Por Juan Trímboli*
Por resolución de Naciones Unidas, cada 22 de marzo se conmemora el Día Mundial del Agua,
con el objetivo de concientizar sobre la importancia de la conservación y desarrollo de los
recursos hídricos y contribuir al logro del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 6: agua y
saneamiento para todos de aquí a 2030.
Este tema también se relaciona directamente con la definición y alcances del Derecho Humano
al Agua, por lo que esta vez nos enfocaremos en analizar la carencia del servicio de agua
gestionado en forma segura en la mayor parte de países de América Latina y El Caribe.
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Fondo de las Naciones Unidas para la
Infancia (UNICEF), el acceso al agua sin riesgos se refiere a que este líquido vital para
consumo provenga de una fuente de agua mejorada ubicada en la vivienda o lote, disponible en
el momento en que se necesita y libre de contaminación fecal y por químicos prioritarios.
La presencia o ausencia del servicio de agua sin riesgos puede marcar la frontera entre la salud
y la enfermedad, y en casos extremos entre la vida y la muerte, principalmente en la niñez y las
personas adultas mayores; el acceso seguro al agua es vital pata la alimentación, la preparación
de alimentos, la higiene personal y en general para que las personas logren un nivel de vida
adecuado.
Para explorar la carencia del servicio de agua gestionado en forma segura, se utilizará la
información de la Comisión Económica para América Latina y El Caribe (CEPAL), que entrega
información de este indicador con una cobertura de 14 países de la región.
Un primer acercamiento trata de la proporción de población a nivel nacional que en 2024 no
tenía acceso a agua limpia, destacando México y Chile como los países con mayor y menor
carencia de servicios de agua segura, respectivamente, tal como se muestra en la siguiente
gráfica.
Estos datos revelan que en la mayoría de los países existen considerables proporciones de
población que sufren la ausencia de agua limpia, siendo más grave las carencias reportadas en
Surinam, Perú, Guatemala, República Dominicana y México, que oscilan entre el 44% y el
57%.
Cabe destacar que, según la información analizada, un poco más de una quinta parte de la
población de América Latina y El Caribe (específicamente el 21,07%), solo puede acceder a un
servicio de agua no segura, lo que sin duda plantea grandes desafíos en materia de derechos
básicos como la salud, la alimentación y vivienda adecuada.
Como es de suponerse, el servicio de agua sin riesgos presenta un comportamiento distinto en
las áreas urbanas y rurales en nuestra región. Como resultado de la revisión de los datos de
CEPAL, se ha identificado que, con la excepción de Islas Turcas y Caicos y Costa Rica, todos
los países reportan mayor carencia de agua segura en el área rural.
A nivel regional, el 46,3% de la población rural sufre deficiencia de agua segura, muy superior
al 15,5% en la zona urbana, lo que deja clara la gran brecha existente entre ambas áreas
geográficas en perjuicio de la ruralidad.
Considerando este panorama, merece la pena reiterar que los Estados, en el marco del Derecho
Humano al Agua, tienen como obligación básica con efecto inmediato el garantizar el acceso a
la cantidad esencial mínima de agua, que sea suficiente y apta para el uso personal y doméstico;
la reivindicación activa de este derecho permitirá un mayor acceso a agua limpia, requisito
fundamental para avanzar hacia la dignidad y el desarrollo humano.
Este contenido forma parte del Informe “Economía y Sociedad” N°28, elaborado por la
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* Presidente de la Fundación Ciudadana por un Consumo Responsable.
