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sábado, 24 de julio del 2021

¿Ya viene ella? ¡Ya se fue!… (I)

Hace poco finalizó una visita a El Salvador, larga si se considera lo que normalmente ocurre en estos casos. Pero más que su duración, lo que interesa es comentar un par de “hallazgos” sobre la Policí­a Nacional Civil (PNC) incluidos en la “Declaración final de misión”, signada por la visitante: Agnes Callamard, relatora especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que estuvo acá del 25 de enero al 5 de febrero pasados.

También importa relacionarlos con los inicios de la corporación, hace ya más de dos décadas. Y aunque no sea el quid de estas lí­neas, llaman la atención las reacciones que ese documento preliminar generó en algunos cí­rculos gubernamentales y polí­ticos; el definitivo, con conclusiones y recomendaciones, ella lo presentará al Consejo de Derechos Humanos de la ONU en junio próximo.

Ella habló del complejo trabajo policial en un paí­s como este: con una “alta tasa de homicidios, crimen y violencia en general”, lo cual “se agrava aún más” si existen limitaciones presupuestarias y de acceso a recursos que dificultan ‒entre otras consecuencias negativas‒ la investigación cientí­fica del delito. Reflexión inicial: la corrupción dentro y fuera de la administración pública así­ como la evasión fiscal, en el entorno descrito por ella, son escándalos inaceptables con consecuencias fatales para quienes habitan el paí­s allá donde la situación de vulnerabilidad es extrema. Cicerón dijo: “Servirse de un cargo público para enriquecimiento personal resulta no ya inmoral, sino criminal y abominable”.

Asimismo, ella se refirió a algo que no pudo “sacárselo de la manga” y que ‒defendiendo el sentido común‒ obviamente tiene sentido: relacionado con lo anterior, le informaron que la PNC ya superó “su capacidad y se encuentra desmoralizada”; en eso tienen que ver los bajos salarios de sus agentes y su constante exposición “a situaciones difí­ciles y traumáticas”. ¡Elemental conclusión!

No faltó quien, defendiendo lo indefendible, “brincó” diciendo que todo eso no era cierto. ¿Cómo? Hablamos de la entidad que por Constitución tiene a su cargo ‒según su artí­culo 159‒ “las funciones de policí­a urbana y policí­a rural que garanticen el orden, la seguridad y la tranquilidad pública, así­ como la colaboración en el procedimiento de investigación del delito, y todo ello con apego a la ley y estricto respeto a los Derechos Humanos”.

Con tan trascendente misión, “para muestra un botón” muy preocupante de lo que ocurre. Entre las numerosas desapariciones forzadas de personas durante la posguerra, dentro de la institución policial una de sus integrantes ‒Carla Mayarí­ Ayala Palacios‒ fue ví­ctima de esta práctica criminal; ni esta ni su presunto victimario ‒Juan Josué Castillo Arévalo‒ aparecen a casi dos meses de ocurridos los hechos tras los cuales se desmanteló el Grupo de Reacción Policial, mejor conocido como GRP. ¿Encubrimiento? ¿Impunidad?

Ambos pertenecí­an a esa unidad élite que junto con el Grupo Antipandillas, igualmente de la PNC, sumaron 400 de sus miembros a 600 militares de tropas especiales que en abril del 2016 fueron enlistados en la Fuerza Especializada de Reacción El Salvador, como parte de las “medidas extraordinarias” impulsadas por el Gobierno central desde hace casi dos años y criticadas por ella ‒la relatora‒ junto con el Alto Comisionado de la ONU para los derechos humanos. Tanta “especialización”, ¿para qué?

Segunda reflexión: bien dice el refrán que “lo que mal empieza, mal acaba”. Boutros Boutros-Ghali, secretario general de la ONU en mayo de 1992, señaló que a la recién parida PNC el Gobierno incorporó “grandes cantidades de miembros de los dos antiguos cuerpos de seguridad pública”. ¿Por qué? Ante el incremento de la delincuencia, el presidente Alfredo Cristiani aseguró que no habí­a “otra solución” para combatirla y que eso no estaba explí­citamente prohibido en los acuerdos con la exguerrilla.

Ghali lo desmintió. Además, en mayo de 1994, señaló la “escasa cooperación” oficial ‒incluida de las autoridades policiales‒ con su misión de observadores en el terreno para impedir que se verificara “la incorporación […] de antiguos miembros de la Unidad Especial Antinarcotráfico y la Comisión de Investigación de Hechos Delictivos en las Divisiones Antinarcotráfico y de Investigación de Hechos Delictivos de la Policí­a Nacional Civil”.

Hay más sobre esto al escudriñar la historia inicial de la que, en algún momento, fue una prometedora corporación policial ofrecida a una sociedad que ‒después de tanto sufrir‒ aspiraba y merecí­a vivir en paz, con seguridad y justicia. Porque eso no se logró, hay que continuar “escarbando” en lo hecho hace años pues “quien siembra vientos cosecha tempestades”.

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