Las organizaciones sociales que integran el Grupo de Trabajo por las personas desaparecidas en El Salvador reportaron que en los primeros cinco meses de 2022 han registrado cerca de 577 personas desaparecidas a causa de la violencia social que se vive en el país. Las ONG ‘S señalaron, a través de un comunicado, que la cifra de casos les fue proporcionada por la Oficina de Información y Respuesta de la Policía Nacional Civil (OIR-PNC).
Las organizaciones señalan que las desapariciones se suman a “los casos de capturas arbitrarias realizadas, que muchos tienen características de detenciones secretas, que es una modalidad de desaparición forzada, cuando las autoridades no reconocen la detención o se niega a dar información sobre la persona detenida.
“Las desapariciones forzadas son graves violaciones a derechos humanos y, pueden ser a su vez, crímenes de lesa humanidad si se cometen como parte de un plan, un ataque generalizado o sistemático dirigido a población civil”, añadieron las entidades.
Por su parte, la Fundación Cristosal reportó 40 denuncias de personas desaparecidas “por elementos de seguridad pública” hasta mayo de 2022. Asimismo, la Procuraduría para la Defensa para los Derechos Humanos (PDDH) reportaba un acumulado de 700 denuncias, de acuerdo con el Plan Nacional de Verificación del Régimen de Excepción.
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De acuerdo con las organizaciones, los casos se dan en el contexto de la medida de Régimen de Excepción impulsada por el Gobierno del presidente, Nayib Bukele, para combatir a las distintas estructuras criminales que hay en el territorio nacional. Según reportan las autoridades, bajo esta suspensión de garantías constitucionales son más de 51 mil personas detenidas.
El comunicado realizado por las distintas ONG ‘S en pro de los Derechos Humanos fue realizado en el marco del “Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas”; en el referido escrito el Grupo de Trabajo por las Personas Desaparecidas, también, señaló la situación que pasan las personas con familiares desaparecidos.
“La incertidumbre que genera esta práctica no se limita a los parientes próximos de la persona desaparecida, sino que afecta a su comunidad y al conjunto de la sociedad, precisamente porque es una estrategia diseñada para infundir silencio y terror. Este fenómeno también genera desmejoras económicas que afectan con más frecuencia a las mujeres. Asimismo, son las mujeres quiénes están, generalmente, al frente de la lucha para encontrarles y solucionar los problemas generados por las desapariciones de los integrantes de su familia. Y por ser al rostro visible pueden sufrir intimidación persecución y represalias. Y cuando las mujeres son las víctimas de desapariciones se hacen particularmente vulnerables a la violencia psicológica, física, sexual y hasta el feminicidio además de enfrentar un estigma y culpabilización alrededor de su desaparición.” señalaron las distintas organizaciones.
El Grupo de Trabajo por las Personas Desaparecidas está integrado por La Asociación Salvadoreña por los Derechos Humanos (ASDEHU), Alerta Raquel, CRISTOSAL, Fundación para el Debido Proceso (DPLF), Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA), Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (ORMUSA) y el Servicio Social Pasionista (SSPAS).
