La resolución que recientemente emitió el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, David Morales, sobre el asesinato de Roque Dalton el 10 de mayo de 1975, en San Salvador, vuelve a poner en un relieve inmensamente palpable, el caso de la impunidad prevaleciente no sólo en el caso del intelectual, sino el de todo un universo de personas que fueron víctimas de atrocidades y arbitrariedades antes y durante la guerra civil.
El procurador Morales puso el dedo en la llega en tres principales situaciones:
– Contra Roque Dalton se cometió un delito de ejecución extrajudicial, que es imprescriptible en el marco de una grave violación a los derechos humanos. La familia ha demandado al Estado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, alegando que hay "crimen de lesa humanidad". Sin embargo, el Estado Salvadoreño, a través de la Fiscalía y su órgano de justicia, no han actuado como es debido para investigar el caso, procesar a los responsables, sancionarlos y ordenar una reparación por el crimen cometido.
– La otra situación importante es el llamado que el procurador Morales hace a los victimarios para que reconozcan el delito que cometieron, que pidan perdón a la sociedad y entreguen o/y ayuden a localizar los restos mortales de Roque Dalton para que sean entregados a la familia.
– Finalmente, el procurador envió su resolución a la CIDH, así como a otros relatores y organismos de las Naciones Unidas (ONU), para que estén vigilantes y conscientes de lo que ocurre en El Salvador, no sólo en el caso de Roque Dalton, sino en casi todos los que sufrieron tortura, asesinatos, prisiones arbitrarias, masacres y desapariciones.
Esta situación de impunidad debe tener un fin y la sociedad debe luchar contra ella, por el bien de la democracia y la reconciliación.
