El vicerrector académico de la Universidad de El Salvador (UES), Raúl Azcúnaga, instó a la población salvadoreña a respaldar las medidas de seguridad que el GOES está implementado en el país, entre ellas el Régimen de Excepción.
Las declaraciones del Vicerrector de la UES fueron brindadas luego que el Consejo Superior Universitario (CSU) se pronunciara en contra de las capturas arbitrarias durante el Régimen de Excepción, entre las cuales se incluye dos estudiantes del alma mater así como a los cinco líderes de ADES-Santa Marta.
Por su parte, el vicerrector del alma mater dijo que: “el Régimen de Excepción es la parte más visible de una política de seguridad del Estado, nunca antes los salvadoreños hemos vivido y desplazarnos con entera confianza aún en horas nocturnas, este contexto es el que no se comprende y debe analizar, un llamado a que la población manifieste el respaldo para estas medidas”.
El vicerrector académico dijo que estas medidas serán suspendidas cuando sea necesario, pero hasta el momento la población está viviendo en un país de paz. Asimismo, aclaró que tanto el rector como él no estuvo presente cuando el CSU emitió el pronunciamiento, donde pidió dejar sin efecto el Estado de Excepción, y la inmediata libertad de los líderes de Santa Marta, Cabañas.
Por otro lado, en el pronunciamiento del Consejo Superior Universitario se expresó: “ a partir de la aplicación del régimen de excepción, aprobado por al Asamblea Legislativa desde marzo del 2022 y con la pretensión manifiesta de prorrogarlo de manera indefinida; si bien es cierto, se ha experimentado una reducción significativa de los homicidios, también es de señalar que, en su aplicación, se están cometiendo detenciones arbitrarias”.
Asimismo se añadió que: “Dejar en libertad a los estudiantes de la Facultad de Ciencias Agronómicas, así como, los líderes sociales de la Comunidad Santa Marta y los integrantes de la Asociación para el Desarrollo Económico y Social (ADES) en Victoria, Cabañas. (…) Demandamos dejar sin efecto el régimen de excepción aplicando la justicia con las herramientas ordinarias que proporciona el Código Penal y el estado jurídico. Y el respeto al Estado de Derecho, garantizando el debido proceso, asegurando el respeto irrestricto de los derechos de cada personas detenida, como corresponde”.
