A quienes hemos seguido de cerca la evolución del ISSS desde su creación hasta la fecha, no nos cabe en la cabeza cómo esta institución no se preparó adecuadamente para atender a sus derechohabientes ante esta emergencia nacional y se atuvo ciegamente a las disposiciones del gobierno central, sabiendo que no existió nunca una planificación para hacerle frente.
Lamentablemente el ISSS de hoy no es aquel ISSS que reaccionó de forma inmediata y eficiente al terremoto de 1986 ante el colapso del hospital general de entonces y con sus guerreros médicos, enfermeras y el resto del personal cargaron a sus pacientes y sus camas y las instalaron en improvisadas tiendas en el estacionamiento. Ya no es aquel ISSS que era un modelo de atención y un referente nacional y las personas afiliadas a él se consideraban muy afortunadas.
Eso no está pasando ahora. Muchos médicos hemos observado con profunda preocupación y hasta indignación, cómo en los últimos días varios colegas han sido contagiados por COVID-19 y se encuentran ingresados en los hospitales Rosales y San Rafael, algunos de ellos incluso haciendo uso de las unidades de cuidados intensivos y hasta hemos lamentado el fallecimiento de uno de ellos. Algunos colegas afectados, conociendo las pésimas condiciones de atención del ISSS ante la emergencia, han suplicado que no se les maneje en sus instalaciones.
Estamos hablando de derechohabientes activos y personal de primera línea del ISSS y hay evidencia de que esta institución no les ha tratado de forma oportuna y adecuada. Parece ser que la estrategia centralista del gobierno para el manejo de los casos graves en el hospital (provisional) más grande de América Latina, no ha funcionado. Era evidente que no podía ser construido en poco tiempo, ni mucho menos contar con el personal suficiente e idóneo para la atención, lo que ha puesto tempranamente en aprietos a todo el sistema y en riesgo de muerte a muchos contagiados.
Resulta que hemos llegado al nivel en que la demanda por la epidemia es tal que los pocos hospitales improvisadamente remodelados, con un limitado número de camas de UCI para la atención, son insuficientes y el porcentaje de éxito en estas unidades tiende a ser bajo. Lo delicado es que el ISSS habiendo “aportado” 25 millones de dólares, con la promesa de que los asegurados serian atendidos en el mega hospital, nunca se preparó después de tres meses para cumplirle a la población asegurada; esto indujo a que nuestros colegas suplicaran que se los traslade a hospitales nacionales a través de otros colegas amigos.
Esto provoca estupor, porque otros colegas y otros derechohabientes no han tenido esa suerte.
Algunos han tenido que esperar hasta 12 horas para que les sea asignada una cama o en el peor de los casos, fallecer sin que se les haya brindado atención. Estos hechos hablan muy mal acerca de la tradicional autosuficiencia del Seguro Social, sostenida con los aportes de los trabajadores y sus empleadores, que siempre le garantizaron un presupuesto suficiente para manejar y gestionar los recursos para una atención de calidad a sus asegurados y beneficiarios, incluso en situaciones de epidemias y desastres naturales.
Todo lo aquí señalado incide sobre la oportunidad y la calidad de la atención a la población trabajadora de bajos ingresos y sus beneficiarios, a quienes además les cubre las incapacidades a través del régimen de riesgos profesionales. Es obvio que el ISSS ha quedado sujeto a decisiones políticas que no parten de su propia administración y que están afectando negativamente a la población que está bajo su responsabilidad. La pasividad o la incapacidad de sus autoridades y funcionarios para manejar esta situación es notoria. Se hace imperativo que el ISSS exija cambios en las estrategias implementadas, antes de que comiencen las demandas por incumplimiento de su Ley o que sus derechohabientes sigan soportando la mala atención por la que pagan incluso durante esta epidemia. En todo caso aunque se incremente a corto plazo el número de camas para casos graves en el CIFCO, sería conveniente que el ISSS tenga un plan de seguimiento que garantice a los asegurados tener una atención oportuna y de calidad en el sistema público.
(*) Médico cardiólogo intensivista
