“El fin justifica los medios”, diría Maquiavelo. Y: “Madre, poderoso caballero es don dinero”, habría dicho don Francisco de Quevedo. Estas frases de destacados pensadores antiguos, aunque parecieran sin relación alguna, lamentablemente la tienen, y siempre estarán vigentes en el quehacer de los políticos salvadoreños, mientras sigan mostrando más interés en beneficios personales que un real y noble servicio a la patria.
Como en todo, siempre hay excepciones. Porque, que hay políticos honestos, los hay. Solo que en cifra muy mínima, porque a algunos altos funcionarios, y otros aspirantes a serlo, desde su candidatura les es imposible ocultar su ambición desmedida, aun cuando expresen que su interés es “salvar al país” (¿?).
Las reiteradas experiencias sufridas por los ciudadanos honrados en este campo, han sido -y son- incontables e indignantes. Y el más significativo por abundante y más visible reparto de cuotas, se da en la Asamblea Legislativa. Lo dicho por Maquiavelo, con miras a lograr lo expresado por Quevedo, supone -casi siempre- seguras componendas entre los diputados y sus partidos políticos, dentro de un nefasto reparto de cuotas, para el consecuente beneficio de personas o grupos.
Las cuotas partidarias producen beneficios al interior de los partidos más fuertes, negociando algún beneficio, a cambio de otro equivalente; pero, lo más indignante es cuando un partido negocia votos dentro de la fórmula “me das te doy”, para poder lograr -en elecciones de segundo grado- nombramientos de uno o más funcionarios de reconocida militancia en su partido político.
Como ejemplo más fresquito por reciente y visible, según informaciones periodísticas y varias denuncias de la población, están la elección del Fiscal General de la República y la del Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, que se consideran anómalas por la militancia partidaria de ambos en ARENA y FMLN, respectivamente. Pero, independientemente de que los nombramientos sean acertados o no, seguirá la duda sobre su legalidad, sin legitimidad.
También, las tantas plazas fantasma denunciadas últimamente y el gran despilfarro en plazas inoperantes, para favorecer a parientes o a correligionarios incompetentes -en todas las fracciones legislativas- son ofensa al pueblo. Informes periodísticos recientes expresan, por ejemplo, que el Partido Demócrata Cristiano (PDC), tiene más de 82 empleados para solos 3 diputados. Si esto se confirma ¿cuál Democracia y cual sentido Cristiano, si con ello se está ofendiendo al pueblo honrado? Tremendo descaro, porque siendo evidentes las pruebas, las niegan olímpicamente, aparte de que sus argumentos resultan tan absurdos y deleznables, en sus intentos de engañar a la población.
Ideal y conveniente sería para el país, la abolición de la nefasta práctica de las cuotas partidarias en el 2020. Nunca más las cuotas partidarias, como las tantas utilizadas durante todos los gobiernos anteriores. Porque resulta denigrante y repudiable que los partidos políticos negocien bajo la mesa y sigan con la práctica de las cuotas de poder, comprometiendo, además, la conciencia de los correligionarios más humildes, Desafortunadamente, de esos casos se ha nutrido y ha estado lleno el panorama nacional. Pero, el pueblo espera que ya no.
Si los malos políticos, reflexionando siquiera por una sola vez, se convencieran de que vivir ostentosamente hoy -producto de su corrupción y enriquecimiento ilícito- será la peor herencia de desprestigio y pena moral para sus hijos, sin duda actuarían correctamente y con lealtad al pueblo. Pero, parece que no…
Urge un cambio de actitud de los políticos hacia una mayor responsabilidad ciudadana y de significación partidaria; de lo contrario, sus excesos seguirán siendo burla y total engaño contra los militantes honestos de su partido; y, sobre todo, contra todos los salvadoreños que aún confían en la naciente Democracia. Por su parte, el pueblo salvadoreño, inteligente y noble, sabrá a quien pasarle la factura.
