Por Alessia Genoves
$40 millones de dólares adeudan en el pago de pensiones a veteranos y excombatientes. Ésta declaración la rindieron a la prensa sindicalistas del Instituto Administrador de Beneficios de los Veteranos y Excombatientes (Inabve). Sostienen que los saldos de la institución no podrán cubrir las necesidades económicas de 123,597 veteranos de guerra a nivel nacional en los meses de noviembre y diciembre, porque los fondos apenas “ajustan para el mes de octubre”, según lo indicó su representante, José Santos Melara.
Las autoridades de gobierno no han rendido declaraciones públicas, por lo que los sindicalistas reiteraron interponer, ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), un recurso de Habeas Corpus. “Le queremos decir al señor presidente (Nayib Bukele): Éste sector votó por él. Miles y miles de veteranos, creídos en su promesa, votó por él. Ya estamos conscientes de que no ha respondido. Pero, si no nos pagan los últimos 10 meses, la situación va a ser peor”, indicó Melara.
$100 dólares es el saldo mensual que cada uno de los veteranos estaría recibiendo desde el año 2020, según lo señaló Melara. El dato declarado ante la prensa contrasta con lo establecido en la “Ley para Regular los Beneficios y Prestaciones sociales de los veteranos, militares de la Fuerza Armada y Excombatientes del FMLN, que participaron en el Conflicto Armado Interno de El Salvador del primero de enero de 1980 al 16 de enero de 1992”. La normativa, en su artículo 5, establece que “la entrega de la pensión será mensual, y en el marco de la progresividad no podrá ser menos a $300 dólares”.
Pensiones
$300 dólares en pensiones establece el artículo 5 de la Ley de Veteranos y Excombatientes. Por tanto, el Estado debería erogar $37,079,100 para financiar la demanda de los 123,597 veteranos y excombatientes, registrados en el sistema nacional. Sin embargo, según lo asegura Melara, cada uno de los pensionados recibe un pensión de $100 dólares
$12,359,700 dólares, por tanto, estarían financiando el fondo común que competen al pago de pensiones, a favor de los beneficiarios, de forma anual. Es decir, que el Estado no ha estado erogando cerca de $24,7 millones de dólares, que competen a dicha demanda, en los últimos dos años de acuerdo con los sindicalistas. Sin embargo, Melara sostiene que el pago incompleto de los beneficios de ley implicarían al Estado en un “robo” de cerca de $80 millones de dólares, pues: “el año pasado nos robaron $40 millones. El año pasado nos robaron otros $40 millones” de dólares.
Sin embargo, las declaraciones de los veteranos responden a una interpretación de la ley. Esto es así ya que si bien el artículo 5 establece las asignaciones de pensiones de hasta $300 dólares por beneficiarios, la ley limita a que éstas entregas se den “dentro de las posibilidades financieras del Estado”. Indica, pues, que ese patrón de progresividad tendrá un límite hasta los $300 dólares, con “incremento en cada ejercicio fiscal”. Pero la ley no deja establecida la cantidad de dinero que incrementará a cada beneficiario en su pensión mensual.
“Están violentado la ley”, expresó Melara de forma categórica. “$20 millones para finalizar el año. Queremos que nuestros compas tengan su pensioncita para noviembre y diciembre”, aseguró.
$3 mil dólares, por otra parte, es el límite en el presupuesto asignado a la indemnización a la que tendían derecho los beneficiarios, en caso de que “no hayan recibido su indemnización”, según lo establece dicho artículo, en el inciso tercero. Sin embargo, la ley vuelve a limitar ésta obligación “dentro de las posibilidades financieras del Estado”.
También hay que señala que ésta indemnización no establece un plazo para la entrega de dichos beneficios; es decir, no indica si indemnización se deba aplicar de forma anual o mensual. Por tanto, algunos de los 123,597 beneficiarios no recibirían más de $3 mil dólares, en caso de que el Estado no contribuya en en las entregas asignadas en los meses de noviembre y diciembre.
Otros gastos
$293 millones de dólares definen el presupuesto anual que recibe el Inabve, según así lo establece la Ley del Presupuesto General de la Nación del año 2022. Entre otras cosas, es la institución encargada de beneficiar a los veteranos y excombatientes con entregas dinerarias y el beneficios de programas sociales. Para éste año, el instituto amplió sus ofertas, con la contratación de 61 empleados.
$145,956,211 dólares constituyen el saldo anual del gasto corriente, para el pago de beneficios a veteranos y combatientes, de acuerdo con la Ley del Presupuesto 2022. Éste saldo es superior a los $12,359,700 dólares que se estarían entregando, anualmente, a los pensionados, por más de $133 millones de dólares. Un presupuesto como tal podría abastecer las necesidades de “un poco más de mil compas”, que no están inscritos en el sistema, según lo indica Melara.
Sindicalistas como Melara responsabilizan al Ministerio de Hacienda de la no entrega de los beneficios sociales que les corresponden, pese a que la ley limita dichas entregas “a las posibilidades del Estado”, ni establece un monto que correspondería al aumento de su pensión, por cada año fiscal.
“Hemos estado pidiendo los $200 dólares de pensión que nos corresponde por derecho. Así lo dice la ley”, indicó Melara a la prensa. “Hemos estado trabajando en todas las instancias, para que no digan que no hemos agotado todas las instancias. La otra semana vamos a la Corte Suprema de Justicia a interponer un recurso de amparo, de Habeas Corpus, para hacerlos que entiendan que nos devuelvan el dinero. Es el último que vamos a hacer” manifestó.