídos en conjunto, estos documentos permiten comprender que, mientras el discurso oficial hablaba de investigaciones imparciales, los servicios de inteligencia estadounidenses ya manejaban información sobre reuniones de altos oficiales, movimientos de tropas, preparación logística, reconocimientos previos y estrategias para contener el impacto político del crimen.
Los documentos desclasificados no responden todas las preguntas, pero sí delimitan el terreno de las responsabilidades. Ninguno de los informes conocidos atribuye de manera expresa a Alfredo Cristiani la orden de ejecutar la masacre de los jesuitas. Sin embargo, tampoco permiten reducir el análisis a la búsqueda de una orden escrita o de una instrucción verbal. En noviembre de 1989, Cristiani no era únicamente el presidente de la República: era, por mandato constitucional, el Comandante General de la Fuerza Armada, la máxima autoridad civil sobre la institución militar. Desde la óptica del derecho penal internacional, esa posición conlleva obligaciones que trascienden la autoría material de un crimen. Un jefe de Estado puede ser investigado y, si las pruebas lo acreditan, procesado no sólo por las órdenes que impartió, sino también por los crímenes que conocía —o respecto de los cuales tenía razones para conocer— y que no previno, no impidió o no sancionó. Los propios documentos desclasificados muestran la preocupación de Washington por los esfuerzos del gobierno salvadoreño para encubrir o controlar la investigación y limitar las responsabilidades del Alto Mando militar.
Si una investigación judicial llegara a establecer que, en su calidad de Comandante General de la Fuerza Armada, Alfredo Cristiani conoció, autorizó, toleró o encubrió la ejecución de la masacre y omitió deliberadamente impedirla o castigar a sus responsables, podría ser juzgado conforme a los principios del derecho penal internacional por crímenes de lesa humanidad o por crímenes de guerra, dependiendo de los hechos que se acreditaran y del marco jurídico aplicable. Esa posibilidad no sería una excepción en la historia contemporánea. Diversos jefes de Estado y de Gobierno han comparecido ante tribunales nacionales e internacionales por su presunta responsabilidad en atrocidades masivas, entre ellos Slobodan Milošević (Serbia/Yugoslavia), procesado por el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia; Charles Taylor (Liberia), condenado por el Tribunal Especial para Sierra Leona; Hissène Habré (Chad), condenado por las Salas Africanas Extraordinarias; Efraín Ríos Montt (Guatemala), juzgado por genocidio y crímenes contra la humanidad en tribunales guatemaltecos; y Omar al-Bashir (Sudán), requerido por la Corte Penal Internacional por genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. En todos esos casos, el principio que orientó las investigaciones fue el mismo: el cargo más alto del Estado no constituye un escudo frente a la justicia cuando existen indicios de responsabilidad por los crímenes más graves contra la humanidad.
Los archivos abiertos por Estados Unidos no dictan sentencias ni sustituyen el trabajo de los tribunales. Pero sí constituyen piezas documentales de enorme valor histórico que ayudan a reconstruir cómo se tomó conocimiento de uno de los episodios más oscuros de la guerra salvadoreña y recuerdan que, en una democracia fundada en el Estado de derecho, ninguna responsabilidad debe quedar fuera del alcance de la verdad ni de la justicia.
