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martes, 26 de octubre del 2021

700 procesos activos tiene el Tribunal de Ética Gubernamental

Se han incrementados los procesos contra directores de centros escolares. También contra jueces y doctores.

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El Tribunal de Ética Gubernamental (TEG), tiene  una tarea enorme desde su creación en el 2006. Es la instancia que se encarga de culturizar a los servidores públicos y a la ciudadanía en general.

Néstor Castaneda, presidente  del TEG, recordó que la institución nació a raíz de recomendaciones de la Convención  Interamericana  de la lucha contra la Corrupción, y El Salvador es suscriptor de estos tratados.

El legislador, al crear la ley, encomendó al tribunal un tarea de culturización en los temas de principios éticos, fundamentarlos y fortalecerlos para que tanto los ciudadanos como los servidores públicos, tuvieran esa base.

El ámbito de la ley del TEG es amplio, pero Castaneda admitió que las estructuras de la corrupción en el país son arcaicas, vienen de muchos años y por eso, nació el tribunal, para abordar los valores en cada institución pública.

De hecho, en cada una de las entidades hay una comisión de ética que vigila las actuaciones de los servidores públicos.

Si bien hay una buena recepción en términos generales al trabajo que llevan a cabo, siempre hay empleados públicos que no respetan la ley y , para tal fin hay procedimientos sancionatorios.

“La corrupción a causado daño en todos los programas de desarrollos sociales”, reconoció Castaneda.

Ahora bien, existen varios canales de recepción de denuncias. Por ejemplo un ciudadano puede presentarse a las oficinas y presentarla por escrito, la ley permite que pueda mantener su anonimato; también una persona puede enviar avisos a través de las redes sociales y se le da el trámite. “Casi el 90% de las denuncias entran vía aviso y anónimos, para lo cual se ha establecido un mecanismo para hacer filtros porque ya se ha presentado que la denuncia es tendenciosa, no reúne los requisitos o solo se trata de dañar la imagen del funcionario”, explicó.

Si la denuncia es contra un centro escolar, se pide al Ministerio de Educación que de un informe preliminar sobre la conducta de algún profesor que se está ausentando a sus labores; y con ese informe se evalúa se apertura a juicio o no. Si existen elementos, se emplaza al infractor que dispone de cinco días hábiles para que se defienda.

En la actualidad, tienen activos más de 700 procesos que están siendo clasificados, ya que este año entró en vigencia la Ley de Procedimientos Administrativos, un nuevo régimen que se aplica a todos los casos.

En los últimos tiempos las denuncias se han incrementado en el tema de la educación; hay muchas denuncias contra los directores porque piden a los padres de familia cuotas adicionales por ejemplo para alimentación, cuando el Ministerio de Educación proporciona un bono.

En el Órgano Judicial las denuncias son contra jueces y magistrados de Cámara y por último están las denuncias contra médicos, que tienen doble trabajo, tal como lo publicó un periódico nacional en donde, según el Tribunal de Ética Gubernamental había detectado una red de 16 médicos con múltiples plazas. El artículo 6 literal C de la Ley del TEG prohíbe tener una doble remuneración en diferentes  instituciones públicas pagados con el Presupuesto General de la Nación.

La normativa es importante porque no permite que los procesos se alarguen más de nueve meses. Antes, por acciones dilatorias de los infractores o falta de colaboración de las autoridades se alargaban los procesos y al final terminando caducando.

En cuanto a las sanciones, se propone aumentar a 40 salarios mínimos, es decir,  alrededor de $12,000. Por eso, en enero de 2018, presentaron un paquete de reformas a la Asamblea Legislativa para actualizar la normativa.

“En nuestro anteproyecto de reforma pedimos que se aumente la multa a 40 salarios mínimos y que podamos inhabilitar a los funcionarios por 5 años para participar en cargos públicos”, precisó.

Pero, algunos funcionarios que han sido sancionados por el TEG no les preocupa pagar la multa por violar principios éticos en la función de su cargos.

En enero de este año, por citar, el Tribunal de Ética Gubernamental dejó en firme la sanción contra la exprocuradora para la Defensa de los Derechos Humanos, Raquel Caballero de Guevara, por la contratación de su hijastra en la institución.

La exfuncionaria apeló, pero el TEG dejó en firme la resolución y fue sancionada a pagar $1,006.80.

Un caso que causó polémica fue la decisión que tomó el tribuna en enero de este año, cuando archivó una denuncia contra el diputado Guillermo Gallegos, del partido Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA),  Luego de dos años de estudio de una denuncia, el Tribunal de Ética decidió absolver al parlamentario de cualquier infracción ética. La resolución fue firmada el 8 de enero de 2019.

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Carlos Ramos
Periodista salvadoreño
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