Este martes 30 de agosto del 2022 finalicé y envié a la Corte Interamericana de Derechos Humanos el escrito exponiendo las solicitudes, los argumentos y las pruebas de la parte ofendida por los secuestros de Patricia Emilie Cuéllar Sandoval, Mauricio Cuéllar Cuéllar y Julia Orbelina Pérez, ocurridos hace cuarenta años entre la tarde del 28 y la madrugada del 29 de julio de 1982. Aparte de los esbirros que capturaron a estas víctimas, las torturaron y seguramente las asesinaron para luego ocultar sus restos humanos, nadie más las volvió a ver ni vivas ni muertas. Al mandar el documento en el plazo establecido cumplí mi deber, tras haber sido honrado por sus familiares para representarles en el litigio recién iniciado por el tribunal regional. Y no fue casualidad sino del todo deliberado el haber escogido para ello esta fecha, pues es cuando se conmemora el Día internacional de las víctimas de desapariciones forzadas.
La Organización de las Naciones Unidas resolvió, el 21 de diciembre del 2010, recordarlas pública y mundialmente cada 30 de agosto. Antes, el 18 de diciembre de 1992, adoptó la Declaración sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas y el 20 de diciembre del 2006 la respectiva convención internacional cuyo propósito es similar: evitarle a la gente el sufrimiento causado por los efectos nefastos de ese flagelo, considerado un delito contra la humanidad.
El Estado salvadoreño no ha ratificado ambos instrumentos, de suma importancia para proteger y defender la dignidad de las personas y los pueblos; tampoco lo ha hecho en el caso de la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de lesa humanidad. Ello, no obstante ser esta una de las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos formuladas en su informe sobre la situación de nuestro país, el cual fue publicado el 14 de octubre del 2021.
No faltará quien salga con la cantaleta que acostumbran recitar quienes –una de dos– o no conocen lo cruel y doloroso de lo ocurrido en nuestra comarca durante la guerra finalizada iniciando 1992 y antes de la misma, o no descartan la posibilidad de volver a echar mano de esta práctica sistemática diseñada para aterrorizar y paralizar a la población cuando decide reclamar –a los “mismos de siempre”– por los atropellos que malogran su ya de por sí maltrecha sobrevivencia.
Ante el primer escenario sugerido, habría que trabajar en el rescate de la memoria histórica y la difusión amplia –lo más amplia posible– de su conocimiento para contribuir a garantizar la no repetición de las atrocidades pasadas. Pero quién sabe si eso esté contemplado como prioridad en la agenda de, precisamente, “los mismos de siempre”. Sí, escuchó bien. He dicho dos veces “los mismos de siempre”, porque actualmente están “administrando” la cosa pública ciertos individuos y determinados grupos que más allá de algunas formas distintas –sin que sean mejores– en el fondo no se diferencian en nada de sus antecesores durante la posguerra; es más, hasta parece que salieron “corregidos” y “aumentados”. Entre otras “linduras”, ciertamente aquellos fueron corruptos y abusivos, prepotentes y nada concertadores. Nos jodieron, no hay duda; pero todo apunta a que estos nos están jodiendo y nos joderán aún más.
Al respecto hay mucha tela que cortar, pero hoy quiero cerrar este texto enfocándome en su asunto central: las desapariciones forzadas de personas. Estas continuaron tras finalizar el referido conflicto armado y continúan hasta el día de hoy. En las décadas de 1970 y 1980, se desataron por razones políticas; de 1992 en adelante, por una política sinrazón contraria al bien común: la de un Estado aparentemente distinto al de la preguerra, pero siempre aceitado con la impunidad para favorecer al “señorío” dentro del cual fraternizan los poderes oligárquico, político, militar, policial y mediático. Y en ese entorno, no sería nada extraño que anduvieran mariposeando expresiones oscuras de la criminalidad organizada. Todo eso posibilita la extensión del “mal común” entre nuestras mayorías populares que, a fuerza de “porrazos”, deberán despertar y protestar. El gran problema que se avizora en lontananza es que –para enfrentar el inevitable descontento popular organizado, activo y combativo– allá “arriba” terminen reescribiendo la terrible historia que ya sufrimos. Por de pronto, al momento de escribir estas líneas, hay una persona que no aparece después de haber sido capturada por agentes estatales a plena luz del día frente a su familia. A estas alturas, cualquier desenlace de tan aberrante y alarmante episodio no le augura nada bueno a nuestra sociedad.
