jueves, 12 de mayo del 2022
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Violencias y realidades

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Por Benjamín Cuéllar

La abogada Gladys Salgado fungió, de marzo del 2013 a diciembre del 2021, como jueza en el Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador. Inició su carrera judicial en agosto de 1995 asumiendo entonces la titularidad del Juzgado de Paz de Azacualpa, Chalatenango; en febrero del 2001 ocupó el mismo cargo pero en Panchimalco, San Salvador, al cual regresó degradada el 3 de enero del año en curso. Casi tres décadas de experiencia no contaron para evitar que se ensañaran así con ella. ¿El motivo? Simple y sencillo, pero lamentable y condenable: aplicar la normativa penal respectiva ante una demanda que el 6 de diciembre recién pasado presentó la diputada oficialista Marcela Pineda alegando, sin fundamento, haber sido difamada. La aplicadora de justicia no la admitió, resolviendo que no reunía “los requisitos establecidos en la ley”. Y se le fueron encima con todo pues, como sabemos, desde el 1 de mayo del 2021 controlan todo dentro del aparato estatal.

Tras ese nefasto antecedente, iniciando el presente mes Pineda fue protagonista de una discusión con su colega Claudia Ortiz –del partido Vamos– en una reunión de la Comisión de la Mujer y Equidad de Género, de la cual ambas forman parte. La legisladora opositora hizo referencia a la necesidad de estudiar seis reformas propuestas a la Ley especial integral para una vida libre de violencia para las mujeres, conocida como LEIV. La respuesta literal de la parlamentaria de Nuevas Ideas al planteamiento anterior, fue la siguiente: “Cuando dice que han presentado reformas e iniciativas de ley, volvemos al mismo sistema de querer reformar una ley que no sirve. La LEIV no cumple las expectativas”.

Sin embargo, apenas en octubre del 2021 la citada comisión legislativa integrada mayoritariamente por parlamentarias oficialistas, seis de nueve, promovió la realización del foro denominado “Análisis de normativas para una vida libre de violencia para las mujeres en El Salvador”. En este, Ana Elena Badilla –representante de ONU Mujeres en nuestro país– aseguró que dicha entidad había sugerido reformar diecisiete artículos de la LEIV. ¡Diecisiete!, no seis. La abogada Alba Evelyn Cortez, parte de la Iniciativa Spotligth El Salvador promovida por la Unión Europea y las Naciones Unidas, subrayó la necesidad de que algunas de las reformas a realizar apuntaran a la aplicación del contenido de la misma.

Por cierto, la diputada Pineda estuvo presente en ese evento y no desautorizó a las anteriores ponentes negando la validez de la LEIV; tampoco sus aportes en beneficio de las mujeres salvadoreñas, desde su entrada en vigencia en el 2012. Con su silencio, implícitamente estaba reconociendo que tal normativa sí sirve y lo que se debe hacer es mejorarla.

Por cierto, en el 2020 la Iniciativa Spotligth El Salvador llevó a cabo una evaluación de la misma. La politóloga Mireidis Marcano, quien dirigió ese esfuerzo, sostuvo que una ley “por sí sola, no garantiza que se hagan efectivos los derechos”. Debe entonces “acompañarse de planes de acción, monitoreo y seguimiento; por tanto, todo Estado debería de plantearse la necesidad de evaluarlas, especialmente aquellas que buscan erradicar la violencia contra las mujeres”. Ello, sobre todo cuando la enfrentan en escenarios como los de la pandemia del COVID-19. Marcano, versada en la materia y además es máster en derechos humanos, habló de evaluar no de desechar.

Otro asunto que molestó a Pineda fue que Ortiz dijera que si la fracción de Nuevas Ideas no tenía propuestas de reformas, pues que se las enviaran de Casa Presidencial. ¡Para qué! La fúrica reacción de la primera fue la siguiente: “Sabe que les está diciendo a las diputadas de la fracción que no tienen la capacidad y está disminuyendo la capacidad intelectual. Y eso es violencia diputada”.

¿Será? Pienso que no; menos contra las mujeres. Es corte parejo. Porque andan circulando un par de mensajes muy ilustrativos de cómo funcionan sus colegas hombres, integrantes del ala “bukelista”, los cuales confirman lo dicho por la diputada Ortiz.  Copio letra a letra, con todo y sus errores de forma y fondo, las palabras de Salvador Chacón: “Estamos convencidos de que las 52 reformas que enviará el Presidente a la Asamblea llevarán por el camino correcto la recuperación económica del país. Aunque no las conozco ni las he visto pero se que son buenas”. Transcribo igual el mensaje de Amílcar Ayala: “Estamos ansiosos por saber de que se tratan! Desde ya presidente tiene mi voto para ejecutar esas reformas!”.

No es violencia pues, sino la triste realidad de la bancada cian.  

PD: ¿Qué sentirán las víctimas de Carlos Hermann Bruch, su acosador sexual, al verlo figurar entre el grupo oficialista que acompañó a Marcela Pineda a presentar la demanda arriba citada?

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Benjamín Cuéllar
Salvadoreño. Fundador del Laboratorio de Investigación y Acción Social contra la Impunidad, así como de Víctimas Demandantes (VIDAS). Columnista de ContraPunto.

El contenido de este artículo no refleja necesariamente la postura de ContraPunto. Es la opinión exclusiva de su autor.

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